Más de 37 millones de españoles están llamados a votar en los próximos comicios. Los mayores, los jóvenes, los niños en riesgo de pobreza, las personas con discapacidad... Los más vulnerables también quieren que se les escuche y que los partidos recojan sus demandas para las elecciones generales del 23J en forma de pactos de estado que mejoren sus condiciones de vida.

Desde un Plan Nacional Anticaídas para los mayores -la primera causa de muerte accidental en este colectivo-, hasta una Ley estatal de Juventud o un pacto de lucha contra la pobreza para reducir las tasas de riesgo, entidades y organizaciones sociales trasladan sus propuestas para la próxima legislatura, gobierne quien gobierne.

Los mayores piden consensos estables sobre cuidados, sanidad y soledad no deseada, pero también para avanzar de manera decidida en consolidar el contrato social entre generaciones.

En el ámbito sanitario, reclaman un Pacto de Estado en Materia de Cuidados de Larga Duración que garantice su autonomía, dignidad y derechos; fortalecer la salud pública en ámbitos como la salud mental y la atención primaria, y ampliar la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, especialmente en atención bucodental.

Urgen asimismo a activar un Plan Nacional Anticaídas porque, según recuerdan, son la principal causa de muerte accidental en personas mayores de 65 años y la quinta causa de mortalidad a nivel nacional. Según su datos, en 2021 fueron hospitalizadas por caídas 236 029 personas mayores.

Otras de sus demandas es impulsar la estrategia nacional para prevenir y combatir la soledad no deseada, un grave problema de bienestar social y salud pública que afecta a casi un 14 % de la población en España.

Colocar las políticas para la juventud en el centro de la agenda política. Con ese objetivo, el Consejo de la Juventud de España está realizando la gira "Juventour" por las distintas autonomías para recoger las propuestas de cara a la próxima legislatura.

Los jóvenes denuncian las dificultades para el acceso a un empleo digno y de calidad y para una vivienda asequible, a la vez que lamentan el escaso apoyo a la participación activa y política de los jóvenes y las escasas iniciativas públicas destinadas a ellas.

Por eso, defienden la necesidad de una Ley estatal de Juventud que recoja todas esas necesidades.

Mientras, la Plataforma de Infancia propone a los partidos incluir en sus programas una ayuda a la crianza de carácter universal, reducir la desigualdad en el acceso a los beneficios fiscales por parte de los hogares con rentas más bajas y reducir la pobreza infantil y su intensidad, además de medidas de apoyo a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, como las monoparentales.

En el ámbito educativo, pide aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio y avanzar en el compromiso de la universalización de la educación de 0 a 3 años.

Con los mismos objetivos, Unicef plantea además a los partidos una Estrategia Nacional de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, sufragio a partir de los 16 años en las elecciones municipales, promover la participación infantil e incrementar el gasto público en protección social a la infancia hasta el 2,5 % del PIB de la media europea.

Save the Children, por su parte, aboga por una nueva ayuda hasta los 17 años que llegue automáticamente a las familias con menos ingresos, así como por facilitar el acceso a becas de comedor para que más de un millón de niños que viven bajo el umbral de la pobreza puedan comer de forma completa y saludable al menos una vez al día.

La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, reclama la reforma de la Constitución Española para blindar como derechos fundamentales los derechos sociales, económicos y culturales.

E insiste en una de las prioridades de esa reforma: sustituir en el artículo 39 de la Carta Magna el término "disminuido" por el de personas con discapacidad.

Políticas de lucha contra la brecha digital, creación del Bono Social Digital, ampliar la oferta de vivienda pública en alquiler asequible, acceso gratuito a la atención especializada por psicólogos y psiquiatras y mejorar el Ingreso Mínimo Vital son otras demandas de la plataforma.

Asimismo, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español urge a un pacto para reducir la tasa de personas en riesgo del 26 % actual al 18,2 %.

Cáritas Española aboga por nuevas vías de regularización para personas migrantes, empleo digno e inclusivo para todos y medidas de prevención de la pérdida de vivienda.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama incluir en las candidaturas a personas con discapacidad en posiciones de salida para fomentar su participación política en la defensa de sus derechos y bienestar.

Plantean la accesibilidad universal como principio orientador en entornos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.

Una macroencuesta sobre violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, una Ley estatal de garantía de derechos y servicios sociales y una Ley IItegral de Protección a las Familias que ordene y amplíe los apoyos a todo tipo de familias son otras demandas del CERMI.