Jueza, murciana, de 54 años y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Es Victoria Rosell, miembro del equipo de Igualdad de Irene Montero y gran defensora de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como el 'solo sí es sí', aunque ella llama por sus siglas, LOGILS.

A unos días de que el Congreso debata la reforma de esa Ley, Rosell habla con NIUS y defiende con pasión el trabajo hecho con la norma, que considera mal entendida por parte de numerosos juristas. Asegura que no ha visto aún una sentencia, de las que le han llegado, en la que se haya aplicado bien la Ley y recuerda que tiene el apoyo de la Fiscalía y que aún está por ver cómo analiza el Supremo las revisiones que se han dictado en otros tribunales.

En cualquier caso, recrimina que el PSOE la quiera cambiar sin que se hayan vistos sus verdaderos efectos y que haya presentado una reforma a golpe de "noticias publicadas" o de "polémicas". No solo eso, recuerda a los socialistas, que el cálculo de penas, la transitoriedad y todo lo que tiene que ver con los castigos fueron cosa del equipo de Justicia, en tiempos de Juan Carlos Campo, con el que hicieron una ley perfectamente acordada, como todas las que se aprueban en el Consejo de Ministros.

Pregunta: Falta menos de una semana para que se debata la reforma a la LOGILS (Ley Orgánica Garantía Integral de Libertad Sexual), también llamada del "solo sí es sí". ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo con el PSOE?

Respuesta: En el equipo de Igualdad no descartamos sentarnos en cualquier momento para intentar llegar a un acuerdo progresista y feminista para una ley que ahora mismo está en peligro y con ella el progreso de las mujeres. Puede haber un retroceso del que nos cueste recuperarnos más de una década.

A nivel europeo está habiendo algunos retrocesos y España es una referencia. Y justo ahora, a punto de ocupar la presidencia de la Unión Europea, sería gravemente simbólico que España viviera su primer retroceso en la aplicación del Convenio de Estambul, del Consejo de Europa y de los derechos de las mujeres.

Las reuniones siguen e incluso el lunes, antes de la ponencia, también hemos dicho que estamos disponibles. Hay voluntad de hablar, hay disposición. Nos gustaría que toda la mayoría de investidura fuera a la vez y hablando con sinceridad y no a través de los medios sobre los defectos que hay en la propuesta del Grupo Socialista.

P.: ¿Las líneas rojas de Igualdad están en las enmiendas presentadas por Podemos?

R.: Nosotras apoyamos las penas que contiene la ley tal y como está ahora, pero desde el principio hemos estado abiertas a hablar. A ver, la propuesta del PSOE contiene texto que es nuestro. Por ejemplo, hay una cláusula que se ha quitado en el artículo 180 del Código Penal, que permitía a algunos tribunales entender incluida en la intimidación las agravantes de grupo, discapacidad o vulnerabilidad de la víctima y no aplicarlas como agravantes, y la hemos quitado.

Eso era consecuencia del sistema de la violencia o la intimidación, que ha llevado a sentencias que concurriendo discapacidad o varios agresores no lo aplicaran y lo consideraran intimidación.

Pero sobre todo, nuestra línea roja, que es la del GREVIO (Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica), la del Convenio de Estambul y la del movimiento feminista, era no alterar el sistema del consentimiento. La reforma que se propone de artículo 178 lo degrada y vuelve al viejo esquema: de agresiones sexuales con violencia o intimidación, y agresiones sexuales sin ella.

Nuestro plan A eran un par de retoques para restringir esa interpretación judicial que inaplica agravantes; el plan B, un retoque en las penas de menores de 16. Pero sobre todo, no alterar sistema del consentimiento.

Está claro que el PSOE ha caído en la línea del PP y de Vox, y que lo que agrada al PP y a Vox para las leyes de Igualdad parece evidente que perjudica a las mujeres.

De hecho, solo hay que ver las enmiendas del PP y de Vox. Los dos están de acuerdo esencialmente en volver al viejo sistema de violencia e intimidación, cada uno con sus particularidades El PP quiere recuperar la atenuación de las agresiones sexuales a mayores de 16 y menores de 18; en cuanto a Vox, llega a pedir prisión permanente revisable para las manadas diciendo que además son gente de otra cultura. Yo creo que no se acuerda bien de que en la de San Fermín había un guardia civil y un militar.

No se pueden reformar leyes por noticias publicadas o por polémicas.

P.: ¿En qué cambia que se eleven las penas con agravantes, como propone Podemos, o con subtipos penales, como quiere el PSOE?

R.: Es sustancial. Con la LOGILS, si eres la víctima de una agresión sexual, lo eres. Primero eres víctima y si luego aparecen lesiones del tipo que sea en un parte, se agravan las penas.

Pero si es determinante de qué tipo de agresión hablamos, vuelves al viejo sistema, porque entonces hay un tipo atenuado sin violencia y otro agravado con violencia.

P.: La ministra de Justicia ha dicho que presentar la enmienda supone reconocer errores en la ley. ¿Eso es así?

R.: Me da mucha pena oír eso, porque las penas, la decisión de cómo se articulaba el derecho transitorio, el establecimiento de las penas máximas y el cálculo de las sentencias que creímos que se podían revisar lo hizo Justicia. A quien se estarían achacando errores sería al anterior equipo de Justicia.

