El adelanto electoral anuncia do hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deja en el tintero varias normas de ámbito económico, industrial y laboral que el Ejecutivo tenía previsto sacar adelante, como el Estatuto del becario, la regulación de la jubilación parcial, la nueva tarifa regulada de la luz o la creación del defensor del cliente financiero.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de esta tarde el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones generales del próximo 23 de julio.

Con la disolución de las Cortes quedará en suspenso la tramitación del proyecto de ley con la última parte de la reforma de las pensiones, aunque no tendrá efectos en la práctica dado que la reforma proviene de un decreto ley en vigor ya convalidado por el Congreso, que recogía las cuestiones negociadas con los grupos parlamentarios.

Sí se paraliza la tramitación del proyecto de ley de Función Pública con una batería de medidas para modernizar el empleo público, entre las que destaca la creación de las evaluaciones de desempeño como un "incentivo" para premiar los buenos resultados, sin que pudiera suponer un despido.

El proyecto de ley, acordado con CCOO y UGT, también fomenta la promoción interna, a la que reserva al menos un 30 % de las plazas, así como la formación permanente, al tiempo que aumenta hasta el 10 % la reserva de plazas para personas con discapacidad.

Decaerá asimismo la tramitación de la ley de familias que incluye un permiso parental de 8 semanas que la legislación europea obliga a que sea retribuido, si bien desde el Gobierno ya se advirtió que había tiempo para su desarrollo hasta agosto de 2024.

Fruto del diálogo social entre Gobierno, sindicatos y patronal se esperaba aprobar en breve un decreto ley con el Estatuto del becario para poner coto a las prácticas extracurriculares, que son en las que se genera el mayor fraude.

El acuerdo estaba cerrado con los sindicatos CCOO y UGT desde hace meses, pero en un intento por atraer a la patronal CEOE-Cepyme se abrió de nuevo una negociación que aún no ha concluido y que podría no salir adelante, dado que el adelanto electoral traerá consigo la previsible paralización del diálogo social.

También en el diálogo social quería abordar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la regulación de la jubilación parcial con contrato de relevo, un compromiso adquirido en el marco de la reforma de las pensiones que se quedará sin desarrollo.

El ministro José Luis Escrivá sí que podrá concluir su plan para rebajar los requisitos establecidos para regularizar a inmigrantes sin papeles que lleven dos años en España y realicen una formación que permita su inclusión en el mercado laboral, porque en este caso se trata de una instrucción del Ministerio.

En la hoja de ruta del Ministerio de Trabajo y Economía Social había otras normas que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anunció en algún momento para esta legislatura, aunque los tiempos parlamentarios hacían pensar que quedarían para otro mandato.

Entre ellas, la denominada ley sobre los usos del tiempo, con la que se quería revisar la jornada actual de 40 horas semanales y abordar el uso fraudulento de las horas extra, además de actualizar el tipo de excedencias existentes y abordar la flexibilidad a través de las bolsas de horas.

Para el programa electoral quedará también el abordar la redacción de un Estatuto de los trabajadores del siglo XXI, que incluya la revisión de la causalidad del despido y la forma de indemnización, así como una reforma de la protección por desempleo, que además es uno de los hitos comprometidos con Bruselas para el segundo semestre del año en el ámbito del plan de recuperación.

Entre las cuestiones que le han quedado pendientes al Gobierno en materia de energía, está el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, por el que petroleras y gasistas, además de eléctricas, contribuirían en función de sus ingresos para dotarlo.

Ese fondo serviría para reducir los cargos de la factura de la electricidad, entre ellos las cantidades que todavía tiene que pagar el sistema por las primas a las renovables de primera generación.

Tampoco ha aprobado el Gobierno, hasta la fecha, la nueva tarifa regulada de la luz o PVPC, a la que se comprometió con Bruselas para que con Portugal a España se le autorizara una excepción para topar el precio del gas destinado a generación eléctrica en el mercado mayorista.

Por otro lado, en materia de industria ha quedado pendiente de tramitación parlamentaria la Ley de Industria que debe sustituir a la de 1992, y aún está pendiente de lanzar la segunda convocatoria del Perte VEC (Vehículo eléctrico y conectado), después de que en la primera tan sólo se adjudicaran 800 millones de euros de una dotación de 2.975 millones.

Como ya ocurrió con el gobierno anterior, queda pendiente en el Ministerio abordar el modelo de financiación de las autopistas con la implantación de un peaje en las autovías.

Con la convocatoria de elecciones, salta por los aires el proyecto de crear una Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una de las grandes apuestas de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, que permitiría a los usuarios reclamar ante un único organismo cuestiones bancarias, de seguros o de inversión financiera.

Tras su paso por el Congreso de los Diputados, el proyecto de ley llegaba esta semana al Senado con la idea de que en esta legislatura echara a andar la autoridad, que centralizaría las reclamaciones que ahora se presentan ante el Banco de España, la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con la disolución de las Cámaras decaerá también el proyecto de ley de Movilidad sostenible, en tramitación parlamentaria y una de las grandes apuestas de Transportes para esta legislatura, que perseguía convertirla en la herramienta para promover la descarbonización y digitalización del transporte.

El ministerio que dirige Raquel Sánchez tiene también abierta la creación de la autoridad independiente para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, así como la liberalización de siete torres de control (Bilbao, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Tenerife Norte y Tenerife Sur).