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No habrá más regadíos que amenacen al Parque Nacional de Doñana. El Gobierno y la Junta de Andalucía cierran dos años de conflicto y, tres comicios después, firman un acuerdo por el que se compensará a los regantes que dejen de coger agua del entorno para reforestar este enclave único.
Juanma Moreno, presidente de la Junta, y Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, han escenificado hoy el acuerdo alcanzado entre las dos partes tras un largo camino de reproches y tensión política e institucional.
La polémica, propiciada con una iniciativa que buscaba regularizar regadíos de la Corona Norte de Doñana, llegó a extenderse traspasando nuestras fronteras, motivando que desde la Unión Europea hasta la UNESCO se involucrasen también en el asunto.
Desde que en enero de 2022 se presentara la proposición de ley que desató el conflicto, y hasta este mismo lunes, la situación permanecía enquistada, pero ahora se resuelve con lo que el propio Moreno ha calificado como un “avance histórico” que llega tras una “solución de consenso”.
El acuerdo ha sido firmado en presencia del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, uno de los científicos más críticos con la presentación de esta norma y más proclive a un pacto entre ambas administraciones.
El acuerdo por Doñana incluye inversiones de 1.4000 millones de euros en 14 localidades del entorno. El Gobierno Central aportará 350 millones que se suman a los a los 356 comprometidos en actuaciones medioambientales hace un año, mientras la Junta aportará 700.
Los agricultores de la Corona Norte de Doñana recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea que cobrarán en cinco años, a razón de 20.000 euros anuales, a cambio de dejar de cultivar sus tierras y “renaturalizar o reforestar” los suelos.
De esa ayuda de 100.000 euros, según ha precisado en rueda de prensa Juanma Moreno, la mayor parte, 70.000 euros, serán aportados por el Gobierno Central, destinando la Junta 20.000 euros y añadiendo la Diputación de Huelva otros 10.000; un acuerdo que propiciará la retirada del proyecto de ley de regadíos de la Junta.
Por su parte, aquellos agricultores que no quieran dejar de cultivar podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica, pero en este caso, ha precisado Moreno, las ayudas serán “bastante menores”.
Con este acuerdo, tras dos años de conflicto por los regadíos ilegales, la Junta y el Gobierno pretenden poner fin a las extracciones ilegales de agua.
A través de las ayudas millonarias para los agricultores a cambio de abandonar sus cultivos y reforestar sus tierras, confían en que conseguirán el objetivo de preservar el mayor humedal de Europa, y todo sin que estos últimos pierdan.
Así, la Junta de Andalucía no seguirá adelante con la ley que pretendía legalizar esos regadíos ilegales, al tiempo en que tampoco se perdonarán las multas a quienes extraían agua de pozos fraudulentos.
La polémica entre la Junta y el Gobierno Central se remonta al 11 de enero de 2022, cuando PP, Ciudadanos y Vox presentaron en el Parlamento andaluz dos iniciativas idénticas para hacer regables 1.461 hectáreas de invernaderos de fresas calificadas como secano en el entorno de Doñana.
El llamado plan de la fresa regularizó unas 9.400 hectáreas de un total de 11.000 y los agricultores que quedaron fuera alegan que la cartografía empleada para la regularización estaba plagada de “errores”, por lo que reclaman su derecho a formar parte de esta regularización, algo a lo que el Gobierno andaluz ha defendido que "había que dar una solución".
La situación provocó que un mes después la Comisión Europea amenazara a España con multas millonarias si la norma andaluza salía adelante, recordando que el Tribunal de Justicia de la UE había condenado a España y que la ley autonómica iba en dirección opuesta a la sentencia, al tiempo que el Gobierno central amenazaba con llevar la norma al Constitucional.
Paralelamente, la UNESCO y un millar de investigadores de 25 sociedades científicas criticaron la norma, y finalmente la proposición de ley decayó tras la disolución de la Cámara andaluza por la convocatoria de elecciones autonómicas el 15 de junio, en las que el PP logró la mayoría absoluta por primera vez en la historia andaluza.
Casi un año después, el 2 de marzo de 2023, la iniciativa se volvió a retomar en forma de proposición de ley por parte del PP, a la que añadió su firma Vox.
En ella, se recogía que esos cultivos se regarían con aguas superficiales del trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, y nunca con agua del acuífero de Doñana, que está “sobrexplotado”, algo que, según explica el Gobierno de España, está ya comprometido pero para las zonas con derechos de agua.
El 28 de mayo se celebraron las elecciones municipales tras varios meses de tensiones entre ambos gobiernos, y Bruselas volvió a entrar en la polémica amenazando con multas millonarias.
Tras ganar el PP con holgura en las municipales de la provincia de Huelva en medio de toda la polémica, con el nuevo periodo de sesiones del Parlamento la proposición de ley volvió a tramitarse.
Así, el pasado 20 de septiembre estaba ya con todos los trámites finalizados y lista para su inclusión en el orden del pleno del Parlamento, pero un movimiento de último momento del PP permitió prorrogar su debate, en un primer momento con el argumento de no interferir en el debate de investidura de Alberto Núñez-Feijóo.
En ese contexto, fue el 3 de octubre cuando, tras una reunión entre Moreno y Ribera, ambos gobiernos rebajaron la tensión comprometiéndose a una mesa de negociación "al más alto nivel" para intentar llegar a un acuerdo definitivo en el plazo de un mes.
Ahora, tras 54 días de reuniones “casi diarias”, el conflicto por fin parece haber finalizado con el acuerdo y en un ambiente de cordialidad.
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