Sánchez quiere atar un pacto para toda la legislatura con la amnistía como primer reto

Pedro Sánchez ya es oficialmente candidato a la investidura a la Presidencia del Gobierno tras ser designado por el rey Felipe VI y desde hoy se pone manos a la obra. Será él quien protagonice personalmente los contactos con todos los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, excepto con Vox, para armar una mayoría en el Congreso que le permita ganar la votación. La Cámara, terreno neutral, será el escenario del primer encuentro con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que en las últimas horas ha avisado de que el acuerdo con el PSOE está todavía muy lejos. Sánchez, que dice sentirse "ilusionado y honrado" por el encargo del jefe del Estado, no tiene ahora mismo los apoyos necesarios para superar una investidura.

El objetivo que se ha marcado es cerrar un acuerdo que no solo le permita ganar esa votación, el líder socialista quiere una mayoría que de estabilidad al país para los próximos años. Un pacto para toda la legislatura basado en el progreso social y la convivencia entre españoles que tiene como gran reto encajar la amnistía exigida por los partidos independentistas para votar a favor. En su primera comparecencia como candidato en el Palacio de La Moncloa fue una de sus ideas fuerza. Y una de las claves para lograr esa estabilidad es aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2024 que darían aire al nuevo Gobierno progresista y un horizonte de cierta tranquilidad en una legislatura que se presenta complicada.

Moncloa está negociando en el mismo paquete la investidura y los presupuestos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y una de las negociadoras de la máxima confianza de Sánchez, confirmó que en las conversaciones con los futuros socios y aliados se está hablando de Presupuestos. Fuentes gubernamentales sostienen que el acuerdo no está hecho y que esta semana se trabajará de forma intensa en este asunto.

"Se trata justamente de consolidar la gobernabilidad de España para los próximos cuatro años y esto significa que no estamos hablando sólo de las materias que tienen que ver con el momento concreto de una investidura, sino también con la profundidad de la tarea de Gobierno que se pueda desarrollar en los próximos cuatro años", dijo Montero. El PSOE confía en poder tener unas nuevas cuentas públicas en los primeros días de enero para afrontar el primer año de legislatura. Hacienda lleva semanas trabajando en la documentación necesaria para superar el primer paso de aprobar en el Congreso los objetivos de estabilidad.

El lehendakari Iñigo Urkullu advertía este pasado martes a Sánchez de que va a necesitar "todos los votos todo el tiempo" durante la legislatura y reclamaba un acuerdo político "claro, constatable, cumplible y con compromiso". Tras el ajustado resultado electoral del 23J no hay margen para que los posibles socios del Gobierno se desmarquen en algunos asuntos, siempre serán necesarios teniendo en cuenta que enfrente la derecha tiene 172 votos asegurados, 171 si Coalición Canaria finalmente cambia de posición y decide apoyar a Sánchez.

El primer escollo que tiene por delante Sánchez para cerrar un acuerdo es aprobar una ley de amnistía para los implicados en el referéndum del 1 de octubre, condición imprescindible de ERC y Junts para hacer presidente al candidato del PSOE. Sánchez, aunque hace una semana desde Nueva York aseguró que hablaría con "franqueza" y claridad cuando tuviera el encargo del rey, sigue sin pronunciar la palabra amnistía sobre la que pivota toda la negociación. El presidente mide cada palabra y la evita, sin embargo todo su discurso abre la puerta a esa posibilidad. Cada día da un paso más. Este martes prometió "generosidad" para resolver el "conflicto" político de Cataluña: "Es la hora de la política, del compromiso con el país, de la generosidad y del liderazgo".

Sánchez rechazó la celebración de un referéndum porque no es constitucional y por convicción política -"es contrario a mi palabra y a mi acción", afirmó- como pidieron los independentistas en una resolución del Parlamento de Cataluña para darle su apoyo, apeló a la responsabilidad de las fuerzas políticas para superar "discordias pasadas" y no ahondar en la división y apostó una vez más por el reencuentro entre catalanes.

En su argumentario, insistió en que el marco que guiará al Gobierno será la Constitución y defendió la concesión de los indultos porque, a su juicio, el tiempo ha demostrado que la decisión "fue acertada y bien tomada en aras del interés general". Para Sánchez, los españoles dejaron claro en las urnas el 23J que no se puede entender el país sin la pluralidad política y la diversidad territorial. En ese contexto subrayó que sus pactos serán transparentes y además tendrán el refrendo del Congreso y el Tribunal Constitucional que se pronunciará. Hasta ahí llegaron sus referencias a la amnistía. Su posición definitiva no la expondrá públicamente hasta que finalice la ronda de contactos con todos los partidos.

Mientras, desde el Govern de la Generalitat denuncian que la negociación para la investidura avanza demasiado lenta y piden a Sánchez que se ponga "las pilas" con decisiones valientes. En ERC se reafirman en que no hay acuerdo y todavía queda mucho trabajo por delante.

Si el reto es buscar un encaje jurídico a la amnistía, la gran incógnita es la fecha de la investidura. De momento no se ha fijado un día en el calendario. "Me gustaría que fuera cuanto antes", dijo Sánchez y garantizó que trabajará intensamente para conseguirlo, "en cuerpo y alma", repitió. Pero a la vez admitió que las negociaciones no van a ser fáciles, "van a ser complejas". Él mismo habló de "próximas semanas". Eso, y aunque todo son especulaciones, hace pensar que la investidura podría ser los primeros días de noviembre. Hasta ahora, los socialistas mostraban en privado su deseo de que el proceso pudiese culminar en el mes de octubre, aunque las expectativas se rebajaron tras la resolución de ERC y Junts.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, es quien tiene que convocar el pleno. Este martes optó por dar margen al candidato y anunció que no pondrá una fecha hasta que esa negociación esté "lo suficientemente madura". En cualquier caso hay un límite de tiempo marcado en rojo. Si el 27 de noviembre Sánchez no ha conseguido ser investido, el rey disolverá las Cortes y se convocarán elecciones para el 14 de enero.