La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha asegurado que el deseo del Ejecutivo es que la ampliación de los permisos por nacimiento, tanto de maternidad como de paternidad, de 16 a 20 semanas esté implantado "cuanto antes", dentro de la Ley de Familias que llevarán al Consejo de Ministros en este mes de febrero. Se trata de una promesa que hizo Pedro Sánchez el pasado junio en caso de repetir Gobierno.

"Creo que es un anhelo compartido del Gobierno y de la sociedad que el permiso esté implementado cuanto antes. Habrá que ver la mejor manera, habrá que ver, en términos presupuestarios lo que implica y, desde luego insisto, se acordará y se negociará la mejor manera que pueda hacerse con la mayor celeridad porque entiendo y comparto que es una demanda social yo creo que prioritaria", ha manifestado Rosa Martínez en una entrevista concedida a Europa Press.

Por ello, ha explicado que, para acelerar su tramitación, llevarán al Consejo de Ministros "el mismo texto" de la Ley de Familias que llegó al Congreso de los Diputados la legislatura pasada -pero cuya tramitación quedó interrumpida por el adelanto electoral-. Si no, deberían iniciar otra vez los trámites, pedir los informes preceptivos y se retrasaría.

Martínez ha señalado que será en dicha negociación parlamentaria donde habrá "margen para mejorar e incorporar" aspectos como la ampliación de la baja por maternidad o el permiso parental de ocho semanas remunerado, al menos en cuatro semanas, hasta que el hijo cumpla 8 años.

Sobre el enfado que provocó la ley entre las familias numerosas la pasada legislatura, que consideraban que el texto borraba su nombre al incluirlo en la categoría de 'familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza', Martínez ha insistido en que el texto es "exactamente el mismo" pero ha puntualizado que se van a "sentar con todos los colectivos".

En este sentido, ha dicho que esperan encontrar "puntos de encuentro" para lograr el apoyo de todos los grupos parlamentarios y ha pedido al Partido Popular que deje este tema "fuera de la disputa política". También ha apuntado que escucharán las propuestas de otros partidos como Podemos, que plantea aumentar a 200 euros la prestación por crianza y remunerar al 100% el permiso de 8 semanas.

"La ampliación de los permisos de maternidad y los permisos parentales creo que es una medida que avanza en la conciliación, en que las familias puedan pasar más tiempo con sus hijos y con sus hijas y creemos que son cuestiones de sentido común muy esperadas y demandadas por la sociedad que no se entendería que se votase en contra y esto una apelación clarísima al Partido Popular, que cuestiones de este calado que, insisto, cuentan con mucho apoyo queden fuera de la disputa y de la lucha política", ha manifestado.

Al mismo tiempo, ha asegurado que les gustaría retomar el proyecto de Ley de Servicios Sociales -que establece un mínimo común de servicios básicos y recoge la movilidad- aunque son "conscientes de que despierta ciertos recelos" por parte de algunas comunidades autónomas, por lo que ha indicado que el texto está redactado "con absoluto respeto de las competencias".

Por otro lado, ha avanzado que están "estudiando" la reforma de la Ley de Dependencia, de la cual darán "detalles próximamente", y que estará centrada en "apoyar el cambio de modelo de cuidados".

"Eso supone, por ejemplo, incrementar la intensidad de las prestaciones, que puedan ser compatibles, generar un plan de cuidados un poquito más personalizado y creo que eso implica ciertas modificaciones de la ley que ya va para casi 20 años; y adecuar la prestación, la definición, qué se incluye, qué no se incluye", ha concretado.

Para el Ministerio, según ha puntualizado, esta es una "prioridad" ya que "cada vez hay una mayor demanda de cuidados de larga duración y durante más tiempo". En este sentido, ha recordado el compromiso de aumentar la financiación hasta el 50%, al mismo nivel que las comunidades autónomas.

Sobre el limbo de la dependencia (las más de 150.000 personas con derecho reconocido a prestación que no la reciben) y por el hecho de que la teleasistencia no llegue aún a todos (según datos del IMSERSO, 427.000 personas frente a los 1,5 millones con derecho a prestación), la secretaria de Estado lo ha achacado al "problema demográfico".

"Actualmente, en el sistema de dependencia hay un problema que es común a todas las comunidades autónomas y yo diría común a toda Europa, y es que entran más solicitudes de prestaciones que las que el sistema es capaz de dar", ha advertido.

Por ello, ha insistido en la necesidad de financiación y de retocar la ley. Entre otras modificaciones, también ha apuntado que estará la teleasistencia para todas las personas dependientes y "la cuestión del asistente personal", demandada por los colectivos con discapacidad.

Preguntada por si se regulará la figura del asistente sexual, un debate que se puso sobre la mesa a raíz del discurso del actor Telmo Irureta al recoger el Goya a Mejor actor revelación, hace un año, Martínez lo ha descartado ya que, según ha señalado, se atendrán al acuerdo de 2021 en Consejo Territorial.

Por otra parte, ha advertido del "problema" de "la necesidad de personal" en el sector de la dependencia y ha anunciado que convocarán "una mesa de diálogo social a lo largo de primavera" con los ministerios implicados, las CCAA y los agentes sociales para trabajar en la "dignificación" de las condiciones laborales de las trabajadoras y la mejora de su cualificación y formación.

"No puede haber cambio de modelo de cuidados si no hay una dignificación de las condiciones laborales de las cuidadoras", ha abundado Martínez. "Hoy en día muchas están prestando estos cuidados en el ámbito informal, cómo hacer que mediante el reconocimiento de esas cualificaciones y su formación pasen al sistema formal, mejorando sus condiciones, su perspectiva de carrera profesional. Y, en definitiva, cómo hacer el trabajo en el sector atractivo", ha resumido.

Sobre el acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios acordado por las CCAA en Consejo Territorial del SAAD en junio de 2022 -que incluye el incremento de las ratios o que las residencias sean más pequeñas-, la secretaria de Estado ha insistido en que el objetivo es un "cambio de modelo". "Todos vimos en la pandemia que la manera en la que estábamos cuidando de las personas mayores no era la que a nosotros nos gustaría que nos cuidasen", ha apuntado.

Por otro lado, sobre el nuevo sistema de tarjetas monedero que sustituirá a partir del próximo mes de abril a las cestas de alimentos y que prevé llegar a 70.000 familias vulnerables, Martínez ha precisado que aún no está cerrado el listado de supermercados y que el sistema de selección en caja será "muy sencillo", a través de un software que indicará qué productos se pueden pagar con la tarjeta.

En cuanto a las quejas de la Federación Estatal de Bancos de Alimentos (FESBAL), ha asegurado que "la acción del banco de alimentos no está en peligro" porque seguirá recibiendo fondos del 0,7% y de sus campañas de recogida, y porque este programa suponía "el 28%" de su actividad total, "una cantidad razonable".

Por otra parte, sobre la estrategia de sinhogarismo, Martínez ha abogado por "superar el modelo de albergues" apostando por el modelo 'Housing First'. "Lo primero es darles una casa", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que espera que pueda haber una partida presupuestaria que permita lanzar la acción porque "es algo relativamente asequible".

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