La Constitución española establece en su artículo 90 un plazo máximo de dos meses para que el Senado tramite proyectos de ley que vienen del Congreso, que el PP no podrá ampliar pese a su propuesta de reforma del reglamento de la Cámara Alta que busca eliminar el procedimiento de urgencia en la proposición de ley de la amnistía para intentar dilatarla lo máximo posible.

Si se aplica el procedimiento de urgencia en una proposición de ley, el tope para tramitarse estaría en 20 días naturales y lo que busca el PP con esta propuesta de reforma del reglamento es poder decidir quitar esta urgencia a la ley de amnistía para demorar su tramitación. Todo ello, tras el acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez.

Para el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la medida de gracia es la "mayor humillación para España en siglos de historia". Así lo ha manifestado en un acto en el que también ha participado el expresidente del Gobierno José María Aznar.

El líder de los 'populares', en un mensaje en su perfil de la red social X (antes Twitter), ha acusado al presidente del Ejecutivo en funciones de intercambiar con ERC "dinero por votos" en el pacto de investidura, que incluye el compromiso de La Moncloa de condonar a la Generalitat catalana hasta 15.000 millones de deuda del Fondo de Liquidez Autonómico.

Horas antes, Feijóo volvía a exigir a Sánchez que sea "valiente" y convoque elecciones con el objetivo de someter el citado acuerdo a "la valoración de los españoles". "No le mueve la convivencia sino la conveniencia. Es un derroche de megalomanía", subrayaba refiriéndose a la mencionada ley de amnistía.

Por otra parte, Aznar alertaba de que Pedro Sánchez es "un peligro para la democracia constitucional" y llamaba a todo el mundo a actuar y movilizarse desde su ámbito de responsabilidad puesto que "se han cruzado todas las líneas rojas".

A su entender, con la ley de amnistía y las negociaciones que se están llevando a cabo con los independentistas catalanes, se pretende un "cambio del régimen constitucional en España".

Quienes ya se han movilizado son ocho vocales del Poder Judicial propuestos por el PP. Este próximo lunes tratarán de que el Pleno de este órgano apruebe una durísima declaración contra el texto, iniciativa que ha indignado a la ministra de Defensa.

Margarita Robles ha arremetido contra ellos porque, a su juicio, "tienen poca legitimidad" ya que siguen sentados en el Consejo con el mandato caducado. Una vez aprobada la ley, los tribunales que han juzgado o mantienen abiertos los casos afectados podrían presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Esta medida dejaría la amnistía en suspenso pero fuentes del Tribunal Supremo aseguran que no tomarán medidas contra los encausados como Carles Puigdemont al considerarlos ya amnistiados. Así, tanto el líder de Junts como el resto de políticos fugados podrían regresar a España sin miedo a ser detenidos e, incluso, presentarse a unas elecciones.

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