Ya se conoce el texto íntegro de la proposición de ley de amnistía. En total, en medio de las protestas que continúan reproduciéndose en las calles en su contra y entre las críticas a Pedro Sánchez y su Gobierno, beneficiará a más de 300 independentistas, entre responsables políticos, funcionarios y ciudadanos, además de a 73 policías.  

Todos ellos están encausados en el proceso independentista, el marco delimitado para la aplicación de la norma. Ahí se incluye a los líderes del procés, tanto a los huidos como los ya condenados, y a todos los ciudadanos en causas judiciales por las protestas por el 1 de octubre y la sentencia del Tribunal Supremo.

La ley excluye las causas por terrorismo, pero en los casos en los que haya sentencia firme, de modo que quedarán amnistiados los CDR, justamente procesados por terrorismo, pero sin sentencia firme.

Además, la norma perdona también actos de desórdenes públicos o atentados contra la autoridad, en el que se incluiría a Tsunami Democràtic, e incluye las causas contables relacionadas con el procés.

En la proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán --9-N y 1-O incluidos-- destacan no obstante los principales dirigentes de Junts y ERC y su entorno como los grandes beneficiados. Entre ellos destacan:

Líder de Junts y ex presidente catalán tiene tres frentes abiertos en los tribunales. En el Supremo, está procesado por delitos de desobediencia y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El instructor Pablo Llarena está a la espera de tomarle declaración indagatoria para poder avanzar hacia juicio. Contra él pesa una orden de detención nacional, pero el magistrado está pendiente del TJUE para reactivar la euroorden a Bélgica.

También es uno de los 35 ex altos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'. La Fiscalía les reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria. Sociedad Civil Catalana, por su parte, les pide hasta 5 millones de euros.

Y, por último, la Audiencia Nacional (AN) ha dirigido contra él la causa donde se investigan como posibles delitos de terrorismo los disturbios provocados por la plataforma independentista Tsunami Democràtic tras la sentencia del 'procés'.

El líder de ERC y ex vicepresidente catalán fue condenado en 2019 por el Tribunal Supremo (TS) a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación, aunque en junio de 2021 se le indultó la pena de cárcel. El pasado febrero, se cambió su condena a desobediencia y malversación por la reforma penal que derogó la sedición. También está encausado en el TCu.

El ex president y su ex consejero fueron condenados por el TCu a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de 1 millón de euros en intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. También están en la causa abierta en el TCu por los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'.

Presentada como "la mejor vía de las posibles para abordar desde la política un conflicto político" y fundamental para Pedro Sánchez en su propósito de conseguir apoyos para la investidura, cuyo debate se celebrará entre los días 15 y 16 de noviembre, la proposición para amnistiar al independentismo catalán beneficiaría así no solo a los líderes independentistas condenados y procesados por el Tribunal Supremo, sino también a excargos investigados en los juzgados catalanes –como el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, el ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat Josep María Jové, y el exconseller de Interior Miquel Buch–y los policías procesados por su actuación durante la celebración del referéndum ilegal de 2017.

Así se desprende del texto, que acota la amnistía a un contexto temporal que comprende desde el 1 de enero de 2012, "año en el que comenzaron a desarrollarse los hechos del proceso independentista", y este 13 de noviembre de 2023.

De este modo, a los grandes nombres del 'procés' se suman otros menos conocidos que también resultarían favorecidos por la amnistía. Entre ellos destacan la consejera catalana de Cultura, Natàlia Garriga; el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové; y el también diputado y ex secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, a la espera de juicio en el TSJC por los preparativos del 1-O.

Según la investigación judicial, Jové –miembro de la delegación catalana en la mesa de diálogo entre Moncloa y Govern– desoyó los mandatos del Tribunal Constitucional contra la organización del referéndum independentista. Habría obtenido datos personales de los catalanes de forma irregular para elaborar un censo; participó "activamente" en la búsqueda de locales para votar; y en su ordenador había archivos como 'modelo de papeleta'.

