La cesión de inmigración a Cataluña, ¿constitucional?: la letra pequeña, vital, mientras el resto de CCAA pide explicaciones

El acuerdo alcanzado con Junts sobre el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña está siendo uno de los temas más controvertidos en este día de resaca parlamentaria.

El Gobierno defiende que se desarrollará por medio de una ley orgánica que deberá contar en el Congreso con el apoyo del bloque de la investidura. Y desde el Govern de la Generalitat recuerdan que es Esquerra y no Junts el responsable de la gestión migratoria.

La propia Generalitat catalana, gobernada por ERC, ha pedido al Gobierno conocer "la letra pequeña" del traspaso de competencias en materia de inmigración porque "solo hay unos compromisos difusos, no hay concreción ni letra pequeña".

En cualquier caso, el Govern considera "muy relevante" el acuerdo, aunque no lo haya negociado con el Ejecutivo. "Simplemente, bienvenidos a la negociación. Si somos capaces de hacerlo bien, podemos conseguir competencias importantes para la ciudadanía", ha dicho la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà.

Por su parte, el PNV ha pedido recibir ya este traspaso también. "La competencia de Migración está contemplada en el Estatuto de Autonomía y es una las materias que debe ser cumplimentada para con Euskadi", dice viendo cómo Puigdemont y sus 7 diputados logran acuerdos in extremis de impacto.

Como siempre en los pactos del Gobierno con Junts, a los anuncios y acuerdos in extremis se suceden matices e interpretaciones diversas. En este caso en el acuerdo sobre el inmigración y su traspaso ahora se remite a la letra pequeña. Un acuerdo con una letra pequeña por definir, según reconoce el propio Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y uno de los artífices del acuerdo, que dice que "ahora toca trabajar en una ley orgánica y en el Parlamento para establecer los detalles de qué competencias asumen".

Así que aún, pese a firmar un acuerdo y anunciarlo en un comunicado, no lo saben. El Gobierno defiende que ha pactado eso: desarrollar una ley en la que se definirá exactamente qué se concede. No es lo que opina Junts, que evidentemente pretende y vende como tal una cesión total: control de residencia, flujos migratorios, financiación... una gestión integral.

Y claro, este logro no alegra precisamente a ERC, otro de los socios, que ha dejado claro que quien ostenta el gobierno catalán es Esquerra, que alerta sobre abrazar discursos de extrema derecha en referencia a... Junts, nada menos.

En el día después el Gobierno empieza a rebajar expectativas. Ángel Victor Torres, nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha tenido que salir al paso de inmediato ante la reacción furibunda del resto de CCAA: "No es una transferencia es una delegación y como hoy se ha expuesto exige una mayoría suficiente". No solo eso. Queda la parte legal: El Constitucional ya determinó en la sentencia del Estatut que se pueden delegar algunas materias competenciales, pero no todas. "Es evidente que la inmigración es una materia que ha sido reservada con carácter exclusivo al Estado", señaló el Tribunal Constitucional en la sentencia 31/2010 sobre el Estatut de Autonomía de Cataluña.

En ella se explica que "admitiendo que la Generalitat pueda tener muchas competencias que se proyecten sobre los inmigrantes, tales como sanidad, educación o vivienda, y que incluso quepa especificar que esas competencias se ejercerán al servicio de la integración de los inmigrantes, pero nunca la asunción de competencias formalmente referidas a la materia de inmigración, que es de la exclusiva titularidad del Estado".

También la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que el pacto alcanzado con Junts "tiene que materializarse a través de una ley orgánica" en el Parlamento. "Tendremos ocasión de discutir el alcance al que puede llegar esta delegación de competencias", ha señalado, y ha recalcado que lo pactado no es tanto una "transferencia de la titularidad" como "la delegación por parte del Gobierno de España de la competencia, lo que significa que sigue siendo del Estado". 

Según el Ejecutivo, el artículo 150.2 de la Carta Magna ampara esta actuación: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".  Pero el artículo 149.1, deja claras materias que son "competencia exclusiva" del Estado, entre ellas "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo". 

 Varias comunidades autónomas han pedido ya explicaciones al Gobierno por el pacto migratorio anunciado este miércoles con Junts y, concretamente, Canarias, Murcia y Baleares han solicitado que se convoque la Conferencia Sectorial de Migraciones. Así, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha exigido una reunión "urgente" de la conferencia sectorial de migraciones para que se aclare el acuerdo alcanzado y ha mostrado la "preocupación" del Ejecutivo canario. En este sentido, esperan conocer "la letra pequeña" dado que es "fundamental" conocer a qué tipo de acuerdos se llega con las comunidades autónomas.

Cabello ha criticado que no tienen "información" sobre ese acuerdo y ha defendido que en la sectorial "es donde toca" abordar acuerdos de ese tipo porque una negociación entre el Gobierno y un partido político no puede "condenar" a Canarias.

Murcia también ha pedido la reunión de la Conferencia Sectorial de Inmigración para que el Gobierno explique el alcance de la cesión de esta competencia y las consecuencias que va a tener respecto al resto de las comunidades autónomas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el proceso de acogida de los inmigrantes llegados a Canarias.

En todo caso, se ha mostrado "absolutamente en contra" de la cesión de las competencias de inmigración. "Es una competencia estatal y así debe seguir siéndolo", ha afirmado el Gobierno murciano.

Baleares también ha pedido que se reúna la Conferencia Sectorial para analizar el pacto y que les expliquen hasta qué punto llega el acuerdo entre PSOE y Junts, además de saber las afectaciones que tendrá en el resto de autonomías, dado que entienden que es una política "muy importante" que se tiene que "llevar de manera coordinada", incluso a nivel europeo, y tiene que haber "solidaridad entre autonomías".

En este caso, también ha puesto el ejemplo que si Canarias solicita el traslado de personas a la Península, el pacto tiene que aclarar si Cataluña puede o no recibir migrantes.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha exigido al Gobierno que explique el alcance de la decisión de traspasar las competencias de inmigración a Cataluña. "La política migratoria es una cuestión de Estado y debe ser tratada como tal y no estar al albur de las decisiones caprichosas del Gobierno de Sánchez", ha señalado Camarero en declaraciones facilitadas a Europa Press, en las que advierte de que la política migratoria "no puede ser moneda de cambio por los intereses del Gobierno".

Mientras, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha pedido la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas, para abordar la cesión de la materia de inmigración a Cataluña dado "los efectos perniciosos" que puede tener la medida en el control de la inmigración irregular que llega a las dos ciudades españolas del norte de África.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de fabricar "una nación de facto" al ceder las competencias de migración a Cataluña, una "quimera" que se pagará "con el dinero de todos los españoles". En declaraciones a los medios a su salida del Foro XIV Spain Investors, Ayuso ha asegurado que la cesión de competencias de migración da una imagen preocupante de España, ya que es un país que vive "extorsionado" y que se gestiona desde Ginebra.

En este sentido, ha cuestionado que la Unión Europa permita que "de facto se fabrique una nación", "que es lo que se hace cuando uno controla extranjería, inmigración". "¿Qué va a hacer? ¿Fronteras también?", ha preguntado. Además, se ha referido a unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que calificaba de "racistas" las políticas del expresidente de la Generalitat Quim Torra. "Hoy mismo hemos visto un vídeo de Pedro Sánchez cuando decía que los de Junts hacían política supremacista, racista, xenófoba... ¿Les vas a dar la extranjería a quienes hacen racismo con los ciudadanos?", ha lanzado.

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