“¿Te acuerdas cuando Aznar dejó de llamar a ETA grupo terroristas para llamarles Movimiento Vasco de Liberación?”. La frase, pronunciada por el entonces presidente del Gobierno en noviembre de 1998, ha resonado con fuerza más de 20 años después en el entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont. Y más cuando el vicesecretario de acción institucional, Esteban González Pons, calificó en una entrevista radiofónica a Junts como un partido “cuya legalidad está fuera de toda duda”. Una declaración que llega después de años de señalamiento del movimiento independentista y de críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por despenalizar legalmente actos como los cometidos con la celebración del Referéndum ilegal del 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia liderada por Carles Puigdemont, máximo responsable de Junts y reclamado por la Justicia española. 

Sin embargo, entre llamar a los líderes catalanes “golpistas” y buscar su voto hay un hecho determinante: la necesidad imperiosa que tiene el PP de que Junts le preste su apoyo para investir presidente a su candidato, Alberto Núñez Feijóo. “Es un grupo parlamentario que, al igual que ERC, más allá de las acciones que cuatro personas, cinco, diez, llevaran a cabo, representa a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”, decía González Pons sobre su intención de intentar un pacto con el partido catalán. 

Desde el otro lado, las palabras de los miembros del PP son vistas con una mezcla de escepticismo y falta de necesidad, ya que un nuevo gobierno de Pedro Sánchez sería un escenario más satisfactorio para el ala independentista, además de que Junts se vería salpicado por ese apoyo a la derecha y a un Gobierno sustentado por Vox en su pugna por el control del independentismo catalán frente a Esquerra. “No han llamado todavía, pero llamarán”, mantenían a NIUS fuentes cercanas a la formación, que plantean ese escenario como una carrera de fondo, donde es el Partido Popular el que tiene prisa por cerrar cualquier acuerdo. 

Sin embargo, también hay píldoras en ese discurso para su electorado. Llegan los matices: “No tiene cabida en nuestro diálogo ni el referéndum ni la amnistía. Eso no significa que no vayamos a mantener los contactos. [Sánchez] unas veces habla de marco constitucional y otras veces habla de amnistía dentro de ese marco “, ha mantenido este jueces Carmen Fúnez, vicesecretaria de Políticas Sociales del PP. Lo que no ha definido ni abocetado siquiera ninguno de los portavoces del partido es lo que está dispuesta a ofrecer la formación de Feijóo encima de la mesa para contentar a Carles Puigdemont y los suyos. El precio de esos cuatro votos.

Así, el PP tiene prácticamente un mes para buscar cuarto diputados que le den a Feijóo la presidencia. Sin embargo, el problema es la manera de encontrarlos. A la derecha del PP, los votos de Vox están ya comprometidos. Pero la negativa rotunda del PNV hace que el Partido Popular se vea una doble tesitura: la de intentar un pacto con Junts después de años de señalamientos o la de encontrar a cuatro tránsfugas en alguna de las formaciones del espectro progresista que faciliten la investidura de su candidato. En esta última variable, cuatro diputados tendrían que traicionar a su partido como ya lo hicieron los tránsfugas que dieron al PP la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 tras abandonar la disciplina de voto del PSOE. 

De esta manera, el PP tiene hasta el 26 de septiembre para conseguir lo que parece inconseguible, y para minimizar además el rédito que sus contrincantes políticos puedan sacar de los malabares argumentales que tengan que hacer sus portavoces y negociadores si de verdad quieren conseguir esos cuatro votos. Por un lado, desde el PP consideran que el proceso de investidura puede dotar a su candidato de un carácter de Estado que ha perdido esta legislatura al no estar presente por ejemplo en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, intentar la investidura ahora es un arma de doble filo, ya que la probable derrota en la votación puede perjudicar su imagen también de cara a una posible repetición electoral.