Marruecos colocó a un eurodiputado vinculado con su servicio secreto en la comisión del Parlamento Europeo que investiga el uso de Pegasus en territorio de la UE, y que analiza por tanto el espionaje cometido contra miembros del Gobierno español, entre los que estaba el presidente, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según la documentación que hoy desvela NIUS, el servicio secreto belga investigaba ya en 2018 la presunta compra de voluntades por parte de Marruecos en suelo de la UE, en una operación que partiría directamente del máximo responsable de los espías marroquíes, Mohamed Yassine Mansouri, jefe de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), o lo que es lo mismo, el servicio secreto marroquí. 

Según las conclusiones del servicio secreto belga, que trabajó en colaboración con otros servicios de información miembros de la UE, Marruecos montó presuntamente un sistema de compra de voluntades que afectaba directamente a dos parlamentarios italianos, Antonio Panzeri y Andrea Cozzolino, responsables en plazos consecutivos de la Delegación Para las Relaciones con los Países del Magreb además de otras entidades parlamentarias como la Comisión Mixta Marruecos-UE. Los agentes belgas consideran que Panzeri colaboraba con los espías marroquíes al menos desde 2014. Según los informes judiciales, el segundo recibió presuntamente instrucciones del servicio secreto marroquí para formar parte de la comisión Pegasus dentro del Parlamento Europeo, cuando Panzeri había abandonado ya la cámara.

Para ello, el DGED marroquí utilizaría de enlace a un segundo eslabón, un empresario llamado Mohamed Belharache, que según la documentación aportada a la causa formaría parte también del servicio secreto. Belharache fue investigado ya en 2008 por la Justicia belga ante la sospecha de que trató de "captar" a un policía de fronteras. Además, bajo su mando, siempre según los informes del caso, operaría un diplomático nombrado oficialmente por Marruecos, el embajador alauí en Polonia, llamado Abderrahim Atmoun, al que los informes belgas señalan como un “reclutador” para los servicios secretos del país árabe.

Según fuentes conocedoras del caso, el interés de Rabat en controlar los movimientos de la Comisión Pegasus del Parlamento Europeo sería doble: primero condicionar las investigaciones sobre el espionaje a varios líderes políticos y presidentes de la Unión Europea, entre los que estaba Pedro Sánchez, y por el que ha sido señalado de forma directa el Gobierno de Rabat,  y después condicionar también las investigaciones que apuntan al Ejecutivo español por pinchar con este mismo software el teléfono de los líderes independentistas catalanes. De hecho, los trabajos de investigación de esta comisión siguen abiertos y los informes emitidos apuntan a Marruecos como presunto autor del espionaje a varios líderes políticos y opositores.

Sin embargo y según las pesquisas del caso, las pretensiones del servicio secreto marroquí no acabaron aquí, ya que según la documentación que revela hoy NIUS, la red de compra de voluntades montada por Marruecos en Bruselas pudo influir en la elección de diputados para "varias comisiones", en votaciones y dictámenes, en el informe anual de Política Exterior y Seguridad Común que cada ejercicio firma la Eurocámara e incluso en la nominación de candidatos para el premio Sajarov a la Libertad de Conciencia, el galardón más importante que concede la Unión Europea en materia de Derechos Humanos, que requiere de la firma de 40 diputados para formalizar una candidatura.    

Según la documentación judicial, el apodado como caso Qatar-Gate arranca en realidad con una investigación sobre los intentos de injerencia de Marruecos en la Unión Europea desarrollada por varios servicios de inteligencia de la UE que actuaron en colaboración. Las conclusiones principales de estos movimientos ilegales se plasmaron, en el caso del servicio secreto belga, en un informe de inteligencia clasificado con el código NA/2022/1073/222/099/06. Este documento, que no ha trascendido, es el que contiene las motivaciones y las principales conclusiones sobre la investigación contra los espías marroquíes en suelo de la UE desde el punto de vista de los servicios de inteligencia. Después, los agentes de la Policía Judicial belga, y en concreto de la Dirección de Investigación sobre Organizaciones Criminales (DJSOC), tomaron las conclusiones de ese informe y pasaron a investigar las repercusiones penales que esta presunta red pudo tener en su territorio. Y así llegó a los juzgados el caso que ha desvelado la presunta corrupción en el seno de la UE y supuso la detención de la vicepresidenta de la Eurocámara el pasado mes de diciembre.

En un informe emitido el 15 de julio de 2022, medio año antes de las primeras detenciones, los agentes belgas reflejan que la red de influencia pagada por Marruecos sería la que presionó para que la diputada socialista griega Eva Kaili llegase a ser vicepresidenta del Parlamento Europeo. Según la misma fuente, los dos principales señalados por sus relaciones con el servicio secreto marroquí, los diputados italianos Panzeri y Cozzolino, tenían como subalterno y heredero político a otro joven llamado Francesco Giorgi, asistente del Parlamento Europeo desde 2009 y en ese momento, pareja sentimental de la griega Eva Kaili. En ese momento, los informes policiales reflejan que “no se puede afirmar” el conocimiento y la implicación de la vicepresidenta del Parlamento Europeo en la trama, pese a las presiones del grupo de investigados para que fuera elegida.

Su mención en estos primeros informes es además una baza clara para la defensa de la exmandataria europea, ya que según su planteamiento, Kaili no podría ser investigada por su cargo sin que los agentes pidieran antes un suplicatorio para revocar su aforamiento. Algo que en ese momento no había sucedido y que la ex número dos del Parlamento Europeo ha recordado ya en las entrevistas concedidas la pasada semana, dejando entrever una de sus principales líneas de defensa. Cabe recordar que su pareja alcanzó un pacto con la Fiscalía belga para asumir su responsabilidad, señaló directamente a sus mentores políticos pero dejó fuera de estas actividades presuntamente ilegales a la diputada griega.

En cualquier caso, los informes policiales reflejan que el VSSE, el servicio secreto belga, tenía conocimiento de los posibles contactos entre Panzeri, Cozzolino y el máximo responsable de los espías marroquíes. Según las pesquisas, Cozzolino -que está en prisión domiciliaria en Italia a la espera de ser extraditado a Bélgica y que ha negado recibir dinero alguno por parte de Qatar o Marruecos- se habría encontrado directamente con Mohamed Yassine Mansouri en Marruecos entre octubre y noviembre de 2019. Según la documentación develada ahora, el parlamentario italiano tenía un vuelo de Roma a Casablanca “reservado por un oficial de la DGED”. Sin embargo, los informes firmados por la policía belga reflejan que no hay constancia oficial de que Cozzolino subiera a esos aviones. De la misma forma, piensan que Panzeri se reunió con el líder del espionaje marroquí presuntamente en julio de 2021. “Y en octubre sería Panzieri el que pide un encuentro para transmitir directrices sobre el Parlamento Europeo”, reflejan los informes. Sin embargo, pese a las constancias del interés mutuo por mantener esas citas, los agentes belgas reconocen que “no se puede confirmar que estos encuentros se hayan ocurrido”.