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Moncloa ha situado la vivienda como principal eje de la precampaña electoral. El presidente Pedro Sánchez aprovecha sus comparecencias públicas para prometer miles de pisos en alquiler barato mientras intenta retratar a las comunidades en las que gobierna el Partido Popular como unas insumisas que se niegan a cumplir una ley que pretender rebajar los precios de unas viviendas inalcanzables para la gran mayoría de los jóvenes del país. Munición electoral para los socialistas que creen tener una baza ganadora de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
Sánchez ayer lanzaba un ultimátum al PP y a sus barones territoriales. "Ya le puede decir a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la ley en todos los territorios", avisaba desde el Congreso de los Diputados a la número dos del PP , Cuca Gamarra. Una advertencia que no ha hecho ninguna mella en los populares.
Su jefe Alberto Núñez Feijóo ha dejado en manos de sus comunidades la respuesta. En el PP tienen muy claro que el aviso del presidente del Gobierno no tiene ningún recorrido porque las competencias en materia de vivienda están transferidas. Eso mientras se piensan si ellos como partido presentarán su propio recurso ante el Tribunal Constitucional. El lunes pasado reconocían que "todos los escenarios están abiertos" abonando ya ese terreno.
Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia han dicho que no aplicarán la ley en los aspectos que no sean de "obligado cumplimiento" y anticipan ya una dura batalla competencial con Moncloa que podrían terminar arbitrando los tribunales. La ley que hoy aprueba el Congreso marca que son las comunidades autónomas las que tiene la competencia declarar o no una zona de vivienda tensionada. Traducido: no piensan declarar zonas tensionadas y por tanto no toparán los alquileres en los lugares en los que se ha disparado el precio de los arrendamientos con el argumento de que esa medida supondrá en la práctica encarecer los alquileres porque la oferta se contraerá.
El País Vasco también ha mostrado sus reticencias porque invade sus competencias. "La ley entra hasta en la cocina en el ámbito competencial vasco", se quejaba la semana pasada el lehendakari Íñigo Urkullu aunque las competencias en materia de vivienda en su Ejecutivo están en manos de los socialistas vascos.
Génova tampoco da ninguna credibilidad a los anuncios constantes del presidente del Gobierno prometiendo poner en circulación hasta 183.000 viviendas de protección oficial. Aseguran que Sánchez no tiene capacidad para arremangarse y ponerse el casco de obra porque la administración central no puede construir a no ser que sea en suelos de titularidad estatal. En este caso serían los terrenos comprometidos de Defensa y esos hay que pagarlos como se ha encargado de recordar Margarita Robles. La ministra reconocía ayer que la ley obliga a cobrar un "justiprecio" por los suelos que ya han dejado de tener uso militar.
"Es como si Sánchez dice que va a construir hospitales. No puede hacerlo aunque quiera porque la intervención general del Estado no le permite un gasto sobre el que no tiene competencias", afirma un destacado miembro de la dirección nacional.
Creen que este "goteo" constante de pisos buscando el titular a Sánchez se le terminará volviendo en contra. "No se lo cree nadie. No creo que la estrategia sea la adecuada. Un goteo cada cuarto de hora es contraproducente", advierte este dirigente que burlón asimila a Sánchez con 'Mil Anuncios'.
Las comunidades autónomas del PP hacen oídos sordos al ultimátum de Sánchez seguras de que en el pulso de competencias tienen todas las de ganar. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abandera como siempre la rebelión y llevará la confrontación hasta el final y ya ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional. Mientras cumplirán únicamente los aspectos "imperativos" de la ley de vivienda pero ejercerán su "autogobierno" en aquello en lo que les permita la norma.
Ayer era su consejero Enrique López el encargado de contestar el órdago del presidente utilizando el comodín de declararse víctima de las políticas de Pedro Sánchez y de su doble vara de medir. "Ya nos gustaría que el presidente del Gobierno se mostrase igual de enérgico contra los que incumplen la ley de una manera absolutamente constatada y contrastada como ha ocurrido con el gobierno, por ejemplo, de la Generalitat", subrayaba.
La Junta de Andalucía esperará a leer el texto definitivo antes de impugnarla en los tribunales. Ya tiene bastante con la batalla abierta con el Gobierno por Doñana como para abrir otro frente más. Así que su presidente Juanma Moreno de momento se limita a reclamar "grandes consensos" en materia de vivienda antes de pasar a la pantalla del Constitucional y contraataca anunciando la construcción de 4.000 casas distribuidas por todas las provincias.
El presidente de la Xunta de Galicia apuesta por la misma estrategia que Moreno. Ejerciendo sus competencias Alfonso Rueda se ha marcado como objetivo llegar a las 5.600 inmuebles para alquiler social en tres años. Casi un millar las construirá el propio Instituto Galego de Vivienda y Suelo.
En Murcia su presidente vende sus propias medidas basadas en ayudas directas para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda. Su presidente Fernando López Moras presume de ser el primero en poner en marcha el 'Aval joven' para los menores de 35 años o la ayuda al alquiler joven de 360 euros al mes.
Castilla y León ha optado por las dos fórmulas. Promete construir más de 1.200 viviendas bajo el modelo de cooperativa y cheques de 376 euros al mes para pagar el alquiler a los jóvenes por debajo de los 36 años además de rebajar un 20% el precio de la vivienda pública rural.
Eso también se dirimirá en las urnas este 28 de mayo con la ley de vivienda aprobada definitivamente en plena campaña electoral. El modelo de topar los alquileres de Sánchez o las ayudas directas y los cheques que defiende el Partido Popular y sus comunidades autónomas.