Sobre el papel, la decisión se tomó para aportar transparencia en las finanzas de aquellos que ocupan un escaño en el Congreso y el Senado. Para vigilar que nadie tenga un enriquecimiento ilícito. Las gallinas que entran, por las que salen. Sin embargo, las declaraciones de bienes e ingresos que sus señorías presentan al inicio de cada legislatura desde 1987 han sido protagonistas de numerosas polémicas en los últimos años. Desde la falta de datos del líder de Vox Iván Espinosa de los Monteros tras su toma de posesión en 2019, a la falta de datos de las inversiones del presidente Mariano Rajoy en una empresa allá por 2016, pasando por la omisión de datos de los exsenadores Luis Bárcenas y Francisco Granados, ambos con dos cuentas opacas en Suiza no declaradas.

Ahora, es el candidato a la presidencia por el Partido Popular Alberto Núñez Feijóo quien había protagonizado titulares por no hacer pública en su declaración de bienes el dinero que recibe como sueldo directamente de su partido. Para acabar con las críticas, el PP desveló este miércoles que el líder popular cobra 39.260 euros por "gastos de representación" del partido al margen de su retribución como senador.

Cabe recordar que el líder del PP es senador desde mayo de 2022 y hasta ahora, a las puertas de unas elecciones, nadie le ha reclamado ese dato. Y eso sucede, primero por el interés electoral del PSOE a la hora de hacer notar la falta del detalle a menos de un mes de las Elecciones Generales, y después porque no hay un solo funcionario encomendado para revisar las declaraciones de bienes que presentan diputados y senadores, no hay protocolo para auditarlas, ni plazos para presentarlas, ni un régimen sancionador que contemple consecuencias para aquellos que oculten datos a los ciudadanos en este tipo de documentos.

Según la normativa, los diputados y senadores deben formalizar estas declaraciones “al comiendo” y “al final” de su mandato, y siempre que haya de por medio una modificación de las condiciones de sus ingresos o su patrimonio. Sin embargo, una vez presentadas, prácticamente ningún cargo electo de ambas cámaras las modifica. Tampoco queda estipulado un plazo concreto para presentarlas. Ahora, el presidente del senado, Ander Gil, ha emplazado a Feijoó a que actualice el documento en el plazo de una semana. Llega entonces otra polémica, al considerar el líder del PP que la decisión es arbitraria. De nuevo, el problema es que no hay una reglamentación concreta sobre la presentación de estos documentos, pero sobre todo, tampoco hay sanciones previstas para todos aquellos que no las cumplimenten de la forma debida. 

Cada seis meses, la Oficina de Conflicto de Intereses dependiente del Ministerio de Presidencia envía un informe a las cámaras sobre el grado de cumplimiento de la ley de Incompatibilidades y sobre las declaraciones de actividades presentadas por todos los altos cargos de la Administración General del Estado. En la mayoría de los casos, este informe no contiene una sola sanción abierta para ninguno de los 752 cargos controlados. El pico llegó el primer semestre de 2022 con 14 expedientes abiertos, pero el organismo elimina en sus informes el nombre de los altos cargos sancionados, pese a cobrar dinero público y ser sanciones vinculadas a su cargo. Tampoco aparece sanción alguna para los cargos electos en las cámaras en los períodos de presentación de las declaraciones de bienes en el Congreso y el Senado. 

La laxitud a la hora de cumplimentar este tipo de declaraciones es tal que no hay obligación de explicitar los pagadores de los distintos negocios que los diputados y senadores mantienen fuera de las cámaras, que en muchos casos se definen con conceptos ambiguos como “rendimientos obtenidos” sin señalar de forma directa a los pagadores y el motivo laboral que ha generado ese dinero.

Durante años, la polémica ha sido tal que la web del Congreso y el Senado ha hecho públicas las declaraciones de bienes en formatos no reutilizables, con texto plano y en los que no se pueden analizar de forma pormenorizada o en conjunto los datos. Tal es así, que desde la sociedad civil se han lanzado alternativas como Integrity Watch, gestionado por la ONG Transparencia Internacional y que mantiene una base de datos de libre acceso, nutrida con los datos presentados por diputados y senadores en estos documentos.