Entre los indicios contra Jové y Salvadó, la instructora detalla que hicieron presentaciones ante otros estados y organismos para obtener financiación, y también que se dotó a la Agencia Tributaria del sistema e-Spriu, capaz de recaudar y gestionar y ejecutar impuestos para los que "no se tenían competencias" como IRPF, IVA o Sociedades.

La instructora también cree que Salvadó ideó un programa de homogeneización de los mecanismos internos de tramitación de tributos y cotizaciones sociales que ingresaba la Generalitat al Estado, para "controlar y contar con la máxima información posible sobre sujetos tributarios y sobre las cuotas satisfechas de los impuestos estatales no cedidos".

A ellos se añaden los 30 procesados en otro caso por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona por delitos de malversación, desobediencia, prevaricación, revelación de secretos y falsedad documental, también por los preparativos del referéndum ilegal.

Más allá, la amnistía incluiría a los investigados por los disturbios presuntamente organizados por Tsunami Democràtic tras las condenas por el 'procés' en 2019, y que fueron desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las reiteradas protestas con barricadas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana. Entre los mismos se encuentra el jefe de Gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay.

El juez comenzó a investigar en 2019 para poner negro sobre blanco el rol que habría tenido Tsunami en los disturbios que siguieron a las condenas a los líderes independentistas. Este mismo mes, el instructor ha asegurado en que "existen elementos suficientes para considerar que los hechos podrían encajar en el delito de terrorismo" en concurso con uno de desórdenes públicos.

En el marco de la causa, el juez ha imputado a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y ha dirigido sus pesquisas contra Carles Puigdemont, al que ha ofrecido la posibilidad de comparecer voluntariamente porque para imputarle debe recabar antes el permiso de la Eurocámara, de la que forma parte y por la que goza de inmunidad, y del Supremo, tribunal ante el que está aforado.

Además, el juez ha imputado, entre otros, al exconseller de ERC Xavier Vendrell; a los empresarios Oriol Soler, Josep Campmajó y Jesús Rodríguez; al exdirigente de Omnium Jaume Cabani o al consejero de Omnium Oleguer Serra.

Ahondando en la lista de beneficiados por la ley de amnistía, y más allá de los principales líderes, también quedarían eximidos de responsabilidad los 45 agentes de la Policía Nacional que fueron procesados el pasado mes de enero por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona por las cargas del 1-O en la ciudad.

La norma, en concreto, amnistía "las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir la realización de los actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artículo".

Quedarían fuera de la amnistía "los actos dolosos contra las personas que hubieran producido un resultado de muerte, aborto o lesiones al feto, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro, la pérdida o inutilidad de un sentido, la impotencia, la esterilidad o una grave deformidad", así como "actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes".

En esta línea, el magistrado sostenía que "los responsables del operativo policial no cumplieron sus obligaciones de supervisión de la acción de los agentes bajo su responsabilidad", al tiempo que aseguraba que la "actuación policial fue claramente desproporcionada en general".

Por otra parte, el texto alcanzaría a la condena de cuatro años y medio de cárcel que se impuso al exconseller de Interior Miquel Buch por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara a Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Además de la pena de prisión, también impactaría en la condena de 20 años de inhabilitación que se dictó sobre Buch por delitos de malversación y prevaricación.

La norma no solo beneficiaría al exconseller, sino a su vez al mosso que hizo de escolta del expresidente y que fue condenado a cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación por el delito de malversación.

Más allá, a esta lista se añaden además los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña –entre ellos la consejera de Feminismos Tània Verge–que serán juzgados en los tribunales catalanes después de que en las últimas elecciones generales el dirigente Josep Pagès no haya revalidado el escaño por Junts en el Congreso, quien marcaba su aforo en el Supremo.

Aunque en un principio fueron absueltos por la magistrada del Juzgado Penal Número 11 de Barcelona, la Audiencia Provincial ordenó repetir el juicio al atender la reclamación de la Fiscalía de que la juez había cometido "errores graves de valoración de la prueba".