El Consejo de Ministros, coincidiendo con el 8M, ha aprobado una batería de medidas relacionadas con la igualdad en las que se incluye un protocolo de actuación frente al acoso sexual en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos públicos.

Como parte de las directrices del mismo, se obliga a los empleados públicos a informar de posibles casos y se aplicará también a los trabajadores de empresas subcontratadas.

Igualmente, obliga a la Administración a atender y tramitar, en su caso, las notificaciones que reciba sobre supuestos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, en el ámbito de su competencia, garantizando que sus actuaciones no desprotejan a la víctima.

Además, para actuar con celeridad se ha rebajado a diez días el plazo máximo para elaborar un informe desde la comunicación o solicitud de activación del protocolo.

Acordado la pasada semana con la mayoría de la representación sindical (CSIF, UGT y CIG), --que destacó entre sus novedades que contempla el acoso realizado a través de medios tecnológicos, informáticos o ciberacoso y que establece un amplio listado de conductas constitutivas de acoso como flirteos, insinuaciones, abrazos o besos no deseados, comentarios sexistas, despectivos o bromas vejatorias--, su entrada en vigor será en el plazo de seis meses desde su publicación en el BOE.

En ese plazo, --estiman--, los distintos ministerios y organismos públicos tendrán tiempo para adaptar el protocolo con garantías.

No obstante, tampoco ha estado exento de críticas: CCOO consideró que no protege debidamente a los trabajadores, ya que no se establecen medidas organizativas para separar a la víctima de la persona acosadora y no se modifica el régimen disciplinario para permitir sanciones graves o muy graves si decae la vía judicial, entre otras cosas.

El anuncio de la aprobación del protocolo ha coincidido con la primera vez que se ha celebrado un Consejo de Ministros Extraordinario “con medidas encaminadas a seguir avanzando en derechos e igualdad” y en un 8M, como ha destacado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

"La igualdad es transversal. Este paquete de medidas tiene concreciones y avances en derechos”, ha dicho, defendiendo otra de las medidas más significativas entre ellas como es la llamada ‘ley de Trata’, que pretende “actuar sobre todas las víctimas de trata”, protegerlas y “acompañarlas en todo momento”.

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