Jueces y fiscales dan margen a Justicia y posponen la huelga para seguir negociando

Cinco asociaciones de jueces y fiscales habían amenazado con una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, pero Justicia va a tener una semana más de margen para negociar, hasta el día 22, porque después de pedirles tiempo en su reunión negociadora de este miércoles, cuatro de esas asociaciones ya le han dicho que sí.

La Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Foro Judicial Independiente fueron las primeras en aceptar. Este jueves, casi a medio día se sumaba la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. La última en dar su opinión, la que más socios tiene en la judicatura, la Asociación Profesional de la Magistratura, APM. Según ha informado, han votado a favor de "suspender" la convocatoria original "como gesto de buena voluntad" y "a la espera de los avances que se produzcan en la Mesa de Retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial".

La reunión del jueves volvió a no ser suficiente para llegar a un acuerdo. Pero lo cierto es que las partes no se levantan de la mesa y la negociación sigue. El gesto de aplazar es un indicador de que las pares están en el camino. Justicia les había pedido retrasar el inicio del paro hasta el día 19, que es viernes, pero las cuatro asociaciones que han aceptado proponen dejar la fecha en el día 22, que es lunes.

Los jueces y los fiscales piden actualizar su salario, que prácticamente no se ha tocado en 20 años. Justicia les ofreció el martes 46 millones de euros, que son unos 490 al mes en los casos de mayor subida. Pero las cinco convocantes asociaciones no lo aceptaron tras más de seis horas de reunión. Las que sí lo aceptan son las asociaciones progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que de hecho, no se habían sumado a la convocatoria de huelga y decidió esperar a ver los frutos de las reuniones con la Mesa de Retribuciones.

La Asociación Francisco de Vitoria emitía un comunicado este jueves en el que celebraba que al menos se estuviera reuniendo la Mesa de Retribuciones, tras permanecer "inerte" durante más de una década.

El texto de la asociación respaldaba esperar al día 22 "desde la responsabilidad" y con la confianza de que el "margen" de una semana dado a Justicia "no se desperdicie".

El martes 17 de mayo, las siete asociaciones acudirán a una nueva reunión, en la que el Ministerio les hará entrega de un documento en el que habrá una oferta "inamovible". Al día siguiente, habrá un encuentro más en la que les tocará responder a las asociaciones, y decidir si aceptan o no lo que les entregue Justicia.

Jueces para la Democracia ha explicado que tras esas reuniones se abren varios escenarios. Si se aceptan, conflicto terminado. Si no, hay dos posibilidades: que la Mesa de Retribuciones se dé por concluida y no se mantenga la oferta para nadie; o que sigan las reuniones con las asociaciones que la acepten.

Justicia comenzó ofreciendo 44 millones de euros para jueces y fiscales. Eso suponía recuperar un 6% de la pérdida del poder adquisitivo que según las asociaciones ronda el 20%.

Pero en la segunda reunión el ministerio de Pilar Llop y el de Mª Jesús Montero, que es quien gestiona los fondos, la elevaron hasta los 46 millones.

Eso se traduciría en subidas salariales graduales, que irían desde subidas de 350 euros mensuales a casi 490.

Pero el dinero no es lo único sobre lo que se discute en esa mesa, porque también hay falta de medios. Al margen de la propuesta económica, Justicia y Hacienda han ofrecido a las asociaciones tener un papel relevante en el desarrollo de las tres leyes de eficiencia que están en la fase final de su tramitación parlamentaria y que forman parte del plan de Justicia 2030.

Tras solucionar el conflicto con los Letrados de la Administración de Justicia, que estuvieron dos meses de huelga hasta lograr unos 450 euros mensuales de subida, Justicia ha visto como le llegaban la amenaza de huelga de jueces y fiscales y los paros de los funcionarios de Justicia.

Se trata de 45.000 trabajadores que piden unos 200 millones para subir sus salarios y amenazan con una huelga total e indefinida a partir del 22 de mayo.