El proceso de investidura y las negociaciones de PP y PSOE con nacionalistas e independentistas, que tienen la gobernabilidad de España en sus manos, abren un viejo debate sin resolver, el del modelo territorial. A las exigencias de ERC y Junts de una amnistía para los procesados por el 1 de octubre y de un referéndum de autodeterminación en Cataluña se une ahora la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu: un gran pacto para avanzar hacia un Estado plurinacional reinterpretando la Constitución.

No es una oferta nueva del PNV, pero en este momento cobra especial relevancia teniendo en cuenta que tanto Alberto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez necesitan los votos de las fuerzas soberanistas para ser investidos y poder gobernar. El PNV es un actor clave para las dos partes. Socio prioritario de Sánchez durante la pasada legislatura y última esperanza para Feijóo al que le interesa tener una buena relación con los nacionalistas vascos. La reacción del Gobierno fue muy medida. Moncloa aclaró que no es su propuesta, pero la considera "legítima" y "constructiva". En el PP tampoco la rechazaron de forma frontal poniendo por encima de todo la Constitución.

El lehendakari, en una tribuna en el diario El País, reclama una "convención constitucional" en el plazo de un año para analizar el alcance actual y futuro de la disposición adicional primera de la Constitución y "el autogobierno de las nacionalidades históricas". El dirigente vasco se pregunta "por qué el Estado español no puede ser plurinacional, como lo fue en la práctica hasta el siglo XVIII”. A partir de ahí considera que ha llegado el momento de afrontar una "interpretación" de la Constitución sin que ello implique su reforma.

Urkullu pide avanzar hacia una "España plurinacional" para ampliar el autogobierno del País Vasco, Galicia y Cataluña que permita a esos territorios capacidad para decidir pactando con el Estado todos los pasos. "Debemos ser capaces de encontrar los mimbres constitucionales y legales pertinentes para dar forma jurídica a un nuevo pacto, utilizando la vía de la actualización de los derechos históricos".

"No es la propuesta del Gobierno", dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Pero a renglón seguido valoró que Urkullu busque "puntos de equilibrio" y de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional. Para el Gobierno, es positivo y forma parte de "un debate constructivo" cualquier idea que fomente el entendimiento entre posiciones distantes.

En ese sentido, y sobre la amnistía que exigen ERC y Junts para investir a Sánchez, el Ejecutivo defiende que su política en Cataluña se basa precisamente en el diálogo entre diferentes, busca la convivencia y siempre ha sido y será dentro de la Constitución. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, añadió que el modelo territorial ya está "refrendado" en la Constitución pero se mostró abierta a dialogar y a que el próximo Gobierno celebre un encuentro con las comunidades para conocer el contenido de la propuesta.

El PSOE alude a la financiación autonómica como una herramienta fundamental para que las autonomías puedan desplegar políticas en sus territorios y cree que esta próxima legislatura debe continuar el debate sobre la reforma del sistema de financiación, una reclamación histórica de algunas comunidades.

En el PP se escucharon diferentes voces. Los populares mantienen un canal de comunicación abierto con el PNV. Este mismo miércoles Feijóo habló por teléfono con el lehendakari y certificó que los nacionalistas vascos no van a apoyarle en la investidura. Aún así, fuentes populares tacharon esa conversación como "franca y provechosa".

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, aseguró que en el partido "entienden" la propuesta de Urkullu, pero advirtió de que hay límites que nunca van a superar: "Todo lo que sea que haya unos españoles de primera y otros de segunda, el PP no lo va a aceptar". Borja Sémper valoró que el planteamiento se haga dentro de la Constitución a diferencia de lo que exigen los independentistas catalanes aunque matizó que "antes de reinterpretar la Constitución lo que hay que hacer es recuperarla".

Presidentes autonómicos del PP como el andaluz Juanma Moreno o el gallego Alfonso Rueda creen que está bien dialogar para avanzar en el autogobierno, pero con respeto a otras comunidades y sin "relegar a nadie" ni "desigualdades". Como es habitual, la madrileña Isabel Díaz Ayuso fue la más crítica con el concepto de "plurinacionalidad".

"Cada vez estamos más cerca de una república federal laica y plurinacional. Esa es una hoja de ruta que ya lleva encima de la mesa mucho tiempo y que, ahora, se acelera a gran velocidad", vaticinó Ayuso en el inicio del curso político madrileño que contó con la presencia de Feijóo.

Un acto en el que Ayuso respaldó al gallego pero criticó su estrategia "bisoña" de negociar con el PSOE su investidura y donde Feijóo, enarbolado en la bandera de la igualdad de todos los españoles, asumió que va a perder la investidura. "Es posible que defender la igualdad de todos los españoles nos deje sin la Presidencia dentro de un mes, pero llegaremos al Gobierno defendiéndola", admitió ante los suyos.

A todo esto, Carles Puigdemont, determinante en este momento político, aclaró que "no hay ninguna negociación en marcha con nadie", aunque sí conversaciones con "distintos actores políticos". No hay por lo tanto, según el líder de Junts, una propuesta sobre la amnistía encima de la mesa.

Puigdemont, fugado de la Justicia a Bélgica tras el referéndum del 1 de octubre, sitúa a su partido "en el centro del tablero político" y sostiene que la forma es tan importante como el fondo. El expresidente catalán apuesta por la discreción y destaca como han cambiado las cosas desde la pasada legislatura cuando Junts no tenía opciones de participar en ninguna negociación por "decisión de los actores que ahora piden conversar".

El próximo martes, desde Bruselas, fijará las condiciones para dar su apoyo en una investidura y enseñará sus cartas.