Los sucesivos anuncios de Pedro Sánchez en materia de vivienda están capitalizando la precampaña electoral y se han convertido en el último foco de tensión en el seno del Gobierno de coalición. El último realizado este domingo por el presidente del Gobierno para avalar a través de una línea de créditos del ICO hasta el 20% de la compra de la primera vivienda para jóvenes y familias con menores ha enfadado a Podemos y a otros partidos situados a la izquierda del PSOE que están bajo el paraguas de Sumar.

La propia Yolanda Díaz está en contra de la medida porque "va en la dirección opuesta" a la ley de vivienda. La vicepresidenta considera que ese tipo de avales ya han sido aplicados en otros lugares con "resultados fallidos" y alerta además de que pueden tener consecuencias inflacionistas.

La propuesta se va a aprobar este mismo martes en el Consejo de Ministros con el rechazo frontal de Podemos que ha salido en tromba con todo su arsenal para dejar claro que no conocía esa medida y que no la comparte. Infame, contraria al interés general, medida del PP, de Ana Patricia Botín (presidenta del Bando Santander) y que favorece la especulación. Son los calificativos que le han dedicado los máximos dirigentes morados a una iniciativa que el ala socialista del Gobierno espera que pueda beneficiar a 50.000 personas.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, defiende que la iniciativa da respuesta a un sector de la población que quiere acceder a una vivienda en propiedad. En el PSOE echan balones fuera sobre las críticas de su socio minoritario y las enmarcan en el clima electoral que vive España donde se "magnifican las palabras y los comentarios". Este jueves a las 12 de la noche arranca oficialmente la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y todos los partidos buscan marcar su perfil propio.

"El acceso a la vivienda es una causa nacional", escribió Pedro Sánchez en Twitter tras reunirse con colectivos del sector este lunes. El presidente convocó en La Moncloa a representantes de Sepes, la Sareb, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y a otros miembros de sector inmobiliario.

Es ahora mismo la máxima prioridad para el Gobierno aunque los últimos pasos dados por Sánchez en solitario han evidenciado que el PSOE va por un camino y Podemos por otro. Más allá de la aprobación hace unas semanas de la primera ley de vivienda de la democracia que regula el precio del alquiler en las zonas tensionadas, el goteo de anuncios para construir vivienda pública para alquiler asequible han sido calificados por los morados como electoralistas. En total, 183.000 viviendas.

En el PSOE minimizan el enfado de Podemos. Reivindican todos los recursos que ha movilizado el Gobierno para facilitar el acceso a una vivienda que tiene como objetivo crear un parque público de inmuebles asequibles y pasar del 2,5% actual al 9% que es la media de los países europeos. En ese contexto señalan que los avales del ICO para la compra de la primera vivienda es una medida más dentro de un plan ambicioso. "Hay que ser conscientes de que hay una realidad en nuestros país y es que muchas personas quieren optar por la compra de vivienda", señaló la ministra Raquel Sánchez. "Esta medida no va contra nadie", subrayó la portavoz socialista y ministra de Educación, Pilar Alegría, que se mostró convencida de que Podemos está "satisfecho" con la política integral de vivienda.

Precisamente lo que exige Podemos es que la ley de vivienda se cumpla en todos sus términos y de forma íntegra para luchar contra la especulación haciendo hincapié en el límite a las subidas de los precios del alquiler y en la ampliación del parque público de vivienda barata. Para el partido morado, la propuesta de Sánchez -de la que se enteró durante el mitin del presidente en Canarias- fomenta la "burbuja inmobiliaria" que provocó hace unos años resultados "catastróficos" en nuestro país.

Fue la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la que marcó la línea estratégica de su partido al denunciar que ese tipo de medidas son las que quieren y proponen el PP y Ana Patricia Botín y ya han fracasado en Reino Unido. Vuelve a presentar a Podemos como el partido del Gobierno que defiende el interés general frente de los socialistas. "No compartimos en modo alguno la propuesta de Sánchez", sentenció el portavoz de la formación Pablo Fernández que exigió al jefe del Ejecutivo que traslade a la presidenta del Banco Santander que las entidades financieras aporten más ante el aumento de sus beneficios.

Para Podemos, sus candidatos y los de Izquierda Unida son los únicos que garantizarán que se cumpla la normativa estatal de vivienda en los diferentes territorios. Los morados reclaman a Sánchez valentía para crear una inmobiliaria pública y gravar con un nuevo impuesto el 20% del total de la compraventa en operaciones de adquisición y venta de pisos en menos de dos años.

En esta ocasión, el resto de fuerzas políticas de la izquierda se ha pronunciado en los mismos términos que Podemos. El ministro de Consumo y coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, consideró que "el camino no es el de facilitar las formas de comprar a los precios de mercado, sino intervenir sobre esos propios precios para reducir esas cantidades elevadísimas". Insistió en que la solución pasa por tener un stock de vivienda pública suficiente que permita a la población acceder a una casa sin tener que dedicar la mayoría de su renta al alquiler.

La alcaldesa de Barcelona y líder de En Comú Podem, Ada Colau, también señaló como "un error" subvencionar el endeudamiento de las familias para comprar una vivienda. El máximo responsable de Más País, Íñigo Errejón, tampoco comparte la propuesta porque a su juicio "infla" el precio de las vivienda. "Que el Estado funcione como avalista para la compra de vivienda de aquellos que ya se lo pueden permitir es una transferencia de dinero público a manos privadas", señaló.

La medida tendrá que ser aprobada en el Congreso de los Diputados y el Gobierno necesitará apoyos. En el PP apoyan los avales públicos aunque acusan a Sánchez de "plagiar" y hacer tarde un "copia y pega" de una medida que ya está en marcha en algunas de las comunidades donde gobierna el partido de Alberto Núñez Feijóo. Eso le sirve a los socialistas para proclamar que esta vez esperan que el PP, al que tachan como el parrido del "anti todo", vote a favor.