Jueces y fiscales, al borde de la huelga: "En 20 años nos han revisado una vez el sueldo y fue para bajarlo"

Álex tiene 38 años, vive en Palma de Mallorca y no puede comprar una casa, porque en Baleares "todo es muy caro"; Cada tarde y cada fin de semana, Laura se lleva cada el trabajo a su casa, en Castellón, para poder redactar las sentencias de las que no puede ocuparse en su horario de trabajo; Alfonso cobra 150 euros por una semana de guardia en Guadix, Granada, por ocho días en los que está disponible las 24 horas para cualquier asunto en el que se le requiera, como el levantamiento de cadáver que ha tenido que certificar horas antes de la llamada de NIUS; Fátima es jueza desde 2009, suele llegar a su casa a las nueve de la noche, y explica que la única vez que se ha revisado su salario fue para bajarlo, en el año 2010.

Los cuatro son miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación mayoritaria de jueces en España, considerada conservadora, aunque Alfonso asegura que no se identifica como tal y todos ellos insisten en la idea de que la imagen trasladada de la Justicia en los últimos tiempos es errónea: "No somos fachas ni machistas", "somos personas normales con un trabajo que nos encanta y al que le ponemos mucho de nuestra vida y de nuestro tiempo"; "el juez medio hoy en día es una mujer joven, nada que ver con la imagen que tienen muchas personas del juez, que es el de las películas americanas"; "es cierto que tenemos una responsabilidad elevada, y por eso mismo debemos cobrar más", son algunas de las frases que pronuncian en esta entrevista con NIUS, en vísperas de la convocatoria de huelga que han hecho tres asociaciones judiciales y dos de fiscales para el 16 de mayo si no se atienden sus reclamaciones.

Ninguno quiere ir a la huelga, pero no son optimistas ante la reunión de la mesa de retribuciones que se reúne este miércoles y en la que Justicia y Hacienda verán si hay forma de subirles el salario. El encuentro se produce un mes después de que los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) consiguieran un aumento de 450 euros tras dos meses de huelga indefinida. Los jueces que hablan con NIUS respetan el acuerdo de los LAJ, y aseguran que la amenaza de huelga no es "política" ni "electoralista", y que son reivindicaciones que llevan muchos años haciendo. Recuerdan que en octubre se conformaron con la respuesta de que no "había dinero para subirles el sueldo"; sin embargo, tras la huelga de los LAJ se encontraron con que "sí había dinero" para sus compañeros de juzgado, y consideran que también lo tiene que haber para ellos y para sus juzgados.

Laura nos atiende por teléfono desde su despacho en Castellón. Son las diez de la mañana y sobre la mesa tiene varios asuntos que acaban de entrar en su juzgado de lo Social, una jurisdicción "muy sensible donde todos los asuntos son urgentes", dice con impotencia, porque no podrá resolverlos con la celeridad que ella cree necesaria.

"Hablamos de despidos, de declaraciones de incapacidad, de ingreso mínimo vital o de despidos colectivos" que, a su juicio, deberían resolverse en tres meses, pero que de media, tardarán medio año en tener una respuesta, por la falta de medios.

Esta magistrada explica que en España la litigiosidad es muy alta, es decir, que se va mucho a los juzgados; que además todo es revisable y apelable, porque estamos en un sistema muy garantista; y que por otra parte, el número de jueces por habitante es de 11 cada 100.000, mientras que en la Unión Europea es de 17.

Su grano de arena para paliar esta situación es el sobreseñalamiento, es decir se pone más juicios de los que le corresponderían. Celebra juicios tres días a la semana, en lugar de dos, y en cada una de esas jornadas ve 15 casos en la Sala de Vistas.

Pero ni así consigue dar respuesta en el tiempo deseado a los asuntos que llegan: "Aquí tengo una carta por despido disciplinario, recurrido por improcedente, que veremos en noviembre"; "Y aquí una reclamación de cantidad de una señora de la limpieza que gana 596 euros al mes. No le han pagado entre agosto y octubre de 2022, pero lo suyo lo veremos en marzo de 2024".

Para ella sería fundamental adecuar el número de jueces porque considera que los 5.320 que hay a día de hoy es una cifra "ridícula" y que además la situación va a agravarse, porque viene una ola de jubilaciones del "baby boom" que a afectar de lleno en la Justicia.

Pese a todo, asegura que le "encanta su trabajo", pero cree que ya es hora de que se retribuya mejor, porque desde que les bajaron el sueldo en 2010, nunca se ha recuperado.

