El teléfono del empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte fue la caja de pandora del caso Mediador; el diario de sesiones de reuniones encubiertas, fiestas y comidas entre el intermediario canario, un grupo de empresarios con intereses en la zona y el diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Allí había mensajes, capturas de números de cuenta, fotografías de las fiestas en prostíbulos de Madrid e incluso escenas íntimas en las habitaciones de algunos hoteles. Todo quedó registrado por Tacoronte, cayó en manos de los investigadores y se convirtió en la piedra angular del caso. Y ahora, el propio mediador intenta anularlo con el argumento de que el consentimiento prestado para acceder a esos datos está viciado. 

Fue en los primeros compases de la operación cuando Navarro Tacoronte aportó de forma voluntaria su terminal en el juzgado. En ese momento, el empresario era señalado por un cargo de confianza del cabildo que aseguraba haber sufrido una estafa en su tarjeta de crédito. Los antecedentes penales por presuntos delitos financieros del empresario señalado tampoco ayudaron. Navarro Tacoronte se presentó en el juzgado, aseguró que los gastos se habían hecho siempre con el consentimiento del denunciante y que se trataba de pagos en fiestas de ocio nocturno. Algo que ahora mantienen también las tesis policiales ya que esa denuncia quedó archivada. Para confirmar este extremo, Navarro Tacoronte aportó su terminal móvil y dio consentimiento expreso para que fuera analizado por los agentes. Pero el caso no quedó ahí. 

Los investigadores, con el consentimiento prestado, volcaron el terminal del intermediario y se pusieron a analizar las conversaciones. Aparecieron entonces los contactos con el diputado Fuentes Curbelo, con su sobrino y heredero al cargo de director general de Ganadería, Taishet Fuentes, las peticiones de transferencias de dinero y los contactos con un general de la Guardia Civil que construyen las principales líneas de investigación del caso. 

A comienzos del mes de junio y después de cambiar de abogado, la defensa de Navarro Tacoronte reclamó de forma explícita dos cuestiones: que la Policía Judicial dejase de analizar su terminal móvil y que el dispositivo le fuera entregado. Entre los argumentos aportados, la defensa del investigado aseguraba que la autorización asentida por el empresario ante la Justicia para acceder a su terminal estaba viciada, y limitada al procedimiento en el que se le denunciaba en primer momento. Algo que la Fiscalía rechaza: “El investigado Marcos Antonio Navarro Tacoronte manifestó libremente su consentimiento en distintas ocasiones para acceder al contenido de su teléfono móvil estando asesorado por el letrado que le asistía, por lo que se cumplió escrupulosamente con las exigencias jurisprudencialmente previstas para la válida práctica de la diligencia”.

“Nuestro ordenamiento jurídico procesal -ahondan los fiscales- exige la presencia del letrado en la manifestación del consentimiento no solo para la práctica de esta diligencia concreta de investigación sino también de otras que son lesivas o entran en colisión con derechos fundamentales en juego como la diligencia de entrada y registro. No obstante, el sentido de la presencia del letrado no es suplir la voluntad de consentir sino de garantizar que la manifestación del consentimiento es libre y voluntaria e incluso asesorar de las consecuencias de la práctica de esta diligencia. Por todo ello, no se puede concluir otra cosa que considerar plenamente ajustada a derecho la actuación procesal que rodeó la prestación del consentimiento”.

El escrito de defensa alegaba además la demora en la entrega de ese terminal al propietario como otro elemento perjudicial para los intereses de Navarro Tacoronte. “No es cierto que el retraso en la práctica de la diligencia genere indefensión, es más, tampoco en el escrito se alude a qué concreta indefensión se genera, en este sentido añadimos que es exigido jurisprudencialmente matizar y describir el perjuicio que se produce sin que quede cubierta esta exigencia con una declaración genérica e imprecisa”, explica el escrito de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.