El papel clave de ERC y Junts en la investidura no consigue unir y movilizar al independentismo en la Diada

Todos los caminos para una investidura de Pedro Sánchez pasan por Cataluña. Lo sabe el líder socialista y lo saben los independentistas que este lunes celebraron la Diada intensificando su exigencia de una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación. La fiesta nacional sirve tradicionalmente como termómetro para medir la fuerza independentista en la calle, su estado de ánimo y el grado de división de los partidos que pugnan por la hegemonía soberanista. Nunca antes ERC y Junts habían tenido tanta capacidad de influencia política, sin embargo no consiguieron una foto de unidad.

Decenas miles de personas salieron a la calle en la manifestación convocada por la ANC bajo el lema 'Via fora', una expresión medieval de alarma ante el combate. Los gritos de independencia y las consignas a favor del 1 de octubre sonaron en la marcha que recorrió Barcelona a la que este año acudió el Goven con Aragonès al frente. El presidente de la Generalitat tuvo que abandonar la marcha después de recorrer una corta distancia escoltado por los Mossos después de que un grupo de manifestantes pidiese su dimisión y alguno le acusase de traidor. También tuvo que escuchar cánticos de "Puigdemont, nuestro presidente".

115.000 personas se manifestaron según la Guardia Urbana de Barcelona. 800.000, dijeron los organizadores. Más allá de la guerra de cifras, las imágenes mostraron que la Diada de 2023 estuvo muy lejos de las movilizaciones multitudinarias de los años del procés. ERC y Junts, claves para la investidura de Sánchez, coincidieron en reclamar amnistía y autodeterminación, pero también se lanzaron reproches. En una jornada eminentemente reivindicativa los dirigentes de los dos partidos intentaron demostrar ante sus bases quién es más patriota tirando de argumentario soberanista.

Las negociaciones para la investidura marcaron una Diada donde la Asamblea Nacional de Cataluña redobló la presión sobre Esquerra y Junts. Desde las posiciones más radicales, la organización que convocó la marcha, es contraria a dar estabilidad al Estado. Su presidenta, Dolors Feliu, les exigió no apoyar la investidura de ningún candidato a la presidencia del Gobierno "si no es claramente para hacer la independencia". En las entidades sociales también se exhiben diferencias. Òmnium Cultural, más posibilista, reclamó a los partidos una negociación coordinada y "seria" con el Estado para alcanzar la amnistía como primer paso y después la autodeterminación a través de un referéndum.

Ningún líder independentista renunció a esa negociación, aunque fueron evidentes las tiranteces entre los dirigentes de ERC y los de Junts. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, presumió de que su partido fue el que ha "abierto camino" hacia la amnistía y la autodeterminación gracias a su apuesta por la vía pactista con el Gobierno central. En unas palabras claramente dirigidas a Junts, que ha sido muy crítica con esa estrategia, señaló ante sus militantes que "quien marca paso para que mucha gente se pueda añadir, normalmente es el que más heridas recibe".

Esquerra reclama una nueva fase en el proceso de la resolución del conflicto que acabe definitivamente con la amnistía y la autodeterminación. En ese sentido, varios líderes republicanos hicieron llamamientos durante toda la jornada a sumar esfuerzos entre los independentistas y a aprovechar el momento, su peso en el Congreso de los Diputados donde suman 14 diputados entre los dos.

Carles Puigdemont, residente en Bélgica tras huir de la Justicia española después del referéndum del 1 de octubre, estuvo presente en los actos a través de un mensaje grabado en el que calificó a los partidos constitucionalistas como "ejércitos borbónicos contemporáneos" y tiró de la retórica de siempre aludiendo a que con la caída de Barcelona en 1714 "Cataluña perdió su libertad".

Fue el secretario general de Junts, que previamente en su manifiesto avisó de que nunca renunciará a la "unilateralidad como recurso legítimo", el que criticó que ERC había vetado a su partido en la mesa de diálogo con el Gobierno central. "Bienvenido el cambio de posición de ERC", espetó Jordi Turull. La dirección de Junts culpa directamente a Esquerra de haberles excluido de la negociación política en la anterior legislatura.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, afirmó durante la manifestación que los catalanes "no piden investidura", sino "independencia", y advirtió de que los votos de su partido servirán para resolver el conflicto pero no para "apuntalar a gobiernos españoles".

Mientras, desde Madrid, PSOE y PP también reafirmaron sus mensajes. Los socialistas mantienen intacta su hoja de ruta para Cataluña con el argumento de que las políticas de Pedro Sánchez han funcionado y ahora la situación en esa comunidad es mejor que en 2017. El PSOE negociará con Junts, clave para la investidura, dentro de los límites que marca la Constitución y considera que tanto Carles Puigdemont como Pere Aragonès -que piden amnistía y referéndum- están en una "posición de máximos".

Alberto Núñez Feijóo anunció, tras reunir a la plana mayor del PP, una ofensiva total contra la amnistía para que todos los socialistas se retraten ante el "chantaje" de Puigdemont. "Ningún político, concejal, diputado autonómico, nacional o senador podrá esconder su posición", dijo el líder popular que abre la puerta a la vía judicial. El PP redobla la presión sobre Sánchez y presentará mociones contra una posible ley de amnistía en todos los ayuntamientos, los parlamentos autonómicos y las Cortes para visualizar su poder territorial y su mayoría absoluta en el Senado.

A todo esto, Sumar ha rebajado las prisas de Puigdemont de una amnistía por la vía rápida en el Congreso que pudiese estar aprobada antes de la investidura de Sánchez. Jame Asens, el negociador del partido de Yolanda Díaz, ha sido muy claro: "Vamos muy justos, es forzar mucho la máquina, no sé si se podrá hacer".