Un juez en España cobra unos 2.500 euros al mes con complementos, Laura admite que no "es comparable a lo de la señora de la limpieza", pero señala que "la responsabilidad es elevada y el sueldo debe ser acorde", porque además, buena parte de la independencia de un jurista depende del sueldo", para que pueda ejercer su labor sin injerencias.

Asegura que no es una huelga política y que llevan muchos años reclamando mejoras, tanto con el PSOE como con el PP, pero "el único lenguaje que entienden es el de la huelga", lamenta.

"Lo que pasa es que ya hemos sido muy pacientes", y encima nos critican continuamente. Se nos critica, se nos llama fachas, machistas... yo soy delegada para violencia de género, veo casos a diario y no tengo nada de machista", pero la realidad es que esos mensajes solo hacen que la gente desconfíe de nosotros", no debería ser así, lamenta.

En la misma línea habla Alfonso Peralta, titular de uno de los dos juzgados de Guadix, en Granada. Se trata de un juzgado mixto "de la España vaciada, del interior de Granada", describe este magistrado destinado en un partido judicial de 50.000 habitantes repartidos en una veintena de pueblos.

Como todos sus compañeros ve un problema de medios y hace hincapié en la necesidad de una reorganización que en territorios como el suyo comarcarlizara algunos juzgados para optimizar recursos y agilizar los procedimientos.

Y como el resto, también incide en la necesidad de una mejora salarial, porque "La independencia judicial ha de serlo en su vertiente económica, con sueldos acordes a nuestra función y responsabilidad", apunta.

Para este juez lo que está ocurriendo, cada vez más, es que se da una fuga de talentos, "hay muchos compañeros que se van a lo privado o a otras instituciones, y un salario adecuado sería bueno para desanimar del abandono o también para evitar corruptelas".

Pero más allá de eso, señala que el Ministerio tiene que "cumplir la Ley", porque la mesa de retribuciones debe convocarse cada cinco años, pero llevan esperando desde 2010. Sí que ha habido encuentros y reuniones, pero nunca se ha concretado nada en ellos.

Alfonso remarca que siempre se les da la misma respuesta, que "no hay dinero", pero señala que luego se ve cómo a otros funcionarios, como los de Hacienda, sí se les da", por eso pide que se invierta más en Justicia.

Sobre la situación de su juzgado, la respuesta es que "está mal", porque hay una gran carga de trabajo con una litigiosidad que no para de aumentar. "Te inundan de procedimientos" y se ha llegado a una situación en la que los tiempos de respuesta se alargan mucho.

Además, hay otros problemas, como los medios tecnológicos. Alfonso Peralta los conoce mucho y bien, y no entiende por qué a veces es imposible hacer una videoconferencia desde el juzgado, pese a haber un sistema creado para ello, y sin embargo, desde el móvil no hay ningún problema para conectar.

La clave para él está en la inversión en Justicia. Pero está convencido de que es una inversión que no da votos y que los jueces son grandes desconocidos: "A veces me dicen que no parezco juez", dice sonriendo este padre de familia que como el resto de sus compañeros busca horas en su tiempo libre para "el trabajo intelectual, el que realmente requiere esfuerzo y que al final siempre se hace en casa".

Y luego están las guardias en partidos judiciales como el suyo. 150 euros por ocho días de guardia, pendiente del teléfono, disponible las 24 horas y con llamadas "para todo": "Levantamientos de cadáveres, habeas corpus, una búsqueda y captura...los motivos para llamar al juez son de lo más variado y no hay día que no suene el teléfono", asegura.

Para Alfonso, la falta de adecuación salarial, la escasez de personal, las críticas a los jueces, "que nunca van a contestar", o el estado de los edificios son elementos que se suman y han generado un "hartazgo" en el sector.

Alejandro González Mariscal de Gante, Alex para los que le conocen, también sabe lo que es "estar para todo", incluso para salir a comprar un paquete de folios a la calle porque el juzgado se ha quedado sin ellos. Este magistrado de 38 años está destinado en Palma de Mallorca, en un juzgado de lo Contencioso Administrativo.

Nos explica que los jueces de Baleares han sido los únicos de toda España que han votado no a la huelga en la consulta que les han hecho las asociaciones y que ha sido apoyada por un 70% de la judicatura consultada de todo el territorio nacional.

Los jueces de ese archipiélago se encuentran con un problema añadido, que afecta a toda la población, y son los precios de las islas. Alejandro, por ejemplo, explica que, por muy magistrado que sea, su sueldo no le da para comprar una vivienda. Y es que según el representante balear de la APM, "hace 20 años, el poder adquisitivo de un juez era el doble del de ahora".