Cualquiera que haya estado en un Gobierno o esté en el Congreso sabe que en este país no se toca una pena o una palabra del Código Penal sin que lo lidere el Ministerio de Justicia.

Nuestra parte de la Ley es la integral y la parte del Código Penal es del Ministerio de Justicia. Aunque nos hemos tragado por responsabilidad y lealtad institucional muchas de las críticas. Además, recuerdo que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado.

Pero si a alguien enmienda la reforma del PSOE es al anterior equipo del Ministerio de Justicia. Es un sistema completo y bueno que no se ha entendido. El equipo de Campo calculó en un 2% las sentencias susceptibles de revisión, teniendo muy claro que sería con hechos muy leves, de tentativa.

Además, el CGPJ no ha hecho públicos los efectos de esta ley, no en las sentencias anteriores, sino en los delitos juzgados con esta ley, con todos los delitos nuevos que contiene, todas las penas nuevas... Esto lo ha preguntado el CGPJ pero el Observatorio no lo está haciendo público y lo cierto es que es muy favorable a las mujeres y desfavorable para los agresores.

P.: ¿Cuáles serían algunos ejemplos de nuevos castigos, cómo se favorece a las mujeres?

R.: Por ejemplo se vio en el caso de los jugadores del Arandina, se impuso una inhabilitación para cualquier trabajo o actividad con menores de edad, incluso no retribuida. Es decir, a los agresores que están con menores. En actividades de ocio, campamentos, deportivas, etc., se les puede apartar de esos entornos.

La policía y la Fiscalía tienen que recoger esos datos, por ejemplo si ven que un investigado por agresión está en una parroquia con menores , lo llevan a la instrucción. Ahí, los fiscales y la acusación particular podrán pedir que se le inhabilite para estar con menores. Hablamos de inhabilitaciones de hasta 20 años.

Después, hay delitos que se endurecen, como el acoso, que ya no exige que te afecte "gravemente" a tu vida diaria, sino simplemente que te afecte a esa vida diaria. Por no hablar del acoso callejero, que se incluye por primera vez y es totalmente nuevo.

Luego está La difusión de mensajes íntimos o sexuales incluso, aunque inicialmente fueran consentidos; o la inclusión de las mujeres víctimas de agresiones sexuales internadas en CIES o CETIS, en el artículo 443, que castiga específicamente a los funcionarios que abusen de las internas y que hasta ahora sólo tenía en cuenta cárceles y calabozos.

Otra, una norma que prevé la retirada de contenidos en Internet de forma cautelar. Todas esas cosas se pueden hacer gracias a la Ley.

El problema es que no han entendido lo de las penas. Yo hace dos años que ofrecí al director de la Escuela Judicial, y me lo acepó formalmente, un programa. Formación, con las propositoras de la Ley, con una persona del Consejo Fiscal e incluso con una víctima que narra muy bien las piedras que se ha ido encontrando por camino. Ese programa pasaba por explicar que no podían seguir acudiendo al esquema anterior. Oye, que yo como jueza también tengo ese esquema en la cabeza. Durante los trabajos, nos costaba ver la aplicación de algunas penas, y finalmente cuando lo sumábamos, lo veíamos.

Pero es que no es eso solo. Cuando hablamos del artículo 2.2 del Código Penal, el que obliga a aplicar la Ley que más favorece al reo, dice "toda la ley", no dice "los trozos de la ley más favorables al reo", y muchos tribunales están troceando la norma.

P.: A día de hoy, ha habido 978 revisiones de condena. ¿Son 978 sentencias erróneas?

R.: El Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo previó un 2% de revisiones. Te aseguro que se hicieron ficticiamente muchas revisiones, con las sentencias en la mano. De las que hemos ido conocido, no he visto ninguna, sinceramente, que haya aplicado bien la ley.

Además, hay que esperar. Dicen que la Fiscalía ya tiene unos cien recursos preparados, y todavía no tenemos ninguna revisión vista por el Supremo.

P.: Los días 6 y 7 de junio hay un pleno monográfico del Supremo que abordará una veintena de revisiones. ¿Cambiará algo?

R.: El Supremo podría haber hecho esto mucho antes. No hace falta ver las sentencias para ver los riesgos Así se hizo cuando entraron en vigor los juicios rápidos, por ejemplo.

Sí creo que el Supremo no va a variar su propia jurisprudencia sobre el derecho transitorio (en la que acepta las disposiciones transitorias de las leyes anteriores). Y sobre todo, va a decir a muchos tribunales que deben aplicar la ley entera.

Ahora bien, también creo que el pleno llega tarde, además con la reforma aprobada y en junio habrá perdido su utilidad.

P.: ¿Debería haberse celebrado antes de las elecciones municipales y autonómicas?

R.: Es que creo que esto no tiene nada que ver con las elecciones, no es lo mismo que cuando hablamos de la imputación de un aforado, es decir, no es una decisión judicial que pueda dañar a un partido o a otro, sino una cuestión de seguridad jurídica. Las víctimas piden seguridad jurídica y no deberíamos haber llegado al escenario de si puede incidir o no en el debate electoral y que realmente ha habido una reacción muy tardía.

Las propias juntas de audiencias, contradictorias entre sí, debieron ser motivo para que se abordara y el Supremo reaccionara a tiempo.