La corrupción en Melilla y Mojácar revela los agujeros del voto por correo

El fantasma del pucherazo se ha hecho real en las elecciones municipales de este 28 de mayo. Al menos 17 personas han sido detenidas en Melilla y Mojácar, en Almería, por dos tramas independientes de compra de votos por correo. Se trata de dos intentos de fraude aislados y sin relación entre sí. La repercusión electoral no está clara, pero ambos casos han acabado poniendo sobre la mesa algunos problemas de este sistema de voto, que requiere el DNI a la hora de recibir la documentación en casa, pero no a la hora de emitirlo, lo que facilita la operativa de compra de sufragios. Los dos intentos de fraude electoral han puesto un nuevo elemento en una campaña a la que ya le quedan pocas horas.

En la ciudad autónoma, donde no es la primera vez que algo así llega a los tribunales, el partido investigado es Coalición por Melilla, con un consejero y el yerno del presidente del partido, Mustafá Aberchán, entre los diez arrestados. En Mojácar, los detenidos son siete, dos de ellos, miembros de la candidatura socialista de esa localidad almeriense.

En Melilla, el consejero está cesado y en Mojácar, el número dos de la lista ha sido suspendido de militancia, aunque el otro, que iba en quinto lugar, no, porque no era militante. En cualquier caso, el PSOE ha asegurado que ninguno de los dos estará en el grupo municipal después de las elecciones. Eso sí las elecciones están tocadas en ambos sitios y no es descartable que acaben impugnadas.

La Junta Electoral Central y la de zona en Melilla, atajaron parcialmente el pucherazo, al decidir que se iba a exigir el DNI a todos aquellos que fueran a votar en las elecciones de la ciudad autónoma, lo hicieran desde donde lo hicieran. La decisión se tomó con más de 700 votos emitidos, que constarán como válidos, según ha decidido esta semana la Junta Electoral, para no privar del derecho a voto a las personas que lo hayan hecho legalmente.

En Melilla hay preocupación por más de 10.000 votos que se solicitaron por correo y que a 24 horas del fin del plazo para votar de esa forma no se han depositado.

El problema para la trama es que tras la decisión del viernes de la Junta Electoral Central, desde ese día hay que presentar el DNI a la hora de llevar el sufragio a la oficina de Correos. Y claro, con una investigación en marcha, eso puede hacer que la policía llegue hasta el meollo del asunto.

Las cuentas son las siguientes:

Eso no quiere decir que todos esos votos hayan sido comprados, pero muchos de ellos lo pudieron ser, por precios que oscilaron entre los 50 y los 200 euros.

Los investigadores intentan confirmar si la trama ha invertido más de un millón de euros en esta operativa, en la que había implicado al menos un miembro del Gobierno autónomo. Algunas fuentes hablan de que el origen puede estar en comisiones por concesiones por obras, finalmente utilizadas para garantizar la elección del partido implicado.

Según ha podido saber NIUS, durante los registros, los agentes han encontrado unos 200 votos que no se llegaron a emitir, pero siguen faltando muchos.

Lo de Melilla fue demasiado evidente. En un país, España, donde el voto por correo ronda el 3% del total del censo, las peticiones se situaron en un 20% en esa ciudad autónoma, el doble que hace cuatro años.

El Almería las solicitudes subieron un 5%, aunque todavía no se han dado datos de cuánto ascendió en Mojácar, donde los llamados a las urnas son algo más de 4.000 ciudadanos.

En esta localidad costera, fue un particular "afectado" el que denunció los hechos, pero de momento tampoco ha trascendido a cuántos votos ha podido afectar.

Los agentes investigan la oferta a personas con pocos recursos para que pidan el voto por correo a cambio de dinero. Cuando lo hacen, y reciben la documentación, la trama se puede encargar de llevar los votos a la oficina de correos, porque aunque se deben depositar de forma presencial, no se considera necesario que vaya el propio votante. Por eso no hay que presentar el DNI e incluso una persona puede llevar más de un sufragio.

La petición obligatoria del DNI para ese paso, ordenada por las juntas electorales Central y de Zona en Melilla, frena esa actuación, y la prueba puede ser la ausencia de esos 10.000 votos que nadie se ha atrevido a depositar en persona.

El propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dio por neutralizado el fraude y anunció la intención del Gobierno de reformar la Ley Electoral, para prevenir futuros fraudes, claro que esa reforma ya era inviable para el 28M.

Otro sistema que se utilizó en Melilla fue el robo de documentación, justo antes de entregarlo a los peticionarios. Varios carteros fueron asaltados y casi medio centenar de sobres sustraídos, aunque esa documentación sí fue anulada.

Las noticias sobre Melilla y Mojácar también están alimentando sospechas en más lugares. En la localidad alicantina de Bigastro, el PSOE ha denunciado que a la alcaldesa y candidata del PP, Teresa Belmonte, según relata el periódico La Verdad.

Según la denuncia de los socialistas, la alcaldesa habría intimidado y sobornado a distintos vecinos, muchos de ellos dependientes de ayudas sociales para que la votaran. Ella lo niega y responde al periódico alicantino que su equipo se ha limitado a ayudar a personas con problemas de movilidad para que pudieran votar.

Está por ver qué sale de la investigación en un municipio donde también se ha disparado el voto por correo, según los datos del PSOE, que afirma que de los 30 votos habituales que se piden por correo, este año se ha pasado a 170.