En el mismo momento en que, el 29 de mayo, Pedro Sánchez anunció que volveríamos a votar el 23 de julio para elegir a nuestros representantes en las Cortes, la población se puso a mirar el calendario para ver cómo afectaba a sus planes veraniegos y de vacaciones. Muchos ya sabían que iban a estar fuera y otros muchos lo manejaban como posibilidad. Por eso no fue extraño que la media del 3% de españoles con derecho a voto que piden hacerlo por correo, subiera hasta el 7%, con 2,6 millones de solicitudes.

La cifra, el tensionamiento de la capacidad de Correos para afrontar la avalancha; y los intentos de fraude con el voto por correo en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo; se unieron a las reivindicaciones de los trabajadores de Correos y se convirtieron en elementos perfectos para fabricar bulos y cuestionar el sistema de voto español, generando inquietud entre numerosos electores mientras Correos contrataba a 20.000 personas y empezaba a tomar medidas. .

La gota que colmó el vaso fueron unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, en las que insinuó irregularidades por parte de los mandos de Correos al dirigirse a los carteros y decir que trabajaran sin descanso "independientemente de sus jefes" y que no se preocuparan por las horas extraordinarias, porque su primera decisión en el Consejo de Ministros de su hipotético futuro gobierno sería pagarlas.

Aquello arrojó más dudas sobre el procedimiento y provocó una respuesta contundente de los sindicatos de los trabajadores del a empresa pública, que respondieron que los funcionarios ya estaban trabajando sin descanso y que las horas extraordinarias estaban garantizadas por convenio y presupuestadas.

Más allá de esas respuestas -y por mucho que Feijóo se apresuró a decir que él no había insinuado un pucherazo- Correos reaccionó. El director adjunto de operaciones, José Luis Alonso Nistal, empezó a conceder entrevistas y la compañía tomó una serie de decisiones como mantener numerosas oficinas abiertas durante el último fin de semana antes de las elecciones, o ampliar los horarios de atención al público.

Tras las palabras de Feijóo, remachadas por la secretaria general del PP Cuca Gamarra, Sánchez planteó que quizás el candidato popular estaba preparando el terreno por si fallaban sus cálculos y finalmente perdía las elecciones. Si eso ocurría, el voto por correo podría ser una buena excusa. Si el PP ganaba, Sánchez vaticinaba un silencio sepulcral postelectoral sobre el asunto.

La bronca amainó rápido, pero Correos siguió redoblando esfuerzos y pidiendo a sus empleados que hicieran lo mismo. El penúltimo compromiso fue abrir las oficinas hasta que "todos" los electores que quisieran depositar su voto postal este jueves pudieran hacerlo, sin especificar horarios.

Y lo último, pedir a la Junta electoral una segunda ampliación del plazo para entregar los sufragios, hasta este viernes a las 14:00 que fue concedida este jueves.

Este viernes será el último día para depositar esos votos, en un límite temporal que nunca se había dado. Pero la realidad es que el miércoles por la noche ya habían votado el 91% de los solicitantes del sufragio por correo según los sindicatos. Es decir, solo quedaba un 9% por hacerlo, a 36 horas del final definitivo del plazo.

En las elecciones del 28 de mayo y en las de 2019, el porcentaje de personas que no votaron después de solicitar la documentación fue precisamente del 9%, así que parece que para este 23J, a pesar de todas las sospechas, el porcentaje de abstenciones va a ser menor.

José Luis Nistal aseguraba este jueves, a primera hora de la mañana, que en las oficinas de correos había 170.000 sobres esperando a sus solicitantes. 280.000 menos que el lunes a las siete de la tarde, cuando había 450.000 que algunos consideraron votos perdidos.

Pero no. Quedaba tiempo para recogerlos y ese tiempo se ha prolongado a costa de más horas de atención para este tipo de entregas, con dos objetivos: garantizar el voto de todos los que lo hayan pedido y desmontar los bulos sobre el proceso electoral postal, que lleva a sus espaldas más de 40 citas electorales. La mayoría han tenido algún problema como el de Melilla para el 28M, donde se intentaron comprar votos de solicitantes de voto postal, aunque fue amortiguado.

El voto que los dos millones de españoles residentes en el extranjero envían también ha sido carne de bulo. En las redes sociales han aparecido "alertas" sobre manipulaciones con este voto que se recuenta después de las elecciones, tal y como dicta la LOREG.

En esos mensajes de aviso, se señalaba el sospechoso "crecimiento" del voto en el extranjero, que se había incrementado en un 700% con respecto a 2019. Como ejemplo, ponían Madrid, donde según ellos se habían emitido 48.045 votos en 2019 y en 2023 habían sido 337.205. Recordaban además, que muchos de los residentes están en Argentina, Cuba y Venezuela, y que la Ley de Memoria Histórica del PSOE aprobaba la nacionalización de los hijos y nietos de los que se exiliaron a esos países. Así que uniéndolo todo, se planteaban si esa ley fue una preparación del terreno para un pucherazo.

Pues bien, lo cierto es que detrás de eso una mezcla de datos y una interpretación muy sesgada. Para empezar, en ambos casos se está hablando de votos que todavía no se han emitido y además sin tener en cuenta algo muy importante: el sistema ha cambiado.

En definitiva, que también este tipo de voto es caldo de cultivo para informaciones falsas que se divulgan, principalmente, en las redes sociales. Sin tener en cuenta, además, que la participación en el exterior no es muy alta y sus resultados, que conoceremos en la semana posterior al 23J no suelen cambiar mucho el resultado por no ser muchos. Porque contar, cuentan igual que el resto.