Los inspectores de Trabajo rechazan el pacto entre PSOE y Junts: rompe el régimen constitucional actual
Lo inspectores de Trabajo expresan en un comunicado que el pacto vulnera la legalidad vigente" y supone "la ruptura del régimen constitucional actual"
El pacto entre el PSOE y Junts recibe el rechazo de los inspectores de trabajo: "vulnera el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley establecido en el artículo 14 de la Constitución"
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El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social ha expresado su rechazo "frontal y absoluto" a los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez al considerar que el pacto PSOE-Junts "vulnera la legalidad vigente" y supone "la ruptura del régimen constitucional actual". Lo mismo opinan los jueces que consideran que estamos ante una quiebra clara en la separación de poderes.
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Y ello porque, entiende el sindicato, el acuerdo político firmado en Bruselas vulnera el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley establecido en el artículo 14 de la Constitución que dice que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
Quebranta la separación de poderes porque anula las resoluciones judiciales
En un comunicado difundido a través de X, los inspectores de Trabajo consideran también que la ley de amnistía para el procés quebranta la separación de poderes porque anula las resoluciones judiciales y, por tanto, "pone en cuestión" la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias "democráticamente elaboradas por el poder legislativo".
"Expresamos nuestro rechazo a una ley de amnistía en la medida en la que anule las decisiones dictadas por el poder judicial dentro de su autonomía e independencia, quebrantando un principio esencial en democracia como es el de la separación de poderes", afirman los inspectores de trabajo.
Un párrafo del pacto suscrito por PSOE y Junts es el que ha provocado la polémica: "Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Añaden que los funciones públicos seguirán al servicio de la sociedad velando por el cumplimiento de la ley y garantizando la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones "sin que se produzca injerencia alguna".
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