El empresario Antonio Caba no sólo acabó presuntamente con la vida de Juan Miguel Isla para quedarse con 50.000 euros de una venta de tierras. Además, según la tesis de los investigadores, falsificó un contrato con la víctima ya fallecida para quedarse junto a un socio, con otra finca, valorada en 20.000 euros. El problema para el principal investigado en el llamado crimen de Manzanares es que su compañero en esa operación, el empresario Miguel Angel U.M, prestó declaración el pasado lunes ante el juez que investiga el caso y reconoció que el contrato firmado por la víctima es falso, que se elaboró después de que Juan Miguel Isla estuviera ya desaparecido y que fue Antonio Caba quien imitó presuntamente la firma de la víctima en su presencia para quedarse con los terrenos.

Según ha podido confirmar NIUS, el testimonio de este empresario, que por el momento ha declarado como testigo, viene a refrendar la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que siempre sospechó que el contrato de compra-venta de esa finca era falso.  Sobre el papel, Antonio Caba, el empresario que ahora ha reconocido los hechos y Juan Miguel Isla pactaron la venta de una finca propiedad del tercero el 4 de julio de 2022. Se trataba de una finca rústica llamada La Mejorada, que sobre el papel estaba valorada en 20.000 euros y que tanto Caba como su socio iban a pagar a medias. 

El documento tenía la firma como compradores de Antonio Caba y del testigo que prestó declaración el lunes, y la de Juan Miguel Isla como vendedor de los terrenos. Sobre el papel, los dos interesados habían pagado ya 10.000 euros para hacerse con el control del suelo. Sin embargo, la Guardia Civil tuvo la sospecha desde el principio de que el documento era falso, que la firma de Juan Miguel Isla no era auténtica y que el contrato se había fabricado después de su desaparición y muerte, fechada el 22 de julio de 2022. De hecho los agentes encargaron un informe al servicio de criminalística de la Guardia Civil donde los expertos del cuerpo alertaban ya de que “es probable que Juan Miguel Isla no sea el autor de la firma”. 

En su declaración del pasado lunes ante el Juzgado de primera instancia e Instrucción número 2 de Manzanares, el socio de Antonio Caba en esa operación ha confirmado las sospechas de los investigadores y ha declarado que el contrato es falso, que se elaboró después de la muerte del empresario y ha mantenido que fue Antonio Caba, principal sospechoso de la muerte de Juan Miguel Isla, quien falsificó su firma seis días después de la desaparición de la víctima y en presencia de este testigo. 

Sin embargo, esta no es la primera versión que el testigo aporta a la investigación. El 27 de julio de 2022, los agentes de la Guardia Civil le tomaron declaración, y allí explicó que había comprado la finca junto a Antonio Caba a la víctima, ya desaparecida. Para acreditar esta versión y presentar el documento ante los agentes, según explicó el empresario este lunes en sede judicial, su socio en la operación elaboró y firmó al día siguiente el documento en su presencia, pero con fecha del 4 de julio, casi tres semanas antes. Y sobre todo, antes de la desaparición del dueño de los terrenos, que fue encontrado por la Guardia Civil fallecido y dentro de un pozo de riego un año después. 

Esta declaración complica todavía más la situación procesal de Antonio Caba, que ha negado los hechos pero ha sido señalado también como presunto autor material de esta muerte por el otro de los detenido, un presunto subalterno llamado Gaspar Rivera, que ha comenzado una línea de colaboración con la Justicia e indicó a los investigadores sobre el paradero del cuerpo de otro empresario, desaparecido esta vez en 2019 y encontrado también descuartizado en otro pozo de riego.

Además, los agentes investigan todavía el papel del hermano de Juan Miguel Isla, que reconoció haber guardado para el principal investigado un arma de fuego en los días posteriores a la desaparición de su hermano, con el que mantenía una fuerte oposición a causa de la herencia familiar. Queda por ver también la posición judicial de este último testigo, que ha reconocido estar presente en el momento de la falsificación de la firma del contrato, que fue entregado a la Guardia Civil como prueba de esa compra, ahora confirmada presuntamente como ficticia.