Para él, la reivindicación salarial y la de mejora de los medios, van de la mano y son parte de lo mismo: "Es una cuestión de inversión en justicia, que se convierta en una prioridad. Y eso implica mejores sedes, más medios o salarios más dignos, todo está conectado", responde.

A la hora de ser comprendidos por la ciudadanía, Alejandro cree que la gente tiene tan asimilada la lentitud de la Justicia, que no le da importancia. Pero asegura que los tiempos de respuesta no solo deberían ser más cortos, sino que "pueden serlo" y que ahora mismo es el esfuerzo de jueces, fiscales, y funcionarios lo que evita que se dilaten todavía más.

Pero al mismo tiempo, apuntala la idea de que no se trata de que haya una avalancha de nuevos jueces, porque el objetivo es "la excelencia", una Justicia "rápida profesional y de calidad". Por eso considera que hay que proponer buenas condiciones para quien vaya a dedicarse a la labor de impartir justicia.

A este magistrado le preguntamos qué haría si ahora mismo tuviera un cheque en blanco en las manos para solucionar los problemas de su juzgado, y responde así: "Lo primero, actualizar los salarios de todos los trabajadores, porque harían mejor trabajo, y lo segundo, informatizarlo adecuadamente, que no existan sistemas informáticos distintos entre comunidades ni servidores que se cuelgan cada dos por tres".

En su caso, tienen política de papel 0, así que cuando el sistema se queda colgado, en su juzgado no se puede trabajar, porque no tienen acceso a nada.

González rechaza la acusación del Ministerio de que es una huelga política ni de que las reivindicaciones han nacido al calor de éxito del paro de los LAJ: "Habríamos llegado a este punto igual con o sin huelga de los LAJ. Yo no digo que muchos no aprovechen la cresta de la ola para reclamar, pero no puedes decirlos de quienes llevamos desde 2008 reuniéndonos con Justicia que esto es nuevo".

En ese sentido, recuerda que en la época de Dolores Delgado como ministra de Justicia, hubo una voluntad de convocar la mesa, pero no salió nada; y que en septiembre de 2022 hubo otro intento del que se descolgó Hacienda. En octubre les dijeron que "no había dinero" y se lo creyeron, y en marzo llegó el éxito del paro indefinido de los LAJ: "Nos despertamos con la noticia de que sí había dinero, parece que si aprietas sí hay dinero", asevera a menos de una semana de la reunión de la Mesa de Retribuciones.

Fatima Beardo está al frente de Juzgado de lo social nº 18 de Madrid, en una inmensa sede ubicada junto a la Plaza de España de la capital. Como sus compañeros, abarca muchos más asuntos de los que le correspondería y está "harta" de la escasez de jueces, de las críticas que reciben, y de la larga espera para ver su salario actualizado.

Además , Fátima es la delegada de Decanato en los juzgados de lo Social, y conoce los datos al dedillo. En primer lugar, nos habla de la carga de trabajo, que según una orden ministerial de 2018, debería ser de 800 asuntos por órgano judicial al año. Sin embargo, los asuntos que entran en cada juzgado de lo social al año son 1.140, muy por encima de lo estipulado.

Además, cada vez entran más asuntos. En 2022, los 47 juzgados de lo Social de Madrid recibieron 54.992 causas de algún tipo, también por encima de lo marcado. Pero también, los asuntos resueltos se incrementan, asegura Fátima que señala "el esfuerzo y total dedicación de los magistrados y magistradas de los distintos Juzgados" que tienen una tasa de resolución del 130%, según los datos que nos ofrece.

Fátima también nos da los datos salariales, según los cuales, un juez empieza cobrando 1.740 euros al mes y puede llegar a los 2.317. Los trienios suponen 49,59 euros más al mes.

Igual que sus compañeros, recuerda la bajada de 2010, que fue de un 9,73% del sueldo y de un 5% del complemento. "Eso nunca se ha recuperado", afirma la magistrada, que señala que cualquier mejora que haya podido haber es la común a todos los funcionarios.

Pese a todo, espera que todo se solucione sin llegar a la huelga convocada por tres asociaciones para el 16 de mayo. No entiende que se piense que son unos "privilegiados": "Si unes nuestro régimen de incompatibilidades, nuestra responsabilidad y la formación que tenemos, ves que no somos privilegiados. Lo que sí somos es un Poder del Estado, pero el incremento del presupuesto para Justicia, solo ha sido del 0.3%".

Fátima asegura que lo que nos cuenta, es la sensación de cualquier juez de la calle, que ella no habla de asociaciones, sino del trabajo que hacen, con juicios "siempre por encima de la media" en una jurisdicción -la de lo Social- por la que al final acabamos pasando la mayoría de los ciudadanos.