El Gobierno ha aprobado, en el Consejo de Ministros extraordinario por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Ley Orgánica Integral contra la Trata que quedó pendiente la pasada legislatura en su misma redacción, según han confirmado fuentes gubernamentales.

En esta ocasión, lo ha hecho a propuesta del Ministerio de Igualdad, que dirige la socialista Ana Redondo, mientras que en la pasada legislatura lo impulso la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, en lugar de la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero.

Se trata de una aprobación en primera lectura por lo que el texto tiene que pasar aún por los órganos consultivos y, además, en la rueda de prensa posterior al Consejo, Redondo ha manifestado su intención de contar con la opinión de todas las organizaciones que trabajan en este ámbito.

"Es una ley que no es punitivista, es una ley fundamentalmente centrada en la prevención, en la sensibilización y en la protección de las víctimas. Y lo que se pretende es actuar frente a todas las formas de trata, como nos exige tanto el convenio de Varsovia como el convenio de Estambul y nuestros compromisos internacionales", ha asegurado.

Asimismo, Redondo ha recordado que, con esta ley, amplían el concepto de trata a otras tratas que tienen que ver con la trata laboral, la trata sexual, la trata con objetivo matrimonial, matrimonios concertados, la trata para comercio de órganos, etcétera.

Por otro lado, Redondo ha explicado que el Consejo ha aprobado el desarrollo de la Ley del sólo sí es sí. Fuentes de su departamento han señalado que este viernes el Consejo de Ministros ha instado al ministerio de Igualdad a desarrollar el artículo 41 de esta Ley para extender las ayudas económicas a víctimas de violencia de género a las víctimas de violencia sexual.

Igualmente, la titular de Igualdad ha anunciado que se ha aprobado la renovación del protocolo de actuación frente al acoso y al abuso en el seno de la Administración General del Estado, un acuerdo alcanzado y anunciado la pasada semana.

"Me parece que esta medida da coherencia al Gobierno porque llevamos solicitando a distintos sectores, a distintos colectivos que precisamente sean proactivos, que establezcan protocolos para la defensa de las personas frente al acoso y al abuso sexual", ha apuntado.

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