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Agentes de la Guardia Civil han tomado declaración como testigo este miércoles al secretario de Estado de Seguridad y 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación sobre presuntas mordidas de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos.
La toma de declaración también ha afectado a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas, Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, cuyo dueño, José Ángel Escolar, ha sido arrestado.
Rafael Pérez fue la persona que firmó los contratos de Interior con Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, pero no figura entre los querellados. Fuentes del ministerio han reaccionado a la información señalando que "no se pronuncian sobre un procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional y que tiene carácter de secreto".
La investigación de la Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado desde la pasada madrugada a la detención de 14 personas, dentro de unas diligencias de investigación por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas.
La investigación judicial por la que ha sido detenido Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, investiga presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de covid19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias, según han informado fuentes de la investigación.
Estas fuentes señalan que el montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores. En el caso del Ministerio del Interior fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y apoyo a la empresa por un valor de 3.479.355 euros.
Estos contratos habían sido requeridos previamente por los investigadores, según explica el citado medio, y se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia. En este contexto, la Guardia Civil también ha reclamado esta tarde al Ministerio de Transportes documentación en el marco de la investigación por las presuntas mordidas.
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