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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advierte en un informe de que el contrato de la trama Koldo con el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) infringió la ley porque se ejecutó antes de formalizarse.
Así consta en un informe elaborado en septiembre donde se desarrolla el requerimiento practicado en julio al IbSalut para que aportara toda la información disponible sobre el suministro de mascarillas con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, por valor de 3,7 millones de euros.
Los agentes de la Guardia Civil se personaron en la sede del IbSalut en Palma el 19 de julio de 2022, y fueron atendidos por el que entonces era el director de Gestión y Presupuestos, Manuel Palomino.
Tras analizar la documentación, la unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción resalta el hecho de que no se localizó ningún documento que reflejara los contactos previos con la empresa para concretar los contratos: "Tampoco se ha localizado ningún contrato o acuerdo firmado entre las partes en el que se concreten los términos de desarrollo del servicio ni se nombre a los responsables".
En este sentido, la Guardia Civil "desconoce de qué manera y qué personas físicas son las que gestaron los acuerdos" y cómo se concretaron las cantidades de mascarillas y el importe por unidad.
De hecho, el expediente sí mencionaba que fue la empresa quien se puso en contacto con el IbSalut para "avisar de que tenían un avión repleto de mascarillas FFP2", pero en la documentación entregada a la Guardia Civil no se incluye "comunicación alguna entre las partes".
Al respecto, cabe señalar que, este jueves, el actual director del IbSalut, Javier Ureña, precisó que consta un correo electrónico enviado por el titular de la empresa, Íñigo Rotaeche --uno de los investigados-- a una dirección corporativa y otra personal de Manuel Palomino. De las alegaciones de la empresa el pasado noviembre se desprende que hubo una conversación telefónica anterior.
Pero, sobre todo, la UCO considera llamativo que el contrato se ejecutó antes de declararse la tramitación de emergencia, que se hizo en mayo cuando ya se habían recibido las mascarillas unos días antes.
El informe considera esto "indiciario de que la adjudicación estaría pre-concedida, cosa que no estaría permitida en la contratación pública, ni siquiera en la tramitación de emergencia".
La unidad reconoce que la tramitación de emergencia flexibiliza los requisitos y permite prescindir del trámite de formalización "en un primer momento", pero considera que no ampararía actuar sin "realizar el más mínimo trámite antes de iniciar la actividad contratada". Además, tampoco excluye que posteriormente se pueda formalizar por escrito el contrato publicando los detalles.
Este jueves Ureña expuso la cronología del expediente y aclaró que, al parecer, el cargamento iba originalmente destinado a otra administración, que por razones que se desconocen no se las quedó.
Así, Ureña lanzó que "cuando ofrecen el cargamento del avión, o está saliendo o está ya en el aire, porque llega en horas a Baleares vía Madrid": el correo electrónico a Palomino es del día 25 de abril, con el asunto 'Contenido avión 26\/04\/2020 KN95', y las mascarillas pasaron la aduana en Palma el 27.
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