El Partido Popular ha registrado este lunes un escrito en el Congreso de los Diputados en el que pide la dimisión de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, a la que considera "presunta colaboradora necesaria de la estafa" del caso Koldo en su etapa como presidenta de Baleares.

El PP también ha reclamado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones sobre una presunta trama corrupta que afecta y cerca a su "partido, su Gobierno y su entorno más personal" y ha vuelto a acusar al jefe del Ejecutivo de conocer y tapar este caso.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha registrado este lunes el escrito acompañado por la dirección de su grupo parlamentario y ante la prensa ha subrayado que Armengol no puede seguir "un minuto más" como tercera autoridad del Estado tras la compra de mascarillas a la presunta trama corrupta cuando presidía Baleares.

"Los primeros días podríamos haber pensado que Armengol era víctima de una estafa, hoy sabemos que desarrolló un papel clave para que esta estafa se haya podido producir. Conocía que las mascarillas eran defectuosas y las recepcionó y pagó a una velocidad inusitada", ha señalado Tellado ante los periodistas.

Según el PP, Armengol ha pasado de posible víctima a "presunta colaboradora necesaria" porque pagó "mascarillas inservibles sabiendo que eran una estafa" y el dinero de los ciudadanos de Baleares terminó costeando "los Ferrari de los implicados en la trama".

El partido de Alberto Núñez Feijóo pide por ello la marcha de la presidenta del Congreso y también que dé la cara porque lo ocurrido "no se arregla anulando actos de su agenda pública".

Fuentes de la presidencia del Congreso han señalado a los medios de comunicación, que Francina Armengol, hará declaraciones este martes, poco antes de que se reúna la Mesa de la Cámara Baja.

A lo largo de este lunes, Armengol tiene previsto reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Henry Fabián, durante una visita institucional al Congreso.

La presidenta de la Cámara, según los organizadores, tenía previsto asistir a la inauguración del XI Foro de Economía organizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá.

Así lo ha asegurado la secretaria segunda de la Mesa, Isaura Leal, que ha señalado en la inauguración que "era su intención clara" asistir al inicio de las jornadas "pero su agenda institucional es intensa y finalmente no ha podido".

La partida de 1,5 millones de mascarillas comprada en 2020 por el Govern balear por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo, se contrató para uso exclusivo de los profesionales y las entidades sanitarias que asistían a población en la pandemia de covid-19. Así lo recoge la resolución de emergencia firmada el 4 de mayo de 2020 por el entonces director general del Ib-Salut, Juli Fuster, según ha comprobado EFE.

Esta resolución administrativa no indica que el fin de las mascarillas fuera para "uso civil" o "domiciliario", como ha asegurado este lunes en rueda de prensa el portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela. En el documento que ampara la contratación de emergencia se explica que Soluciones de Gestión había ofrecido mascarillas FFP2 y que el precio a pagar por el Ib-Salud ascendía a 3,7 millones de euros, más el pago de la aduana.

Según las mismas fuentes, la contratación debía ser por trámite de urgencia para atender las necesidades de los profesionales sanitarios y de entidades que no podían realizar su trabajo sin este material por la alta capacidad de contagio del virus de la covid-19.

Las mascarillas, según la resolución, procedían de China y para su transporte se contrató el servicio de tres compañía aéreas. Tres años y tres meses después de la firma de este documento por el máximo responsable del Ib-Salud, el 6 de julio de 2023, el subdirector de la Central de Compras y Logística de ese organismo, Antoni Mascaró, firmó la propuesta interna de resolución parcial del contrato con Soluciones de Gestión por "incumplimiento culpable del contrato" al ser las mascarillas de menor calidad que las pactadas.

Esta propuesta de resolución del Ib-Salud del 6 de julio de 2023 se firmó el mismo día que el Parlament invistió presidenta del Govern a Marga Prohens (PP), en sustitución de Francina Armengol (PSIB-PSOE).

El 24 de agosto de este año, el actual director general del Ib-Salud, Javier Ureña, firmó el inicio del procedimiento de reclamación por un total de 2,6 millones de euros: la diferencia entre el valor de las mascarillas FPP2 pagadas y las quirúrgicas recibidas, mucho más baratas. 

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha lanzado un mensaje de respaldo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, después de que el Partido Popular haya pedido formalmente su dimisión por su actuación ante la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas cuando era presidenta de Baleares. Así, ha señalado que "no tiene ningún fundamento" porque su nombre no aparece en el sumario ni en la investigación. "La señora Armengol no aparece en el sumario ni en ninguna de los documentos en las que se está trabajando en este caso" ha indicado Peña que considera que se está poniendo en duda el "buen nombre" de la expresidenta balear.

Peña ha señalado que no hay ningún artículo constitucional ni tampoco del reglamento de la Cámara Baja que diga que Armengol tenga que renunciar. Considera además que el caso "no va a tener ningún recorrido jurídico que lo avale". Por tanto ha pedido "dejar de ensuciar el nombre de personas" que a su juicio "no pintan nada" y ha seguido insistiendo en que el portavoz del PP, Miguel Tellado, debe dar explicaciones porque su nombre aparece en el sumario del caso.

