La policía belga, responsable de la investigación sobre la presunta red de compra de voluntades forjada por Marruecos en el seno del Parlamento Europeo, analizó el cambio de postura de España frente al conflicto histórico de la soberanía en el Sahara Occidental en el seno de la investigación que terminó con la detención, entre otros, de la vicepresidenta del parlamento europeo Eva Kaili. 

En un informe anterior a las detenciones, que fue enviado a la Justicia el 15 de julio de 2022, la Dirección contra el Crimen Organizado (DJSOC)  de la Policía Judicial belga trató de contextualizar las tensiones e intereses que Marruecos tenía en el seno de la Unión Europea y aportó al magistrado encargado del caso una serie de artículos encontrados “en fuentes abiertas”. El primero de ellos es un análisis publicado por el periodista español Ignacio Cembrero en el medio francés Le Monde Diplomatique, con el título “Madrid apacigua a Rabat pero provoca a Argel”. El trabajo periodístico analiza la “soprendente” decisión de Pedro Sánchez de cambiar la postura tradicional del Gobierno español sobre el Sahara, en beneficio de Marruecos.

El acercamiento español a Marruecos llamó también la atención de varios servicios de inteligencia extranjeros. El VSSE belga elaboró entonces con el apoyo de otros servicios como el francés, un informe confidencial sobre la posible compra de voluntades del servicio secreto marroquí en suelo de la Unión Europea. Ese documento, que para el VSSE belga recibe el código NA/2022/1073/222/099/06 fue desclasificado por la Justicia del país e incluido en la investigación sobre presunta corrupción en el Parlamento Europeo. Según fuentes conocedoras de su contenido, el documento reflejaba en verano de 2022 la duda del servicio de inteligencia belga sobre el motivo del acercamiento entre el Gobierno español y Marruecos con el asunto del Sahara. El análisis de inteligencia, donde aparecen ya los nombres de los principales investigados en este caso, fue incluido como “anexo 17” en el informe que la policía judicial preparó en verano de 2002, seis meses antes de las detenciones.

El dos de mayo de 2022, un mes antes de la elaboración de este documento policial, el Gobierno español hizo público el espionaje telefónico sufrido por el presidente Pedro Sánchez y por los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. La vulneración de los teléfonos se produjo según el pronunciamiento oficial en dos ocasiones durante el verano de 2021. El caso fue denunciado en España pero la Audiencia Nacional no ha determinado todavía la autoría del hackeo, producido con Pegasus, el software espía distribuido por la empresa de seguridad israelí NSO. Sin embargo, la comisión de investigación sobre Pegasus del Parlamento Europeo ya ha señalado directamente a Marruecos como presumible autor de esos pinchazos. Tal y como desveló NIUS, el país árabe tramó una red de presión en Bruselas y colocó presuntamente a un diputado bajo su influencia en esta comisión para orientar sus pronunciamientos. Pero según los informes policiales, no fue el único movimiento en la sombra.

De hecho, los informes preliminares sobre la causa dejan claro que los primeros compases de la investigación arrancaron por las continuas injerencias de Marruecos en Bruselas, detectadas por los servicios de información de varios países. Para ejemplificar las maniobras de Rabat, los agentes incluyen en su informe nueve artículos distintos sobre la vinculación entre Marruecos y el uso de Pegasus. Es en ese contexto en el que aparece el análisis periodístico sobre el cambio de postura del Gobierno español en el Sahara. 

Además, los agentes incluyen para su análisis el listado de diputados de la comisión Pegasus, de la Comisión para los Derechos Humanos del Parlamento Europeo y sobre todo de la Comisión Parlamentaria Mixta Marruecos-Unión Europea. Este dato es clave, ya que los agentes belgas sospechan que este grupo de trabajo sirvió como caladero para captar diputados y comprar voluntades por parte de Marruecos. Como presidente de esta entidad estuvo durante diez años y hasta 2019 el diplomático Abderrahim Atmoun, al que los informes policiales belgas definen como un presunto reclutador para el servicio secreto marroquí. Armour, embajador alauí en Polonia fue además el hombre encargado de las relaciones entre Marruecos y el senado francés entre 2009 y 2015. El servicio de inteligencia belga (VSSE) registró varias reuniones entre los principales diputados investigados, de origen italiano, y el diplomático en Varsovia, además del presunto interés de ambos por reunirse 

Los informes policiales destacan que sería la pareja de Eva Kaili, el asesor parlamentario Francisco Giorgi, quien haría de puente entre los principales investigados en el seno de la cámara, con los enlaces en la inteligencia marroquí. Por un lado, el político italiano suministraría información a Pier Antonio Panzier, fuera del Parlamento Europeo desde 2019 y que sería el principal enlace con la diplomacia marroquí. Y por otro, se encargaría de repartir los fondos aportados por Marruecos a los cargos electos del Parlamento Europeo. De hecho, el informe de la policía belja refleja, cinco meses antes de las primeras detenciones, que Panzieri habría recibido en efectivo 700.000 euros por parte de Marruecos. La cifra es prácticamente similar a la encontrada en diciembre en poder de Francisco Giorgi. Tanto él como Panzieri han reconocido los cobros, pero el segundo los desliga de Marruecos y los vincula a la diplomacia catarí. Panzieri esgrime además que desde 2019 no ostenta cargo electo alguno en las instituciones europeas.