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Hasta este miércoles, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo era la única con todas sus plazas cubiertas, pero la jubilación de Miguel Colmenero ha cambiado eso. Ahora, las cinco salas están tocadas y las vacantes suman 22. Cuando acabe este año, serán 24, prácticamente un tercio del total de plazas, que son 79. 24, claro, si no hay ninguna otra contingencia y ningún magistrado se va por propia voluntad.
Solo dos cosas podrían cambiar eso: la primera, un desbloqueo de las negociones entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, aunque no hay una sola señal que indique que eso puede ocurrir, entre otras cosas porque estamos en año doblemente electoral; la otra opción, que el Tribunal Constitucional avale los recursos del PP y de Vox contra la reforma que vetó al CGPJ para nombrar jueces mientras esté en funciones, aunque eso no está nada claro.
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, se ha tomado muy en serio la tarea de sacar adelante decisiones que llevan tiempo esperando en el Tribunal Constitucional. La reforma que limitó los nombramientos, aprobada hace dos años, está recurrida desde entonces. La voluntad del tribunal es sacar adelante una sentencia en junio, después de las elecciones municipales del 28 de mayo, por las implicaciones políticas del asunto.
Está por ver la línea de argumentación de un tribunal de mayoría progresista que tiene que ver recursos interpuestos por Vox y por PP y que afectan de lleno al Poder Judicial.
Mientras, en el Consejo General del Poder Judicial, los sectores progresista y conservador lo viven, cada uno, a su manera, aunque ambos parecen encaminarse resignados al quinto año de bloqueo.
Los progresistas intentaron forzar la renovación, con un amago de dimisión en bloque que no prosperó y ahora mantienen un perfil bajo. Además, sus fuerzas se han mermado con la salida de Concepción Sáez, que presentó su renuncia "harta" de la parálisis a la que está sometido el órgano de gobierno de los jueces.
Los conservadores también están en compás de espera. Ellos nunca han querido hablar de una dimisión en bloque y se mantienen en la postura de pedir que haya renovación o, que si no la hay, se les permita nombrar jueces, una posibilidad que los progresistas no contemplan.
Varias veces ha lamentado el Tribunal del Supremo su situación, que se comenzó a detectar hace meses. Cesar Tolosa, actual magistrado del Tribunal Constitucional y expresidente de la afectadísima Sala de lo Contencioso Administrativo, llegó a tomar medidas para reorganizar las secciones. Pero lo cierto es que la situación va a peor, y que además de las jubilaciones, siempre puede haber imprevistos que la empeoren aún más.
El 18 de julio se jubilará la actual presidenta de la Sala de lo Social, Rosa María Virolés; y el 7 de septiembre, lo hará el magistrado de lo Militar Fernando Pignatelli. Cuando ellos se vayan, serán 24 vacantes en un tribunal con 79 asientos, algo inédito.
En privado, algunos magistrados del Supremo muestran su malestar y desesperación y califican la situación de "alucinante" y "muy preocupante". Como en el CGPJ, en el Alto Tribunal se ha confiado muchas veces en que los intentos de renovación llegaran a buen puerto, pero ninguna se ha traducido en una renovación que afecta a toda la cúpula judicial.
La limitación para nombrar jueces por parte del CGPJ no solo afecta al Tribunal Supremo. Porque también a ese órgano le corresponden las designaciones de los magistrados de la Audiencia Nacional, las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia. En total, la cúpula judicial presenta 80 bajas (contando las del Supremo) y cuando acabe el año, serán casi 90, solo por motivos de jubilación.