El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, anunció en una rueda de prensa la proposición de tipificar la deslealtad constitucional en la proposición de ley de amnistía. Así, declaró que se trataba del punto de partida en su intención de “rearmar al Estado” frente a posibles ataques a la Constitución en el futuro.

Según explicó Tellado, el plazo para registrar la enmienda a la totalidad a la proposición de ley orgánica de amnistía se cierra a las 18:00 de la tarde. El objetivo del Partido Popular es “retrasar y bloquear” la ley de amnistía durante su legislatura. Pero, ¿qué supone un delito de deslealtad constitucional?

La deslealtad constitucional sería un nuevo delito de sedición, con nuevos matices, que se incluiría mediante una reforma del Código Penal, ya que fue eliminado por el Gobierno de Pedro Sánchez al final de su anterior legislatura. El objetivo del PP es introducirlo de nuevo pero ampliándolo con otro tipo de supuestos bajo la palabra ‘constitucional’, lo que podría dejar la posibilidad de que se utilizase de una manera “vaga”, tal y como lo explica el ‘Diario la ley’.

Cuando hablamos de delito de sedición, el Código Penal recoge que “se atribuye a aquellas personas que se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público”. Es decir, cualquier delito que impida que se aplique la ley o se dificulte la actuación de las autoridades que tienen que aplicar la ley.

Fuentes del PP han precisado que los partidos políticos son considerados personas jurídicas y que, además de la disolución, el texto que van a llevar al Pleno del Congreso incluye la "suspensión de actividades" de quienes incurran en los citados delitos. Además, este precepto podría aplicarse a organizaciones del ámbito independentista como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) u Òmnium Cultural.

Durante la rueda de prensa, Tellado ha enfatizado que esta enmienda de totalidad con texto alternativo a la "ilegal" Ley de Amnistía es un "punto de partida para tratar de rearmar al Estado y frenar y revertir el daño" que le han hecho los independentistas y el PSOE con sus pactos para la investidura de Pedro Sánchez.

La enmienda con texto alternativo a la proposición de ley del PSOE plantea penas de prisión de uno a cinco años e inhabilitación de uno a cinco años para la autoridad, funcionario, diputado, senador o miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma que impulse actos para convocar un referéndum o cualquier forma de consulta que sea contraria a la Constitución.

Así, pide castigar con prisión de cinco a diez años e inhabilitación de seis a doce años a la autoridad o funcionario público, diputado, senador o miembro de una asamblea legislativa de una autonomía que, fuera de los cauces legales de reforma constitucional, promoviendo la inobservancia de las leyes o con incumplimiento de resoluciones judiciales, declare la independencia de una parte del país o su integración en otro Estado.

Este tipo de delito, que quiere introducir el Partido Popular, no ha sido detallado en cuanto a los tipos de conductas que perseguirá, qué condenas de cárcel recogerá ni si afectará al vigente delito de rebelión. En este contexto, la reforma del Código Penal que el PP pone sobre la mesa persigue crear un "delito de deslealtad constitucional", tal y como anunció en su investidura fallida el presidente de la formación, Alberto Nuñez Feijóo.

No obstante, desde el partido avanzan que los tipos incluidos en el texto que se debatirá la semana que viene, y que previsiblemente será rechazado con la mayoría de la investidura, son sólo una parte de lo que el PP entiende tiende como "delitos de deslealtad constitucional". Por lo pronto, según ha dicho el portavoz, el PP quiere empezar a "rearmar al Estado" ante el "debilitamiento" para "defenderse de las amenazas" que, desde su punto de vista, han supuesto las sucesivas "concesiones" de Sánchez al independentismo.

"Empezaron con la rebaja de las penas de malversación para independentistas, después vino la eliminación del delito de sedición, siguieron con la desigualdad generada por esas concesiones y el proceso llega a su cénit con esta ley de amnistía, que supone el borrado de todos los delitos del independentismo", ha resumido Tellado.

En su iniciativa, el PP apuesta por tipificar como delito las "declaraciones de independencia" y "lo referido a la violencia" o las "consultas ilegales", según ha avanzado Tellado.

El dirigente 'popular' ha rehusado aclarar si lo que se busca con la propuesta de promover "la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos" es ilegalizar a las formaciones independentistas, como sí defiende Vox.

El pasado mes de noviembre, el PP votó en contra en el Senado de una iniciativa de los de Santiago Abascal que pedía la ilegalización de partidos soberanistas.

Tellado sí ha detallado que el texto alternativo del PP prevé la modificación del Código Penal, pero no de la Ley de Partidos Políticos de 2002 que sirvió para ilegalizar a Batasuna. Eso sí, ha indicado que la propuesta apunta a las "responsabilidades de políticos, de cargos políticos, de personas vinculadas a la Administración y de personas jurídicas" que sean partícipes de los referidos delitos que buscan tipificar los 'populares'.

La apuesta por crear un delito de deslealtad constitucional no es nueva en Génova. Sin ir más lejos, fue uno de los compromisos del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su debate de investidura fallido a finales de septiembre. Era una propuesta que el mismo Feijóo había planteado meses antes en una reunión con fiscales conservadores y que aparecía en el programa electoral del PP para las elecciones del 23-J.

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