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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la epidemia de Covid-19, ha acordado la puesta en libertad de Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos; de su hermano Joseba García; del presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama; y del empresario vasco Íñigo Rotaeche.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 ha acordado dejarles en libertad después de que la Fiscalía Anticorrupción no haya solicitado prisión para ninguno de ellos y toda vez que los cuatro se han acogido a su derecho a no declarar.
Con todo, el magistrado ha acordado medidas cautelares tanto para el exasesor de Ábalos como para De Aldama, que deberán presentarse en el juzgado cada 15 días. El instructor también ha fijado la prohibición de salir del territorio nacional y les ha retirado el pasaporte. Por su parte, para Iñigo Rotaeche acuerda la prohibición de salir del territorio y la retirada del pasaporte; en cambio, Joseba García es puesto en libertad sin medidas cautelares.
Tras la decisión del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, los cuatro detenidos han abandonado juntos las dependencias de la Audiencia Nacional y ninguno de ellos ha realizado declaraciones a los medios que se concentraban a su salida.
Los agentes pusieron a disposición del magistrado finalmente a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias con la presidenta del Congreso, Armengol y el ministro hoy de Política Territorial, Ángel Torres, que comandaban ambas en la época en la que ocurrieron los hechos.
Cabe recordar que este miércoles agentes de la Guardia Civil tomaron declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación sobre las presuntas mordidas.
La toma de declaración también afectó a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas.
Fuentes del Ministerio del Interior reaccionaron a la información señalando que "no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto".
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y en la que participan Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado desde este martes a la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas.
Estas detenciones practicadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en distintas provincias de la geografía española han venido acompañadas por alrededor de 26 registros domiciliarios. Las fuentes consultadas indican que los mismos se han extendido hasta las 04.00 horas de la madrugada del miércoles y que, en alguno de esos registros, los agentes se han encontrado con cajas fuertes vacías.
La investigación judicial por la que ha sido detenido Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, investiga presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
Estas fuentes señalan que el montante de los contratos de estas administraciones públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.
En el caso del Ministerio del Interior fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3.479.355 euros. Estos contratos habían sido requeridos previamente por los investigadores, según explica el citado medio, y se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia.
En este contexto, la Guardia Civil también reclamó al Ministerio de Transportes documentación en el marco de la investigación por las presuntas mordidas, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.
En todo caso, las fuentes consultadas por Europa Press aseveran que la operación sigue abierta y que por tanto no es descartable que en las próximas horas tengan lugar más detenciones en el marco de esta causa que permanece secreta.
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