La ley de amnistía podría estar aprobada definitivamente a finales de mayo o principios de junio, en plena campaña de las elecciones europeas, ya que tras su aprobación este jueves en la Comisión de Justicia la norma será ratificada por el pleno de la Cámara Baja el próximo jueves, para iniciar luego su trámite de dos meses en el Senado. Y eso tiene sus consecuencias, como que Junts ya hable de Puigdemont como su candidato al contemplar la nueva redacción de la ley los delitos de terrorismo y traición tal y como los considera Europa.

Una vez que el dictamen de la ley sea aprobado previsiblemente por 178 diputados (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, BNG y el del exdiputado socialista José Luis Ábalos), la norma entrará en el Senado para iniciar un trámite que será largo, ya que como ha anunciado el PP -con mayoría en la Cámara Alta-, intentará frenarla por considerarla inconstitucional.

Y es que después de que la Mesa del Senado haya reformado el Reglamento de esta Cámara para decidir si aplica o no el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley con el fin, precisamente, de ralentizar la amnistía, la norma tendrá una tramitación ordinaria que, como mucho, puede dilatarse dos meses.

La ley podría entrar en la Mesa del Senado para ser admitida a trámite entre el 19 y el 26 de marzo.

La nueva letrada mayor del Senado, Sara Sieira, será la encargada de firmar el nuevo informe jurídico que debe acompañar a la iniciativa para ser admitida a trámite. Y aunque Vox ha instado al PP a rechazar la entrada de la ley en la Cámara Alta, los populares no lo ven factible porque consideran que el Senado tiene la obligación de tramitarla.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha pedido un informe a los letrados para que se pronuncien sobre el recorrido legislativo que tiene que tener la ley.

La Mesa del Senado designará previsiblemente a la Comisión Constitucional como el órgano para tramitar la amnistía y fijará el plazo para registrar vetos y enmiendas parciales.

Fuentes parlamentarias del PP han señalado a EFE que la intención es que antes de que finalice el plazo de registro de enmiendas a la ley se celebre en la comisión Constitucional -presidida por el expresidente del Senado Pío García-Escudero- una serie de comparecencias de juristas y expertos constitucionales, después de que esta misma petición fuera rechazada en el Congreso.

De esta forma, tras las comparecencias se procedería a debatir y votar en el pleno del Senado las enmiendas registradas y los vetos si los hubiera.

El trámite en el Senado se producirá después de conocerse probablemente los informes que la Cámara Alta ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y a la Comisión de Venecia, y cuyos textos deberían estar listos la próxima semana.

Una vez que el pleno del Senado rechace la ley aprobando las enmiendas del PP -que podrían pedir su derogación como así ocurrió en el Congreso-, la proposición de ley volverá a la Cámara Baja, para que los socios de Pedro Sánchez vuelvan a restituir el texto original y aprueben definitivamente la norma.

De esta forma, verá la luz seis meses después de que la iniciativa fuera registrada por el PSOE bajo el trámite de urgencia.

Eso sí, tras unas duras negociaciones con Junts y ERC sobre los delitos de terrorismo y tras sortear los obstáculos puestos por el PP, con informes jurídicos de por medio y con polémicas sobre los letrados de las Cortes incluidas.

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