Así se gestó la operación que ha terminado con la detención de Koldo García, mano derecha de Ábalos

Una denuncia del Partido Popular está en el origen de la detención de Koldo García Izaguirre, exasesor y mano derecha del exministro Transportes, José Luis Ábalos. Alfonso Serrano, secretario del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid en marzo de 2022 trasladaba a la Fiscalía Anticorrupción las sospechas hacia Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa al pasar de una cifra de negocios de cero euros en 2019 a los 53,13 millones que obtuvo en 2020, lo que relacionó con tres contratos tramitados por el procedimiento de urgencia para material contra el Covid.

La investigación de estos hechos ha estallado hoy al conocerse la detención, entre otros, de Koldo García Izaguirre, su mujer, un hermano y el presidente del Zamora C. F., Víctor Aldama, al que fuentes de la investigación vinculan con la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa.

Las diligencias practicadas por orden de la Audiencia Nacional afectan a varias provincias españolas y guardan relación con presuntos hechos delictivos asociados a delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, relativos a la adjudicación de diferentes contratos por valor de 53 millones de varias administraciones, entre ellas los ministerios de Transportes e Interior, así como las comunidades autónomas de Baleares y Canarias.

En marzo de 2022, los populares solicitaron a la Fiscalía Anticorrupción investigar al Gobierno por estos tres contratos relacionados con el exministro Ábalos y otra decena de adjudicaciones sospechosas durante la pandemia por 326 millones de euros, según la denuncia consultada por Europa Press.

En concreto, la documentación exponía el caso de varios contratos vinculados al Ministerio de Transportes en la época en la que estaba al frente el exministro Ábalos, señalando a la citada empresa por "pasar de facturar cero millones de euros a 53 millones gracias a los contratos del ministerio de Fomento y otros organismos".

En concreto, se mencionaba un primer contrato de suministro de mascarilla profilácticas a efectos de prevención del Covid, adjudicado por Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Se adjudicó el 21 de marzo de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. por un valor de 24.200.000 euros, IVA incluido, según consta en la denuncia. El contrato se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia, por el que no se solicitaron ofertas, procediendo a la adjudicación a la empresa de forma directa.

Otro de los contratos, de 27 de marzo de 2020, se adjudicó a la referida empresa para el suministro de 5.000.000 de mascarillas FFP2, por un valor de 12.500.000 euros, con el mismo procedimiento de adjudicación directa.

Respecto a estos contratos, el PP exponía que la compañía adjudicataria, con sede en Zaragoza, "ofrece servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales principalmente de energía, agua e infraestructuras agrícolas, y opera principalmente en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez".

"No obstante, según Vozpópuli, la empresa lleva sin comunicar ningún proyecto desde la construcción de una central eléctrica en Angola en 2017", subrayaban los populares.

Por lo tanto, agregaba el texto judicial, "no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato, ni que tampoco pudiera tener actividad relevante en China, para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado".

"El importe de la cifra de negocio de la empresa Soluciones de Gestión fue de 0 euros en 2019, frente a los 53,13 millones que obtuvo en 2020, como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas por el COVID-192, recogía.

Asimismo, el texto señala que "no consta que hubiese una comprobación, tal y como determina el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas, de la correlación del objeto social de la empresa con el del contrato, o su solvencia económica, a la hora de comprobar la idoneidad de la empresa para ser adjudicatario, sin que se haya justificado de forma expresa su no necesidad".

El PP recalcaba que a pesar del contexto de aquella época se tendría que haber justificado la concurrencia de "elementos tales como la presencia acreditada en los países productores de los suministros, de forma que hubiera podido acceder con rapidez a dichos mercados".

"Es decir, un importador de productos chinos, por ejemplo, aunque no fueran suministros sanitarios, podría haber sido una vía adecuada, dadas las circunstancias, para cumplir correctamente el contrato si las prescripciones técnicas eran suficientemente claras".

"Ahora bien, no es éste el caso en el que nos encontramos, puesto que la empresa analizada no tenía vínculo conocido alguno o mínimamente relevante con China que le hiciera apta para poder ser un suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado. En consecuencia, y aun teniendo en consideración las especiales circunstancias y la urgencia debida a la COVID 19, no hay apariencia alguna de idoneidad y solvencia por parte del contratista que justifique su elección en la contratación examinada", recogía.

Agrega incluso que a fecha 2 de marzo de 2022, "no constaba publicada en el Portal de la Contratación la documentación de ambos contratos, tan solo el anuncio de formalización".

Seguidamente, el PP denunciaba que "la empresa Soluciones de Gestión, en el plazo de 7 días resultaba adjudicataria de dos contratos, por un valor superior a los 36 millones de euros para adquirir material sanitario".

Finalmente, expone el tercer contrato relacionado con esta empresa adjudicado el 20 de abril de 2020 para la Adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, por un valor de 3.479.355 euros.

El PP mencionaba en la denuncia que, según diversas informaciones, este proveedor por parte del departamento dirigido por el ministro Fernando Grande-Marlaska "se debía a la mediación del Ministerio de Transportes".

"Por lo tanto, puede cobrar más fuerza la idea de la existencia de algún tipo de interés personal por parte de algún responsable del Ministerio de Transportes en promocionar las compras de material sanitario a la ya citada empresa", recalcaba.

"De hecho, resulta llamativo, al menos, que una pequeña empresa ajena a la actividad sanitaria, sin relaciones conocidas, a priori en China, y sin ingresos durante el ejercicio anterior, resultase, tras su contratación por el Ministerio de Transportes, dirigido por el Sr. Ábalos, beneficiaria de la adjudicación de cuatro contratos por parte del Servicio Canario de Salud, y otros dos contratos por el Servicio de Salud de Baleares, ambas instituciones bajo dirección de gobiernos socialistas, sin relación conocida previa de la empresa como proveedor con tales servicios sanitarios", concluye.

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