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El Parlamento Europeo celebrará la próxima semana un debate sobre el polémico acuerdo de amnistía alcanzado entre los socialistas españoles y los independentistas catalanes para convertir a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno. El Partido Popular Europeo, el grupo más numeroso del Parlamento, ha sido quien ha pedido el debate en medio de la preocupación por lo que describe como "el principio del fin del Estado de derecho" en España.
En una declaración conjunta, el presidente del PPE, Manfred Weber, y la jefa de su delegación española, Dolors Montserrat, han afirmado que el "pacto de amnistía corre el riesgo de vulnerar la separación de poderes y socavar la independencia judicial", haciéndose eco de las preocupaciones expresadas en los últimos días por el Consejo General del Poder Judicial. Es probable que el PPE consiga el apoyo de otros grupos de centro y derecha antes de que el debate pueda incluirse formalmente en el orden del día de la sesión plenaria de la próxima semana.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá este martes con más de una treintena de corresponsales extranjeros para explicarles de primera mano la "preocupación" del Partido Popular con la Ley de Amnistía y los pactos que ha suscrito el PSOE con los independentistas para asegurar la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez.
Desde que Feijóo llegó a la Presidencia del PP en abril de 2022 ha mantenido varios encuentros con periodistas de otros países para intercambiar impresiones sobre la situación política, pero en este caso el líder del PP quiere hablar con ellos personalmente sobre cuál es el contexto político, una vez que se ha registrado la norma en el Congreso y en dos días se celebra el debate de investidura en el Pleno de la Cámara Baja. "Vamos a internacionalizar la respuesta a lo que está pasando", han asegurado fuentes próximas a Feijóo.
Dos días después de las multitudinarias protestas en todas las capitales de provincia de España que convocó el domingo el PP, Feijóo quiere hablar con todos los sectores para explicar la posición de su partido, dado que actuará por "tierra, mar y aire" contra la Ley de Amnistía.
"No habrá ningún estamento sin tocar en esa acción política. Y también en el ámbito internacional", han indicado fuentes próximas a Feijóo, que han señalado que el líder del PP estará acompañado en el encuentro con los corresponsales por el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons.
El PP considera que la situación política en España es "grave", una vez que se ha conocido la literalidad de la Ley de Amnistía. Según añaden, si ya era "grave" que se aprobase "abaratar la corrupción" con la rebaja del delito de malversación, el hecho de que se amnistíen esos delitos, "puede tensionar a la Unión Europea", han añadido las mismas fuentes. Por lo pronto, el PP ha recordado que el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ya ha admitido este lunes su "preocupación" por los acuerdos alcanzados por el PSOE y los independentistas.
Los 'populares' quieren ser un "dique" contra la amnistía y liderar la acción en todos los ámbitos, en la calle, en Europa y en el Parlamento español, si bien admiten que en el Congreso, a diferencia de lo que ocurre en el Senado, tienen "limitada la capacidad numérica de actuar".
Otra de las armas contra la ley de amnistía es la cuestión prejudicial ante el TJUE, que solamente pueden formular los jueces y tribunales que lleven causas afectadas por la medida de gracia si consideran que atenta contra el derecho comunitario.
La pregunta a la corte europea también deja en suspenso el caso concreto hasta recibir respuesta y sobre esto las fuentes jurídicas subrayan que seguirá siendo así porque viene recogido en normas comunitarias que no pueden modificarse a través de la ley de amnistía.
Las fuentes jurídicas auguran un choque con las normas comunitarias por el delito de malversación, que forma parte del elenco de ilícitos incluidos en las causas sobre el 'procés'. En este sentido, recuerdan que se trata de una figura central en la lucha contra la corrupción, que desde Bruselas se quiere reforzar. De hecho, el pasado mayo la Comisión Europea planteó en una propuesta de directiva armonizar penas para que la malversación tenga una pena máxima de al menos 5 años en todos los estados miembro, algo que de prosperar obligaría a España a volver a reformar este delito.
La cuestión prejudicial es el escenario preferido por la Audiencia Nacional, donde fuentes jurídicas ya avanzan que se formulará una cuestión prejudicial al TJUE por el impacto de la amnistía en las causas por delitos de terrorismo. Así lo apuntó ya el juez instructor Manuel García Castellón en el auto donde indicó que los altercados provocados por Tsunami Democràtic tras la sentencia del 'procés' encajan en delitos de terrorismo, al tiempo que señaló como responsable a Puigdemont.
En su resolución, citó expresamente la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, cuyos artículos "sientan las bases de la regulación europea en materia de terrorismo". Para García Castellón, "se puede inferir que existe un compromiso por parte del Reino de España en la adopción de medidas efectivas para la persecución de los delitos de terrorismo".
También aludió a la Directiva 2008/114, por las "infraestructuras críticas europeas" --las situadas en un país UE "cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente" a varios--, en relación con los altercados provocados por Tsunami Democràtic, por ejemplo, en los aeropuertos de El Prat o Barajas.
Hay que tener en cuenta que el TJUE deja claro en sus recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales que quieran plantear cuestiones prejudiciales que "el procedimiento nacional debe suspenderse hasta que el TJUE haya emitido su fallo".
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