La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, cree que el ex ministro José Luis Ábalos debe asumir responsabilidades políticas y ha criticado que no haya dejado su acta de diputado.

"No se trata solo de asumir las responsabilidades penales sino que hay que asumir responsabilidades políticas", ha afirmado la ministra en una entrevista recogida por Europa Press.

Rodríguez ha mostrado su "rechazo absoluto" a la corrupción y "tolerancia cero frente a cualquier comportamiento que, más allá de sus consecuencias penales, desde luego es reprochable".

Pese a que no recae sobre Ábalos ninguna imputación ni ninguna acusación, la ministra ha subrayado la necesidad de "ser intachables en nuestros comportamientos". "Y en ocasiones, aun no teniendo responsabilidades penales, hay que asumir las consecuencias políticas", ha concluido.

La gestión de las mascarillas durante la pandemia del coronavirus continúa bajo la lupa de al menos cinco tribunales cuatro años después de que se decretara el primer estado de alarma en marzo de 2020. La Audiencia Nacional, la Fiscalía Europea, un juzgado de Las Palmas y tres de Madrid investigan presuntas comisiones irregulares para las adjudicaciones de contratos, delitos contra la Hacienda Pública por parte de empresarios y malversación o delitos contra los trabajadores por parte de la Administración.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisan que el número de investigaciones puede ser superior toda vez que algunas causas se pueden instruir bajo secreto, como hasta ahora ocurrió con el denominado 'caso Koldo', que salpica a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

La Audiencia Nacional investiga, a raíz de una querella de Anticorrupción, a siete personas por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en el marco de la contratación de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia. Entre los investigados figura el mencionado Koldo García.

Para la Fiscalía, hay indicios suficientes para concluir que existe "una organización criminal" con "conciertos previos" que se dedicó a "conseguir la adjudicación" de contratos. Los cobros habrían sido obtenidos por Koldo García "para mediar y conseguir" dichas adjudicaciones. También se habrían llevado a cabo "operaciones para ocultar estos cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las adjudicaciones irregularidades".

Según Anticorrupción, entre 2020 y 2022 Koldo pasó a ser titular de bienes cuyo valor podría alcanzar una cifra total de 1,5 millones de euros. "Estas adquisiciones se producen apenas cinco meses más tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión", añade.

El primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo. El importe alcanzó los 20 millones de euros. El segundo, firmado por 12,5 millones de euros, fue adjudicado por ADIF, ente dependiente del Ministerio de Transportes, donde Koldo "asesoraba al titular" del mismo. El tercer contrato, por 3.479.355 euros, corresponde a la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente del Ministerio del Interior.

En la investigación figuran otros cinco: cuatro con el Servicio Canario de Salud por importe total de 12,3 millones de euros y uno con el Servicio de Salud de Illes Baleares por 3,7 millones. Todos ellos han sido enviados por Anticorrupción a la Fiscalía Europea al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario.

En total, están bajo la lupa de la Audiencia Nacional ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.

Al margen, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canarias investiga la querella que ha presentado la Fiscalía Provincial contra cuatro empresarios por presuntos delitos contra la Hacienda Pública tras la venta de material sanitario durante la pandemia al Servicio Canario de Salud por un importe de 22,9 millones de euros.

Según consta en el auto, recogido por Europa Press, el Ministerio Público ha llevado el caso ante los juzgados tras una inspección de la Agencia Tributaria. Están bajo sospecha tres contratos: uno adjudicado en 2020 por 15.891.610 euros; y dos en 2021, uno por 4.230.000 euros y otro por 2.786.000 euros.

La Fiscalía de Las Palmas recalcó en un comunicado que los hechos que ahora se investigan no guardan relación con el denominado 'caso Koldo'.

Por su parte, en el Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid se investiga un presunto delito contra los trabajadores a raíz de las mascarillas "defectuosas" que habría repartido el Ministerio de Sanidad durante la gestión de Salvador Illa en la primera etapa de la pandemia del coronavirus "sin respetar el procedimiento administrativo establecido y sin verificar su idoneidad previamente".

En esta causa está pendiente que el juez tome declaración el próximo 23 de abril a siete personas en calidad de investigadas, dos de ellas excargos del Gobierno: una exdirectora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; y quien fuera subdirectora general de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación en 2020.

Los interrogatorios tendrán lugar después de que en diciembre de 2022 la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juzgado reabrir la investigación que archivó. Los magistrados de la Audiencia dieron la razón a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que presentó un recurso para que se siguieran investigando los hechos que denunció en la querella presentada en 2020 ante el Tribunal Supremo pero que finalmente acabó en el juzgado madrileño.

En otro juzgado de Instrucción de Madrid, en el número 26, se investiga una querella que presentó Vox contra varios cargos y excargos del Gobierno por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la compra de material sanitario.

Los de Santiago Abascal sostienen que entre marzo y abril de 2020 se suscribieron 56 contratos por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. Además, alude a que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de "dudosa" existencia puesto que solo se conocía una denominación social.

Desde 2022, la titular del juzgado ha interrogado a varios excargos del Gobierno. Según informaron entonces fuentes jurídicas a Europa Press, uno de ellos, el director del INGESA, Alfonso María Jiménez, negó las presuntas irregularidades denunciadas por Vox en la compra de material sanitario y aseguró, además, que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba al tanto de las contrataciones.

La Fiscalía pidió el archivo en junio de 2022 al considerar que los indicios aportados por Vox se sustentaban en "meras conjeturas". De momento la causa permanece abierta.

Además, cabe recordar que en abril de 2023 el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid envió a juicio a los empresario Luis Medina y Alberto Luceño --en el marco del denominado 'caso mascarillas'-- por presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid y falsificar documentos para la compraventa de material sanitario.

Según detalló el juez en el auto de procesamiento, ambos "urdieron un plan para obtener, con la excusa de altruismo y ayuda al Ayuntamiento, el mayor beneficio económico posible, a costa del erario municipal, consistente en la intermediación para la compra de grandes cantidades de material sanitario, de una empresa malaya".

El juez concluyó que Luceño era "el principal gestor del plan preconcebido" y que Luis Medina, hijo de la exmodelo Naty Abascal, se habría valido de "su condición de personaje público y famoso, por ser hijo del Duque de Feria".

Asimismo, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que en el Juzgado de Instrucción Número 30 de Madrid se investiga una segunda estafa de 1,25 millones de euros al Ayuntamiento de la capital por la compra de 500.000 mascarillas en marzo de 2020.

Este procedimiento se inició a raíz de una denuncia del consistorio contra el proveedor Philippe Haim Salomon --de la consultora Sinclair and Wilde--. Aunque se archivó en 2021, se reabrió en 2022 cuando la Policía Municipal encontró nuevos indicios.

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