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La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este miércoles, con los votos a favor del PSOE y sus socios parlamentarios y el voto en contra del PP y Vox, el dictamen de la ley de amnistía que recoge los cambios pactados por los socialistas con Junts y ERC.
Con 20 votos a favor y 17 en contra han salido adelante los cambios en la ley de aministía que han pactoa PSOE, Junts y ERC. Ahora la norma debe aprobarse en el pleno del Congreso, algo que se prevé que ocurra en un pleno extraordinario el jueves 14 de marzo.
El nuevo texto de la ley de amnistía blinda al expresidente catalán Carles Puigdemont ante el "terrorismo callejero" que investiga el Tribunal Supremo en el marco de la causa que ha abierto contra el eurodiputado de Junts por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'.
Las enmiendas transaccionales aprobadas en la comisión este jueves también pretenden amparar a los investigados de la trama rusa del 'caso Voloh' que instruye el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, cuyo juez insiste en que los contactos del independentismo con Moscú estarían auspiciados por Puigdemont y podrían constituir delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.
En concreto, modifican la proposición de ley que presentó el PSOE el pasado 13 de noviembre para enmendar el preámbulo anterior y los artículos 1, que recoge el ámbito objetivo; el 2, que detalla las exclusiones de la ley; y el 7, relativo a los efectos sobre indemnizaciones y restituciones.
La clave para las causas de 'Tsunami Democràtic' y 'Voloh' está en los cambios del artículo 2. Cabe recordar que el dictamen que Junts tumbó el pasado 30 de enero perdonaba los delitos de terrorismo siempre y cuando "de forma manifiesta y con intención directa" no hayan causado "violaciones graves de Derechos Humanos", citando expresamente los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo, que recogen el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, respectivamente.
Este extremo se mantiene, pero ahora se quita la referencia al terrorismo fijado por el Código Penal español y se queda exclusivamente con la versión de terrorismo recogida en la directiva europea de 2017, donde el umbral del delito es más alto.
Este cambio tiene lugar después de que el pasado 29 de febrero el Supremo acordara abrir causa penal contra Puigdemont por 'Tsunami Democràtic' y asegurara que no había "duda alguna" de que los hechos que se le imputan a la plataforma independentista se incardinan en el delito de terrorismo. Aquel día, el tribunal se amparó en al menos una decena de sentencias de 'terrorismo callejero' que consolida su doctrina sobre este delito.
El Supremo explicó que para acreditar el delito de 'terrorismo callejero' se exige que se ejecute alguna de las siguientes finalidades: subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Para el tribunal, las conductas analizadas en este caso encajan en dicha descripción. En Europa, sin embargo, este concepto de terrorismo se vincula más al uso de la violencia expresa.
Al inicio de la Comisión la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha pedido su suspensión para que la Mesa calificara las enmiendas pactadas y para que después los grupos tuvieran tiempo de analizarlas. Tras un receso, la Mesa ha admitido las enmiendas y el debate se ha reanudado.
Pese a los acuerdos, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha avisado de que el Código Penal "sigue en vigor" y la ley no puede cambiar las definiciones del dolo, ya que "la ley de amnistía no puede inventar otros fines de cada delito y hacerlos depender de la declaración de cada acusado".
El portavoz socialista, Francisco Aranda, ha destacado que la amnistía es una "apuesta decidida, valiente y democrática para avanzar en el reencuentro con Cataluña" y ha recomendado al PP acordar "con quien piensa diferente".
"Dedicarse a la política es tomar decisiones y no evitarlas y es solucionar problemas y no crearlos y trabajar por la convivencia y no por la discordia. Mirar al futuro y no vivir en el pasado y es acordar con quien no piensa como tú", ha incidido mientras ha recordado a los populares que el 80 % de los diputados catalanes apoyan esta ley.
Mientras, Josep Maria Pinart, de Junts, ha considerado que el acuerdo en las enmiendas transaccionales hace "evidente" que las exigencias de su formación "de tener la mejor ley posible fueron acertadas".
Pinart ha asegurado que la retirada de sus enmiendas anteriores, tanto las individuales como las transaccionales, permitirá aprobar "una amnistía integral de aplicación inmediata que no va a dejar a nadie fuera".
La portavoz de ERC, Pilar Valluguera, ha celebrado el acuerdo tras provocar Junts una prórroga en la negociación para conseguir más cambios, aunque ha dicho que el anterior texto era bueno y con él se podían haber ahorrado "alguno de los juicios y condenas" de este último mes y medio.
En todo caso, ha apostado por seguir remando por el fin común de la libertad" del pueblo catalán.
Desde Sumar, Gerardo Pisarello ha puesto todo el peso de su intervención en cargar contra el PP, empezando por sus "mentiras" en los atentados del 11M, las mismas mentiras -ha dicho- que le han convertido "en el separador por excelencia de pueblos y en una maquinaria de hacer independentistas con su nacionalismo mezquino".
Por el PNV, Mikel Legarda, que también ha retirado las enmiendas que había presentado, ha recordado la "grave crisis constitucional (en Cataluña) gestionada por todas las partes con intransigencias e impaciencias" y que dio lugar al procés, pero ahora con la ley de amnistía se da "un paso político en la buena dirección".
Un paso, que a su juicio, "no pone en riesgo el estado de derecho, ni la separación de poderes, ni la democracia, ni los derechos fundamentales, sino que coadyuva a la convivencia y la paz social".
Una reflexión que ha compartido Jon Iñarritu, de EH-Bildu, para quien este paso permitirá "desjudicializar lo que nunca debió ser judicializado".
Por Podemos, Martina Velarde ha señalado desde el grupo mixto que su partido, "sin intereses" de ningún tipo, apoya la ley, incluidos los últimos cambios pactados, porque como han defendido desde el primer día soluciona un conflicto político a través de la política.
Tras el acuerdo plasmado en las enmiendas transaccionales, finalmente firmadas por seis grupos parlamentarios y apoyadas por Podemos, el proyecto irá previsiblemente la próxima semana a pleno para su aprobación y remisión posterior al Senado.
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