El PP centra la semana en vender su plan de vivienda como réplica a la "fantasmada" de los anuncios de alquiler social de Sánchez

El Gobierno ha conseguido virar la agenda política de la reforma de la ley del 'sólo sí es sí' que le sigue factura o la marcha de Ferrovial a los Países Bajos y centrar el debate político en una ley de vivienda con la que aspiran a seducir al votante joven y amarrar los votos de la izquierda. Eso ha obligado al Partido Popular a contraatacar con su propio plan basado en ayudas directas a los jóvenes, más ladrillo y más incentivos fiscales para ganarse (esperan) el favor de las clases medias. Además de medidas antiokupación que entran en vena entre su electorado y que convertirán en uno de los ejes de su campaña.

Los populares aseguran en que llevan "semanas" trabajando en una propuesta que su líder, Alberto Núñez Feijóo, empezó a detallar sin demasiada concreción ayer al mismo tiempo que el Consejo de ministros movilizaba 50.000 viviendas de la Sareb. Hoy su responsable económico será el encargado de poner negro sobre blanco la letra pequeña del mismo.

Eso mientras sus barones territoriales se preparan ya para plantar cara al presidente Pedro Sánchez y su intención de topar los alquileres. Génova niega que vaya a lanzar a sus comunidades autónomas contra la ley de vivienda pero sí las respaldará si deciden recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Ayer el Gobierno advertía a Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia de que "no tienen otra".

"Nosotros no vamos a incumplir la ley pero la leeremos detenidamente porque de momento no tenemos el texto. Veremos si invade competencias y si es costitucional", avisan desde el entorno del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo. A partir de ahí la dirección nacional del partido conservador deja manos libres a sus barones territoriales y a sus equipos jurídicos respectivos para recurrirla pero insisten en que "no hay instrucciones" para implementar una acción concertada contra el Ejecutivo de coalición. Creen que sus territorios tienen margen para acudir al Tribunal Constitucional si finalmente la ley establece mecanismos para obligar a topar los precios del alquiler.

Lo que sí tienen claro es que presentarán su propia ley de vivienda en cuanto lleguen a La Moncloa si ganan las elecciones generales de diciembre. "Esta no es nuestra ley. Esta es la ley de Podemos y Bildu que el PSOE nunca asumió hasta ahora", insisten desde el núcleo duro de Feijóo mientras anticipan parte de su plan alternativo.

La propuesta estrella: un cheque único de mil euros para que los jóvenes compren o alquilen y así puedan emanciparse (aunque no han concretado ni rango de edad ni nivel de renta de los que podrán beneficiarse de esta medida); aumentar las cesiones de suelo público para abaratar un 40% el alquiler, y un paquete de incentivos fiscales que hoy detallarán. Feijóo también prometía ayer desalojar las viviendas 'okupadas' en 24 horas desde una azotea de Madrid con vistas a la Puerta del Sol (el reino de Isabel Díaz Ayuso) y rodeado de jóvenes de nuevas generaciones del PP.

Todo articulado en un Pacto de estado de Vivienda que en esta ocasión no remitirán al presidente Pedro Sánchez porque en todo este tiempo "han perdido la fe" sobre que se lo lea y aún menos que les hagan caso.

La dirección nacional del PP niega que ese cheque para los jóvenes pueda denominarse una "paguita". Ese es el término que normalmente utilizan los populares para criticar las ayudas directas que el Gobierno de Sánchez ha aprobado a lo largo de esta legislatura. "Dar pasta a todo el mundo sin límites de renta para videojuegos no es lo mismo que ayudar a la gente a vivir con un límite de renta", explican los colaboradores de Feijóo sin querer desvelar todavía dónde situarán ese umbral de renta.

Génova critica además que con una recaudación récord y con los precios y las hipotecas disparadas Sánchez no se rasque el bolsillo y no haya planteado ayudas directas como las que ellos proponen o incentivos fiscales. "Hacen mucha política con el bolsillo de los demás. Subir el SMI está bien pero quien lo paga es la empresa. Este plan de vivienda topa los precios a costa del propietario. Al final ellos no ponen la solución sino que obligan a los demás a ponerla", aseguran mientras afean al Ejecutivo de coalición que haya convertido a los propietarios de un piso "en el enemigo a batir".

Además de estas medidas y ayudas propuestas por Feijóo ayer, los populares detallarán hoy un paquete de medidas fiscales. Entre otras podrían rescatar su propuesta de hace unos meses de recuperar la deducción fiscal por adquisición de primera vivienda para los inmuebles adquiridos entre 2013 y este año y que quitó Mariano Rajoy.

Son propuestas con las que los populares creen que podrán adelantar el Gobierno en la carrera electoral y en el que la vivienda se ha situado ya en uno de los principales campos de batalla. Consideran que el plan del Gobierno es una "fantasmada" y un "tomadura de pelo" y que lo de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb "no soluciona nada". En cambio su paquete de medidas de ayudas directas e incentivos fiscales y su oposición frontal a topar los alquileres les garantiza el voto de la clase media "que tiene un piso heredado de sus padres y que han puesto en alquiler y con el que afronta el pago de la hipoteca de otro". En esa situación "no sólo hay gente que vota al PP, también hay mucho votante socialista", advierten.

De gatillo fácil, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera en anunciar que recurrirá la ley de vivienda. Ayuso, anunciaba el lunes que no piensa aplicarla donde no sea obligatorio y que la recurrirá "a todos los tribunales". Tirando del argumentario que manejan todos los dirigentes populares -desde Feijóo al último de sus alcaldes- considera que "en el momento en que te entrometes en el precio de las viviendas baja la oferta y se disparan los precios". La lideresa madrileña se declaraba una vez más la primera víctima de las políticas de Pedro Sánchez que según ella sólo busca "colapsar" y "eclipsar" las medidas puestas en marcha por su Ejecutivo y es "una improvisación" del Ejecutivo de Pedro Sánchez y "un atropello contra la propiedad" que provocará efectos distintos como disparar los precios y "desplomar" la oferta.

La Junta de Andalucía por su parte advertía de que mirará con lupa el texto del Gobierno para certificar que no vulnera sus competencias autonómicas y que se ciñe a la legislación española vigente. Avisa que de lo contrario adoptará las medidas "oportunas". Fuentes del Ejecutivo de Juanma Moreno aseguran que hay informes, como el del Consejo General del Poder Judicial, que advierten "del difícil encaje de esta ley, dado que las competencias en vivienda son autonómicas". Es en eso en lo que se piensan escudar.

Andalucía, pero también Castilla y León (que tiene su propia ley que incluye la vivienda colaborativa de protección pública) y Galicia reclaman la convocatoria urgente de la Conferencia sectorial de vivienda y suelo, mientras Murcia manifestaba su preocupación porque la ley del Gobierno "menoscaba la propiedad privada y la libertad de los ciudadanos".