Este 19 de junio de 2023 se cumplen 36 años del mayor atentado de la historia de la banda terrorista ETA en la capital catalana. En 1987, un coche bomba explotaba en la primera planta del aparcamiento del centro comercial Hipercor de la avenida Meridiana de Barcelona. Causó la muerte de 21 personas, cuatro de ellas niños, y dejó heridas a otras 45. Detrás del atentado estaban cuatro terroristas. Todos ellos ya están en libertad.

Los terroristas emplearon unos 30 kilos de explosivos amonal junto a gasolina y otros componentes como escamas de jabón y cinta adhesiva en bidones de plástico, formando un conjunto de 200 kilos de explosivos que instalaron en el maletero de un vehículo y accionaron con un temporizador, según detalla la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso.

Hacia las tres de la tarde y tras colocar los explosivos en el vehículo, uno de los miembros de la banda terrorista realizó tres llamadas a la Guardia Urbana, a Hipercor y al diario 'Avui' avisando en nombre de ETA de que tendría lugar una explosión en los grandes almacenes entre las 15:30 y las 15:40. La policía barcelonesa, la Policía Nacional y los vigilantes del centro comercial comenzaron las labores de búsqueda del artefacto pero no fueron capaces de encontrar los explosivos que se encontraban en el maletero de un coche.

Cinco minutos antes de que diesen las 16:00, tras ver que había pasado el tiempo de aviso, la dirección del centro comercial y las fuerzas policiales no vieron necesario evacuar el centro y se dio por hecho que se trataba de una falsa alarma, aunque una patrulla decidió permanecer en las puertas del centro hasta las 16:05. Solo tres minutos después de que abandonaran el lugar se produjo la explosión que abrió un cráter en el suelo y un agujero en el techo, por el que una bola de fuego abrasó a todas las personas que encontraba a su paso y que hizo que varias de ellas cayeran desde la planta baja hasta el garaje, donde el fuego y la humareda era más intensa.

De las víctimas, 15 murieron en el acto y 6 en los días siguientes por quemaduras de segundo y tercer grado o por asfixia. Otras 45 resultaron heridas y muchos de ellos tuvieron que permanecer meses en el hospital para curar sus lesiones. Entre los heridos, Milagros, empleada de los grandes almacenes que estaba embarazada, y cuya hija, Jessica, nació con una pérdida de capacidad auditiva por la explosión.

Dos días después, el domingo, una marcha recorrió las calles del barrio barcelonés de Sant Andreu, donde se encontraba el centro comercial, en la que participaron unas 70 000 personas y que se convirtió en la mayor protesta contra el terrorismo celebrada hasta entonces en la Ciudad Condal. Pero la manifestación más multitudinaria tuvo lugar el lunes siguiente, y en ella unas 400 000 personas recorrieron el centro de Barcelona en una marcha convocada por instituciones, fuerzas políticas, sindicatos y asociaciones, y numerosas empresas realizaron un paro de cinco minutos en repulsa al atentado.

Cinco meses después del atentado, la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados (PSOE, Alianza Popular, Centro Democrático Social, CIU, PNV, Partido Demócrata Popular, Partido Liberal, Partido Comunista de España y Euskadiko Ezquerra) acordaron firmar el Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo para rechazar la legitimidad de ETA y exigir a la banda que dejara las armas. A este acuerdo no se sumó el partido de izquierda abertzale Herri Batasuna, que entonces contaba con cinco escaños en la Cámara Baja.

La falta de diligencia de las fuerzas policiales para evitar el atentado, probada por la propia Audiencia Nacional, hizo que una de las víctimas, Álvaro Cabrerizo, y posteriormente trece víctimas de forma conjunta, presentaran en 1994 ante el Tribunal Supremo una demanda contra el Estado por la no evacuación del centro comercial tras el aviso de bomba. El Supremo acabó condenando a la Administración como responsable civil subsidiario por el "mal funcionamiento" de las fuerzas de seguridad y tuvo que indemnizar a esas 13 víctimas. A otras 30 le fueron denegadas por, según Interior, solicitarlas fuera de plazo.

La sentencia explicaba que "no se hizo absolutamente nada para intentar el desalojo e impedir que el público y vehículos siguieran entrando y saliendo" y responsabiliza a los cuerpos policiales y al centro comercial de su inacción: "En ningún momento se efectuó más investigación que la que la dirección de Hipercor encomendó a sus Guardias de Seguridad, sin perros ni material de detección y con ello se conformó la policía (...) No es que digamos que la policía no hizo correctamente lo que tenía que hacer, es que, sencillamente, no hizo nada". El texto concluía que aunque la Administración no tenía la culpa del atentado ni tal vez podía evitarlo, sí podría haber mitigado las consecuencias del ataque.

Detrás del atentado estaban cuatro terroristas, Josefa-Mercedes Ernaga y Domingo Troitiño, condenados por la Audiencia Nacional en 1989 a 794 años de cárcel, y Santiago Arróspide (conocido como 'Santi Potros' y señalado como el cerebro de la operación) y Rafael Caride, que participaron en su ejecución y fueron condenados catorce años después a 790 años de prisión.

Uno de ellos, Rafael Caride, mantuvo un encuentro autorizado por el Ministerio del Interior en 2012 con Roberto Manrique, una de las víctimas del atentado en el centro comercial donde trabajaba. Ante su víctima aseguró que estaba "tremendamente arrepentido" tras acogerse a la conocida como 'Vía Nanclares', una fórmula creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que los terroristas puedan reinsertarse en la sociedad y obtener beneficios penitenciarios a cambio de condiciones como arrepentirse, pedir perdón o renunciar públicamente a ETA. Manrique, tras el encuentro, afirmó que Caride "se había dado cuenta de que el camino del terrorismo no lleva a ningún sitio".

Actualmente, Santi Potros se encuentra libre tras su excarcelación el mes de agosto de 2018 después de pasar 30 años en prisión (trece años en cárceles de Francia, donde fue detenido dos meses después del atentado de Hipercor, y el resto en centros españoles).

Caride quedó en libertad en 2019 tras 26 años en prisión. También se acogió a la llamada 'Vía Nanclares', por lo que en 2017 la Audiencia Nacional flexibilizó su situación (con salidas reguladas y pulseras para su control telemático) después de que el juez José Luis Castro destacara su arrepentimiento y el haber participado en programas de reparación de víctimas.

Josefa Ernaga, salió de prisión en 2014 tras 27 años en la cárcel y después de recurrir la doctrina Parot, una jurisprudencia que permitía hacer más larga la estancia en la cárcel de los etarras y que fue rechazada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El último de los responsables del atentado de Hipercor, Domingo Troitiño, también se encuentra en libertad y fue otro de los beneficiados por la anulación de la ‘doctrina Parot’ que le permitió abandonar la cárcel coruñesa de Teixeiro en noviembre de 2013 tras 26 años encarcelado.