En la misma línea, Peña ha defendido que "no existen mascarillas fake" al precisar que las que recibió la administración balear "no eran del tipo solicitado, pero sí eran aptas para su uso". Por ese motivo solo se reclamó la diferencia en el precio entre un tipo de mascarillas y el otro, ha alegado. Ante las críticas de que la reclamación se hizo tarde, ha reiterado que "se hizo en el tiempo legal, con la dificultad de acumulación de expedientes relativos a la pandemia".

El PSOE sostiene además que fue esa reclamación que hace el Gobierno socialista la que "preocupa a los presuntos corruptores" y por ese motivo buscan intermediarios para contactar con la actual administración presidida por la 'popular' Marga Prohens "para que se olviden de las reclamaciones".

En ese momento, según indican, es cuando aparece en el sumario el nombre de Tellado, de Jacobo Pombo y de "ese misterioso Alberto", deslizando que pudiera tratarse de Núñez Feijóo. Finalmente señalan que la reclamación fue olvidada por el gobierno popular de Baleares "Por tanto, estando clara la actuación de la administración socialista, queda saber qué papel jugaron Miguel Tellado, Jacobo Pombo y Alberto en esa mediación para que se olvidara la reclamación", ha indicado.

El Gobierno balear que presidió Francina Armengol ha confirmado que el Ministerio de Fomento que dirigía José Luis Ábalos avaló a la empresa que promocionaba Koldo García, asesor del entonces ministro, pero en todo caso defiende su actuación con el contrato de mascarillas reclamado y denuncia una "cacería" contra la ahora presidenta del Congreso. Así lo ha explicado el socialista Iago Neguerela, que fue portavoz de aquel gobierno autonómico, que dice desconocer si la recomendación de Fomento que llegó al Gobierno balear vino del propio Koldo o de otra persona. Lo que sí niega es que hubiera "presiones" del Ministerio o de su titular para contratar con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

En un encuentro informal con medios en Madrid, ha relatado que en esos meses de crisis sanitaria llegaban muchas recomendaciones de ese tipo y se enviaban a los técnicos, que eran quienes gestionaban las compras de material. Eso sí, aquel aval de Fomento dio un plus de "credibilidad" a la empresa, aunque ahora, cuatro años después y, a la vista de todo el escándalo, el Govern Armengol también se siente "engañado" y dice ser una "víctima" de esa gente que, de acuerdo con la investigación judicial, se ha podido enriquecer con esos contratos de emergencia.

Y, en todo caso, han defendido su gestión con ese contrato de 3,7 millones que se adjudicó a la empresa de la trama en abril de 2020, en plena emergencia sanitaria. Aunque pasó por el Consejo de Gobierno, el responsable socialista subraya que todo el proceso lo llevó el Instituto Balear de Salud (IBSalut) y que ni la presidenta ni los consejeros estaban al tanto de los detalles.

De hecho, aseguran que en esos primeros tres meses de pandemia autorizaron compras de material por un valor total de 90 millones, y ése era uno de tantos contratos que pasaban por la mesa del Consell. Aseguran que, desde el principio, este contrato de emergencia buscaba la adquisición de mascarillas de uso domiciliario y para tener stock, no para uso inmediato en centros sanitarios, y la controversia arranca cuando, en junio de ese año, ya ven que el material adquirido no responde a las cualidades técnicas que habían pedido.

No es lo que parece. La partida de 1,5 millones de mascarillas comprada en 2020 por el Govern balear por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo, se contrató para uso exclusivo de los profesionales y las entidades sanitarias que asistían a población en la pandemia de covid-19. Así lo recoge la resolución de emergencia firmada el 4 de mayo de 2020 por el entonces director general del Ib-Salut, Juli Fuster, según ha comprobado EFE.

Esas mascarillas no llegaron a usarse, quedaron almacenadas porque fueron adquiriendo otras mejores a cuyo uso daban prioridad. Tampoco se destruyeron porque lo desaconsejaba el gobierno central y porque les venía bien como stock para, meses después, acogerse a las fases de desescalada.

Pero con el tiempo empezaron a revisar los contratos firmados y en julio de 2022 el IBSalut ya pensaba en reclamar, en febrero de 2023 se analizó en una reunión de su dirección y al mes siguiente se comunicó a la empresa, que expresó su disconformidad. Su reclamación buscaba la devolución de 2,4 millones, la diferencia de coste entre la clase de mascarillas que habían pedido y la que les llegó.

Esa reclamación se formaliza en julio de 2023, con el Govern ya en funciones, y se comunica al nuevo Gobierno del PP en el traspaso de poderes. Los socialistas sostienen que ese expediente de reclamación debía haberse resuelto en seis meses y están convencidos de que ha decaído por inacción del Ejecutivo de la 'popular' Marga Prohens.

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