El ministro Fernando Grande-Marlaska vuelve a estar en el ojo del huracán después del asesinato de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, Cádiz. Critican el abandono de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin medios suficientes para luchar contra el narcotráfico en la zona tras reducir los efectivos y desmantelar el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCONSur)

Desde que fuese nombrado con la cartera del Ministerio del Interior en 2018 el bilbaíno ha sido protagonista de varias polémicas y el foco de las críticas. Las crisis de Marlaska le han puesto en la cuerda floja en numerosas ocasiones, la tragedia de la valla de Melilla, la destitución del coronel Pérez de los Cobos, la expulsión ilegal de menores no acompañados, el hacinamiento de migrantes en Barajas y, ahora, el suceso en Barbate. 

Pese a todas las polémicas, Marlaska sigue siendo uno de los hombres fuertes del presidente del Gobierno.

El coronel Pérez de los Cobos, conocido por su actuación en el procés y el referéndum del 1-O, fue cesado en mayo de 2020 después de que miembros de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid entregaran un informe a la jueza que llevaba el caso de la manifestación del 8M y su posible influencia en la expansión del covid-19.

En un primer momento el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuyó el cese del coronel de la Guardia Civil a razones de organización internas y lo desvinculó de ese informe si bien posteriormente matizó que respondía a la filtración de este a los medios

Marlaska tuvo que acatar el fallo y restituir al coronel Pérez de los Cobos después de que en marzo de 2023 el Supremo estimase el recurso de Pérez de los Cobos contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que confirmó su cese, acordado por el Ministerio del Interior en mayo de 2020.

En el verano de 2021 se procedió a la devolución de menores migrantes a Marruecos desde Ceuta tras la avalancha que se produjo los el 17 y 18 de mayo, una actuación que fue ilegal según confirmó el Tribunal Superior posteriormente ya que consideraron que las autoridades españolas no actuaron de acuerdo con la Ley de Extranjería e incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Así el TS ratificó una segunda condena a la Delegación del Gobierno en Ceuta para que tomase las medidas necesarias para conseguir el retorno de otros 12 menores que fueron repatriados a Marruecos en agosto de 2021 desde la ciudad de autónoma de manera ilegal.

Por su parte, Fernando Grande-Marlaska aseguró que el Ministerio del Interior no tuvo “ninguna intervención” en la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos 

“Yo no tengo ningún inconveniente en corresponsabilizarme como miembro de la Administración General del Estado, pero vuelvo a decir, lean la sentencia, lean otras sentencias, y entonces se dice que el Ministerio del Interior, por cuestión simplemente competencial, no tuvo ninguna intervención y les diré que quién y dónde recae la tutela de los menores y quién dispone en ese respecto” defendió Marlaska en el Pleno del Senado. 

El 24 de junio de 2022 en la valla de Melilla murieron entre 23 y 37 personas después de que alrededor de 2.000 migrantes y refugiados subsaharianos intentaron entrar ilegalmente en España desde Marruecos. 

La Delegación del Gobierno de Melilla informó de que un grupo de unos 500 subsaharianos "perfectamente organizado y violento" forzó el paso fronterizo del Barrio Chino. En el cercano monte Gurugú había 2.000 migrantes y, finalmente, lograron acceder a la ciudad española 133.

Disputa de cifras sobre las víctimas, según las fuentes oficiales marroquíes el balance fue de 23 inmigrantes y 2 gendarmes muertos y otros 76 inmigrantes y 140 gendarmes heridos. En cambio, algunas ONG llegaron a elevar la cifra de migrantes fallecidos hasta 37 exigieron investigaciones contra la desproporcionada brutalidad policial ejercida. 

En diciembre de 2023 y durante varios meses las salas de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas se saturaron tras las llegadas masivas de los llamados ‘vuelos patera’. 

Ante la “incapacidad” de los mandos de los puestos fronterizos de la Policía en el aeropuerto para abordar el problema los sindicatos policiales denunciaron en varias ocasiones este el colapso e insalubridad en las salas destinadas a solicitantes de asilo de Barajas. Se contabilizaron numerosas fugas desde las instalaciones mientras tramitaban su petición de protección internacional y "riesgos para la seguridad aérea" por acceder a las pistas.

Finalmente dos meses después el Gobierno impuso la exigencia de un visado de tránsito a los viajeros con pasaporte keniano y también para los senegaleses que quieran hacer escala en España, una medida que ha alivió la saturación de solicitantes de asilo en Barajas.

El asesinato el pasado viernes 9 de febrero de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha a la que intentaban interceptar en puerto de Barbate, Cádiz, ha puesto en evidencia los escasos recursos con los que cuentan los cuerpos del Estado en la zona para luchar contra el narcotráfico. 

Desde el desmantelamiento del Grupo antinarco OCON-sur, una unidad de élite de la Guardia Civil, en 2022 han sido numerosas la veces en las que los agentes han denunciado el abandono y la falta de medios para combatir el narcotráfico. 

Existe un gran desnivel a favor de las organizaciones criminales que campan a sus anchas afirman los expertos. 

Los familiares de los guardias muertos se quejan de que expusieron la vida de los fallecidos, “les ordenaron salir con una lancha de 6 metros”

"A mi hijo lo montaron en un flotador, prácticamente era un flotador contra una narcolancha”, explicaba rota la madre de Miguel Ángel, uno de los guardias civiles que fueron arrollados. 

Un día después de las muertes, Fernando Grande-Marlaska anunció un incremento de medios materiales y humanos para la lucha contra el narcotráfico.

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