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Tras una oleada de protesta antes, durante y después de que se anunciase, este martes se celebra en el Congreso de los Diputados el primer debate de la proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE. Además, la Cámara Baja también decidirá sobre la creación de las tres comisiones de investigación que los socialistas aceptaron el pasado mes de agosto a cambio del voto de los independentistas catalanes de ERC y Junts para hacerse con la mayoría en la Mesa de la Cámara. La cita se espera que sea nuevamente tensa, bronca y con nuevas críticas y acusaciones entre las distintas bancadas de la oposición, aunque por cuestiones relativas a su agenda internacional no estará el presidente Pedro Sánchez, quien ayer estuvo en el plato de Informativos Telecinco para ser entrevistado por Pedro Piqueras.
La ley de amnistía, tras su calificación por parte de la Mesa del Congreso, con el voto en contra el PP, se publicó en el Boletín de las Cortes y se envió al Gobierno para que diera la conformidad a su debate, ya que la Constitución otorga al Ejecutivo la potestad de vetar la tramitación de iniciativas legislativas que condicionen su política presupuestaria, sea por aumento de gasto o por merma de ingresos.
El Gobierno dispone de 30 días para pronunciarse, pero en esta ocasión le sobraron 27 para comunicar al Congreso su "conformidad" con la tramitación de dicha iniciativa, aunque ha habido casos en que ha respondido aún más rápido, como con la proposición de ley que acabó con el delito de sedición, cuando tardó menos de 24 horas en dar su visto bueno al debate.
Tras lograr el aval del Gobierno, la Junta de Portavoces decidió programar el debate de toma en consideración de la ley para este martes, una decisión a la que se opusieron tanto el PP como Vox.
Exceptuando la reforma reglamentaria para regular el uso de lenguas cooficiales, otra exigencia de los independentistas, la ley de amnistía será la primera iniciativa legislativa que se debata en el Pleno del Congreso esta legislatura.
Aunque a la prensa la presentó el ministro Félix Bolaños, el encargado de defenderla ante el Pleno será el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, y quien le dará réplica por el PP será el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
En este sentido, además los 'populares' han pedido que la primera votación sobre esta iniciativa se haga de viva voz, para que, según han dicho, todos los diputados socialistas se retraten.
De este modo, desde la Mesa de la Cámara se irá llamando a todas sus señorías para que, uno a uno, emitan su voto gritándolo desde el escaño, de manera que quede constancia verbal del sentido del voto por el que opta cada uno.
Tras la votación, una vez que el PSOE y sus socios den vía libre a la ley para continuar su camino parlamentario, la Mesa del Congreso abrirá un primer plazo para la presentación de enmiendas. Tanto el Grupo Socialista como sus aliados han pedido que se tramite por la vía de urgencia, lo que recortará todos los plazos a la mitad.
Las prórrogas de plazo dependen de la voluntad de los grupos parlamentarios. Los partidarios de la amnistía tienen la posibilidad de solicitar que la proposición se tramite por lectura única (con el debate de las enmiendas de totalidad y parciales en un sólo debate en el Pleno sin pasar por ponencia ni comisión). De momento, esa opción, que permitiría dejar la norma aprobada en el Congreso antes de fin de año, no parece estar sobre la mesa.
Si finalmente no se solicita esta tramitación exprés, los grupos cuentan con que el Congreso habilite el mes de enero --inhábil a efectos parlamentarios-- para que la norma pueda discutirse en ponencia y comisión.
Tras ese recorrido parlamentario de la ley de amnistía, el siguiente paso será el trámite en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y está decidido a dilatar los plazos hasta el máximo de dos meses que fija la Constitución. De ahí volverá a la Cámara Baja para su aprobación definitiva y entrada en vigor, previsiblemente en primavera.
Paralelamente, este 12 de de diciembre en el Pleno de la Cámara Baja también se debatirá sobre la creación de las comisiones de investigación que los socialistas acordaron abrir con los independentistas catalanes: dos investigaciones registradas por Junts, junto con el PNV, relativas a los atentados islamistas que tuvieron lugar en Barcelona y Cambrils (Tarragona) en agosto de 2017, y a la 'operación Cataluña' que se achaca al Gobierno de Mariano Rajoy. De su lado, Esquerra (ERC) registró, acompañada de Bildu y BNG, la relativa al espionaje con el programa Pegasus.
En el acuerdo suscrito por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se habla de aprovechar las nuevas comisiones de investigación prometidas para profundizar en la amnistía a los independentistas encausados a lo largo de los diez últimos años. Los de Carles Puigdemont quieren que lo que decida el Congreso sirva para demostrar el supuesto 'lawfare' o 'guerra judicial' y así revisar otras causas que afectan a correligionarios.
Precisamente esa mención al 'lawfare' en el acuerdo del PSOE y Junts soliviantó a las principales asociaciones judiciales y al Consejo General del Poder Judicial, que interpretaron que el Congreso iba a fiscalizar la actuación de los tribunales.
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