El gobierno ha logrado, 'in extremis', sacar adelante dos de sus decretos. Entre ellos, el llamado decreto 'ómnibus', del que dependían las ayudas europeas, que ha sido convalidado con la abstención de Junts. La bancada del Gobierno de coalición celebraba el triunfo. Mientras, los diputados de Junts no daban ninguna muestra de satisfacción, pese a que habían conseguido sus objetivos.

La celebración del Ejecutivo, ya con Pedro Sánchez en el Hemiciclo, se repetía, tras aprobarse el decreto anticrisis, en una votación que ha tenido que repetirse, después de producirse un empate en la primera.

El propio nombre de los tres decretos da idea de la variedad de sus contenidos, especialmente en el caso del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, el conocido como "decreto ómnibus".

Es el nombre que reciben aquellas iniciativas parlamentarias que, en una única tramitación, incluyen la modificación de varias leyes.

En este caso afecta a cuatro leyes, cuya reforma, necesaria para acceder al siguiente tramo de ayudas europeas (10.000 millones de euros), quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones.

Se trata de la de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, de la Función Pública de la Administración del Estado, de Modificación de la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

En el caso del decreto de Justicia denominado 'ómnibus' ha sido convalidado con los mismos 172 votos a favor y 171 en contra y se tramitará también como proyecto de ley. Los diputados de Junts no han querido votarlo.

El acuerdo pactado entre el PSOE y Junts contempla la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que a su juicio haría peligrar la amnistía y publicar las balanzas fiscales a cambio de no votar los tres primeros decretos ley del Gobierno.

El paquete de medidas incluye también la publicación "inmediata" de las balanzas fiscales y el compromiso de reformar, vía Consejo de Ministros, la ley de Sociedades de Capital para revertir el decreto que aprobó en 2017 el Gobierno del PP "y que las empresas puedan volver a Cataluña".

Recoge asimismo rebajar al 0 % el IVA del aceite, un aumento de los recursos para la digitalización de la administración de justicia hasta los 6,2 millones de euros; que el Estado asuma la totalidad del coste del descuento en el transporte público, y que se reconozcan "los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local".

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