ERC y Junts han pactado una propuesta de resolución para el Debate de Política General (DPG) que insta al Parlament a dar su aval para que los partidos catalanes no apoyen la investidura de Pedro Sánchez si “no se compromete a trabajar para hacer efectivas las condiciones" para celebrar un referéndum. Así lo han plasmado en el documento registrado por ERC tras cerrar el acuerdo en la última sesión. Aunque el PSC votará en contra.
El texto pide al Parlament pronunciarse "a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no den apoyo a una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones" para celebrar un referéndum.
En el discurso inicial del Debate de Política General, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya instó a Sánchez a fijar las bases para celebrar un referéndum la próxima legislatura y defendió poner sobre la mesa esa condición en la negociación. En su propuesta conjunta, los republicanos y Junts defienden que la resolución del conflicto político en Cataluña "pasa por la vía política y democrática" y piden el apoyo de la Cámara catalana a un referéndum de independencia.
"De esta forma, el mandato que salió del referéndum del Primero de Octubre de 2017 podrá ser sustituido por un nuevo referéndum acordado con el Estado", se especifica en el texto que también hace mención al 1-0 que Junts hacía en su resolución, y como preveía la propuesta inicial de los republicanos, insta al Govern "hacer todas las acciones oportunas" para lograr ese referéndum. Según Junts, uno de los puntos de fricción con ERC ha sido el papel que debe ejercer el Ejecutivo catalán en los contactos del PSOE y Sumar ante la investidura de Sánchez.
ERC, Junts y CUP se han unido para sacar la propuesta que apoya una ley de amnistía para los procesados en causas “en relación a la defensa del derecho a la autodeterminación”. "El Parlament de Cataluña defiende la necesidad de una ley de amnistía para dejar sin efecto lo que se había tipificado como infracción penal o administrativa, en relación a la defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación de Cataluña", han señalado en el texto que sigue la propuesta inicial de ERC.
En el texto reclaman partir de la proposición de ley registrada en 2020 en el Congreso de los Diputados por CUP, ERC y Junts con el apoyo de las entidades catalanas y que la Mesa de la Cámara baja inadmitió. Señalan que el Govern y las instituciones catalanas deben implicarse “en el esfuerzo colectivo” para conseguir la amnistía y que se incluyan a "todas las personas represaliadas por motivos políticos en esta causa y en la defensa de los derechos y libertades en el conflicto social y político con el Estado".
La propuesta de Junts de constatar la "necesidad de articular una amnistía que suponga el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas” desaparece del texto pactado. Xavier Pellicer, diputado de la CUP, ha negado que de la versión transaccionada pueda desprenderse que la amnistía debería aplicarse a la presidenta de Junts, Laura Borràs.
Borràs fue condenada por prevaricación y falsedad documental en la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), en una sentencia que aún no es firme, y tanto ERC como la CUP rechazan que deba aplicársele una hipotética ley de amnistía.
Con la propuesta conjunta de ERC, Junts y CUP, los partidos se han asegurado que el texto del apoyo a la amnistía tenga la mayoría y pueda salir adelante, ya que por separado no lo tenían garantizado. El pleno también deberá votar sobre la propuesta de los comuns para que el Parlament avale una amnistía "para acabar con la judicialización del conflicto".
El PSC ya ha avanzado que votará en contra en todas las propuestas relacionadas con la autodeterminación y la amnistía. Tan solo apoyará su propia resolución que apuesta por el diálogo ante la Constitución.