La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años y medio de cárcel al abogado José Emilio Rodríguez Menéndez por un delito de estafa a varios inversores con un falso negocio de compra-venta de petróleo en Buenos Aires. La condena también es por un delito de intrusismo profesional y usurpación de funciones, ya que en el momento del engaño estaba suspendido por el Colegio de Abogados, un dato que ocultó al presentarse como letrado. La sentencia, al a que ha accedido NIUS le condena a tres años por el delito de estafa y a otro año más por el de intrusismo y usurpación de funciones, según la sentencia a la que ha accedido NIUS- . Al castigo penal hay que sumar uno económico: 4. 000 euros de multa por el delito de estafa agravada.

Además, tendrá que indemnizar a sus tres víctimas con más de 117.000 euros. Dos de ellos recibirán 33.100 cada uno y el tercero 37.500. A eso, hay que sumar 13.695 euros a indemnizar por los viajes a Argentina y otros gastos. La sentencia llega tras una vista oral en la que hubo varias suspensiones "por motivos de salud del abogado".

Los abogados de los afectados pedían hasta 42 años de prisión al imputar a Rodríguez Menéndez hasta nueve delitos, incluidas organización criminal, falsificación de documentos, apropiación indebida y blanqueo de capitales, algo que el tribunal ha rechazado.

En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Rodríguez, se le absuelve de esos delitos. Además, s deja sin valorar si el condenado abusó del derecho de iniciar procedimiento contra los testigos para intimidarles. El asunto no se analiza por dice el tribunal que hubo un "déficit acusatorio" por parte las acusaciones al no presentar ni solicitar investigación de los procedimientos abiertos por Rodríguez Menéndez

Rodríguez Menéndez es un letrado famoso en los tribunales nuestro país, no solo como abogado. A la espalda tiene dos condenas por delitos contra la intimidad y uno por defraudar al fisco. La condena por delito fiscal fue en 2005, pero cuando se ordenó su ingreso en prisión, se fugó a Argentina, donde acabó siendo detenido e ingresó en prisión, aunque fue puesto en libertad.

El fiscal relata que el abogado contactó con un inversor al que propuso un negocio de compra-venta y suministro de petróleo de la empresa estatal YPF en Buenos Aires. La alta rentabilidad del supuesto negocio y unos contactos fingidos en Argentina fueron el cebo que puso a los clientes. Él se ofrecía como intermediario y les pedía dinero. Tres inversores le hicieron varias entregas hasta llegar a los 11.000 euros para un negocio que nunca se llevó a cabo.

El primer pago se realiza el 2 de julio de 2014 con la entrega al acusado de la cantidad de 4.700 euros en efectivo. Dichas sumas de dinero se entregan con la finalidad de cubrir los gastos para la constitución de tres sociedades, capital social, pago de impuestos, viajes y otros conceptos.

Todo ello "siendo el acusado quien representaría en forma legal a dichas sociedades y además tramitaría y gestionaría el proyecto de negocio de suministro energético".

"Estas tres sociedades se constituirían con el fin de que a través de ellas se procediera a la compra/venta y suministro de petróleo con la entidad estatal energética YPF2", señala el escrito.

El fiscal apunta que el acusado, guiado por el propósito de obtener un enriquecimiento injusto, "una vez recibidas las cantidades no las depositó en ninguna entidad financiera y se las quedó para sí".

Las sociedades no fueron dadas de alta en el AIFP (Administración Federal de Ingresos Públicos de la República de Argentina) y no fueron registradas en el CUIT (Código Único de Identificación Tributaria que se utiliza en el sistema tributario de la República Argentina para poder identificar inequívocamente a las personas físicas o jurídicas autónomas, susceptibles de tributar).