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La votación en el Senado tuvo sorpresa final, algo que no resulta extraño en los últimos tiempos con el giro del partido de Puigdemont, que se abstuvo in extremis. No fue gratis, pero las negociaciones hasta el último segundo dieron sus frutos. Solo el subsidio de Yolanda Díaz cayó. Podemos no perdona.
Junts ha asegurado en un comunicado haber acordado con el PSOE su abstención en los decretos del Gobierno a cambio de la supresión del artículo 43bis de la ley de Enjuiciamiento Civil que a su juicio ponía en peligro la amnistía. El elemento clave que el Gobierno se resistía a cambiar.
Según han explicado desde la formación, esta abstención se ha producido tras alcanzar con los socialistas un acuerdo en el que se incluye también la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución española a través de una ley orgánica específica por Cataluña. La delegación de esta competencia irá acompañada de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña realizar una política integral, para que sea el Gobierno y el Parlamento de Cataluña quienes determinen una política propia, adecuada a las necesidades ya la realidad de nuestro país y la publicación inmediata de las balanzas fiscales y que el aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0%.
Otro de los puntos del acuerdo es la reforma de la ley de sociedades de capital para revertir el real decreto del PP en 2017 con el fin de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña por el 'procés'.
Otros temas pactados son:
Se multiplica por 5 el dinero previsto para la digitalización de la administración de justicia (pasa de 1,2M€ a 6,2M€).
El estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y bonificaciones del precio del transporte público.
Se reconocen los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local.
El Gobierno de coalición presentaba ante el Pleno del Congreso sus tres primeros decretos leyes y los objetivos de estabilidad que abren el camino a presentar los Presupuestos Generales de 2024. Todos los puntos han contado con el voto en contra del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que suman 171 votos, pero lo que se ha roto es la mayoría que facilitó la investidura de Pedro Sánchez.
Tras llevar avisando desde finales de diciembre, Junts anunció públicamente su voto en contra de los tres decretos, lo que anticipaba una amplia derrota del Gobierno, pero en el último momento no participó en su votación. Según dijeron después, tuvieron problemas para votar telemáticamente, pero habían decidido optar por la abstención tras llegar a un acuerdo con el PSOE.
Así las cosas, el decreto 'ómnibus' de Justicia y Función Pública, donde Junts vio medidas que dificultarán la aplicación de al Ley de Amnistía, logró salir adelante con 172 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG y CC, frente a 171 en contra de PP, Vox y UPN.
Por contra, el decreto ley que contenía la reforma del subsidio de desempleo defendido por la vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido derogado por el Congreso pues al voto en contra de PP, Vox y UPN se han sumado los cinco diputados de Podemos, que aprecian un recorte en la base de cotización de las personas de más de 52 años. En total, han sido 176 votos en contra por los 167 a favor de PSOE, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC.
Por su parte, el decreto ley anticrisis que recoge las ayudas al transporte y la rebaja de IVA de los alimentos, la luz y el gas quedaba pendiente de una segunda petición tras un empate por un error en el bloque del Gobierno. Según fuentes parlamentarias, el diputado de En Comú Gerardo Pisarello tuvo problemas para confirmar su voto telemático y no quedó registrado.
En consecuencia, hubo un empate entre los 171 diputados de la oposición y los 171 de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG y CC. Lo mismo ocurrió con los objetivos de estabilidad, porque lo que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, anunció la repetición de la votación.
El Congreso daba finalmente luz verde al decreto anticrisis del Gobierno en una nueva votación. Los siete diputados de la formación del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont han elegido en este caso abstenerse, con lo que el decreto ha sido convalidado con los 172 votos a favor del resto del bloque de la investidura y 171 en contra. El decreto se tramitará como proyecto de ley para recibir enmiendas.
No es la primera que vez que el Congreso podría dar al traste con decretos del Gobierno de Pedro Sánchez. Ya sucedió en enero de 2019, cuando el PSOE gobernaba en solitario y vio caer un decreto ley sobre la regulación del alquiler. Fue rechazado por PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra (ERC), UPN, Bildu y Foro Asturias.
Y la situación se repitió en plena pandemia, en septiembre de 2020, cuando se derogó el decreto ley por el que se cedían al Estado los remanentes municipales, como se había pactado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Aquel texto sólo recibió el respaldo de PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe.
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