Si el Gobierno cuenta con la mesa del Consejo de Ministros y el BOE para calentar la campaña electoral, el Partido Popular va a utilizar el Congreso y el comodín de Bruselas para lanzar una ofensiva de desgaste contra el presidente Pedro Sánchez y movilizar el electorado popular. En vísperas de la reunión de Sánchez con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, Alberto Núñez Feijóo exigía ayer explicaciones por el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para desplegar dos nuevos destructores en la base naval de Rota. No sólo eso. Los populares quieren además forzar una votación en el Congreso sobre el aumento de la presencia de tropas estadounidenses en suelo español algo que el Ejecutivo ya ha avisado que no ocurrirá.

“Esos nuevos barcos de guerra necesitan el conocimiento exacto de la soberanía popular española y el acuerdo del Congreso. Comprendo la dificultad que tiene un Gobierno roto en materia de defensa y en política exterior”, presionaba ayer Feijóo con la intención última de visibilizar la división en el seno del Ejecutivo también en materia de defensa y política exterior a las puertas de la campaña electoral.

Como no se va a producir esa votación Génova pedirá la comparecencia del presidente del Gobierno pero eso también será en vano. La ministra de Margarita Robles informará en la comisión de Defensa del Congreso del despliegue de dos nuevos destructores en Rota y que se firmará antes de que se produzca el encuentro entre Sánchez y Biden en Washington este viernes.

La doble negativa de Moncloa de someter a votación este nuevo acuerdo con Estados Unidos y de que sea el presidente el que dé cuentas del mismo no desanima a los populares. Les sirve para acusarle de romper de forma unilateral la política exterior, de defensa y el “consenso internacional de nuestra relación con Estados Unidos” mientras Feijóo cultiva su perfil presidenciable ofreciendo unos votos del PP que Sánchez no necesita. Al menos en esta ocasión.

“Estamos ante un Gobierno atípico, ‘Frankenstein’, que tiene dentro de la propia coalición partidos anti OTAN, antioccidente y antinorteamericanos”, atornillaba golpeando con los líos internos del Gobierno de coalición y que más penaliza el votante moderado del PSOE.

El otro comodín que los populares no van a dudar en usar para acorralar al presidente del Gobierno es el de Bruselas. Si la Comisión europea reclama armonizar las penas por corrupción en todos los países de la Unión, Feijóo propone a Sánchez negociar el endurecimiento de las penas por malversación durante lo queda de mayo y el mes de junio. Si el comisario de Justicia, Didier Reynders, cree conveniente desbloquear el Poder Judicial antes de que España presida el semestre europeo, Feijóo fuerza una votación en el Congreso la próxima semana para que los jueces elijan a los jueces. “En ambos temas Europa saca a España los colores”, sostienen desde el entorno del presidente popular.

Eso les permite llevar la iniciativa del relato aunque ni la propuesta para armonizar la malversación en toda Europa es para ahora y aún le queda por delante un largo recorrido, ni Reynders ha exigido que se modifique ya el sistema para nombrar a los doce vocales del Consejo Poder Judicial. Lo que pide es renovar el CGPJ antes de julio y eso interpela directamente también al PP aunque ellos no se sienten concernidos.  

En el Partido Popular ven casi imposible que se puede desbloquear el Poder Judicial en lo que resta de legislatura. Denuncian que no ha habido contacto alguno con Sánchez desde que la negociación saltó por los aires a finales de octubre por culpa de la eliminación de la sedición. Ahora no vinculan la sedición ni tampoco la reforma de la malversación con renovar el Consejo pero su hoja de ruta y sus condiciones no han variado desde entonces: primero cambiar el modelo de elección de los jueces y después desbloquear. Lo que sí dejan meridianamente claro es que si Feijóo llega a La Moncloa recuperarán la sedición, endurecerán las penas por corrupción y volverán a tipificar como delito la convocatoria del referéndum ilegal.

De momento los populares prefieren apretar con la malversación para desgastar al Gobierno y a Sánchez. Aseguran que como con la ley del ‘sólo sí es sí’ la rebaja de penas por corrupción ya está produciendo los primeros efectos. Señalan el caso del expresidente de Ivercaria al que la Audiencia de Sevilla ha suspendido su ingreso en prisión después de que pidiera revisar su pena por el cambio en la malversación. Tomás Pérez-Sauquillo fue condenado a tres años y medio de prisión por conceder de forma arbitraria cien mil euros a una empresa de aceitunas para que pusiera en marcha una línea erótica de olivas de mesa.