Radiografía del caso Luis Lorenzo: de las pruebas científicas a las sospechas de la Guardia Civil

Fue el 3 de junio de 2022 cuando el Instituto Nacional de Toxicología colgó en redes sociales un estudio que pasó prácticamente inadvertido. El documento aportaba las conclusiones de un estudio sobre el recirculación de los metales pesados en el cuerpo tras el fallecimiento. Todavía hoy, el mensaje tiene solo dos “retweet” y un “me gusta”, pero supuso el primer gran cambio de rumbo en la investigación sobre la muerte de María Isabel Suárez, la mujer de 85 años fallecida en Madrid en junio de 2021 y por la que fueron detenidos tanto el actor Luis Lorenzo como su mujer un año después, bajo la sospecha de haberla envenenado. 

Al menos esa fue la conclusión del primer informe forense entregado al caso: que la mujer había fallecido por una ingesta involuntaria de metales pesados, por lo que la causa de su muerte era “violenta”. En un primer momento, la investigación del caso permaneció secreta y la Guardia Civil comenzó a recabar datos sobre la vida que la “tía Isabel” había tenido en Madrid. Antes de eso, una denuncia de sus familiares del pueblo indicaba que la mujer había sido trasladada a la fuerza" desde su vivienda habitual en Valduno (Asturias) por su sobrina, mujer del actor Luis Lorenzo, para lucrarse con su pensión. Con eso sobre la mesa, los agentes tomaron declaración a médicos y testigos, a vecinos, a personas del círculo de confianza de Isabel, y mantuvieron la sospecha de que el matrimonio podría estar medicando en exceso a la mujer durante semanas para mantenerla bajo su control y que no volviese al pueblo. Constataron presuntas faltas de atención, cuidados e higiene. Algo que tanto Lorenzo como su mujer, Arancha Palomino, han negado siempre. 

El 26 de mayo de 2022, el actor y su pareja fueron detenidos en Madrid y señalados por la presunta muerte violenta de su familiar. En la documentación conocida entonces en la causa había un extenso informe de la Guardia Civil que relataba por ejemplo cómo la mujer de 85 años se había quedado sola durante horas en un bar mientras la familia que se encargaba de sus cuidados visitaba un parque de atracciones, familiares que aseguraban que no podían hablar con ella por teléfono desde que se marchó a Madrid, o los testimonios de vecinos confirmando que Isabel era vista en ropa interior algunas noches acudiendo al baño comunitario del garaje de la urbanización para no utilizar el de la vivienda donde residía con el actor y su pareja.

En aquellas fechas se conoció también el primer informe forense, que indicaba una muerte violenta como causa del fallecimiento. Sin embargo, solo una semana después de estas detenciones, el Instituto Nacional de Toxicología colgó el resultado de esta investigación internacional, refrendada poco después por el propio director de la institución, Antonio Alonso, en una entrevista concedida al diario El País. 

De una forma resumida, los expertos de Toxicología indicaron ya hace un año, con las primera detenciones, que cabían más explicaciones que un envenenamiento para los niveles de cadmio que la víctima presentaba en el cuerpo. Poco después de estas palabras, la defensa de Arancha Palomino presentó la documentación periodística en la causa y pidió un nuevo peritaje. El 6 de junio de 2022, la Fiscalía pidió un nuevo informe forense que confirmase o desmintiese la tesis de la primera perito que analizó el cuerpo. Ese documento es el que ha llegado ahora, manteniendo que no hay pruebas de un envenenamiento, aunque no aclara sin género de dudas la causa de la muerte. 

Sin embargo, durante este año y a la espera de pruebas científicas, han sido varios los expertos que han declarado en el procedimiento para acreditar o no la posible existencia de otra explicación a la presencia de metales pesados en el cuerpo de Isabel, además de por un envenenamiento. El 29 de junio de 2022 declaró ya una segunda perito en sede judicial. Era la jefa del Servicio Químico del Instituto de Toxicología, y mantuvo ya en sede judicial la posibilidad explicada en el estudio internacional. 

En este punto, cabe recordar un mantra legal importante: in dubio, pro reo (en caso de duda, siempre a favor del acusado). De una forma resumida, deben existir pruebas irrefutables para dictar una condena en contra de una persona, pero basta con la existencia de una duda razonable para que esa decisión deba ser siempre a favor de la absolución del acusado. En este caso, la duda razonable es la posibilidad de que los metales pesados del cuerpo de la tía Isabel no fueran el efecto de un envenenamiento. Si la mera posibilidad se confirmaba, caería la posible acusación contra ellos por la muerte de su familiar. Y así ha sido, con el informe aportado ahora. 

El documento aportado ahora, de 18 páginas, es el solicitado por la Fiscalía y autorizado por el Juzgado de Instrucción número 9 hace ahora un año, y va más allá de la duda razonable. Los forenses confirman primero que existe la posibilidad científica de que los niveles de metales pesados en el cuerpo investigado se deban a causas naturales, pero además mantienen que no hay un solo indicio, fuera de esas mediciones, que hagan pensar en un envenenamiento, de este o cualquier otro tipo. Además, los dos forenses que firman el documento explican que tampoco hay restos en el cuerpo de la mujer de medicamentos que no estuvieran pautados por facultativos. Cabe recordar que la tesis de la Guardia Civil no era que la mujer fuera medicada en exceso fuera de los cauces legales, si no que se la trasladaba presuntamente a distintos médicos para solapar sus tratamientos sobre un diagnóstico de demencia.  

Así, el peritaje aportado ahora, realizado por expertos independientes nombrados por el juzgado, y no por una de las partes, descarta el envenenamiento, explica que la primera forense que trabajó con el cuerpo tomó como parámetro de medida unos niveles de metales en sangre pesados pensados para personas vivas, pero tampoco aclara de forma concisa el motivo del fallecimiento, que queda indefinido en el documento. En cualquier caso, ya no será relevante para la investigación de un presunto delito de asesinato, dado que para los forenses, ya no hay prueba científica alguna de una muerte violenta.