"Doñana no se toca, es patrimonio de los andaluces y de los españoles. Y no se va a tocar". Así de rotundo se expresó este miércoles Pedro Sánchez contra la ampliación de regadíos en Doñana cuyo primer paso ha aprobado el parlamento de Andalucía con los votos de PP y Vox. "Esta es la cuestión, que unos y otros, la ultraderecha y la derecha, lo que hacen es negar la evidencia científica, negar la posibilidad de que exista una emergencia climática", recalcó el presidente del Gobierno en un mitin en Burgos.

Por tierra, mar y aire el Gobiero ha lanzado una batalla frontal contra este plan de la Junta de Andalucía. Prueba de ello fue que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico se recorrió radios y televisiones este miércoles tanto por la mañana como por la tarde. "Es como hacer una barbacoa con los cuadros del Museo del Prado", llegó a decir Teresa Ribera en una entrevista en La Sexta.

Doñana esta considerada la mayor reserva ecológica de Europa y de las más importantes a nivel mundial. La fauna y la flora, así como sus paisajes, hacen de este espacio natural declarado Patrimonio de la Humanidad, un lugar único en España. En medio de una tensa polémica, los 70 votos que PP y Vox tienen en el parlamento andaluz - muy por encima de la mayoría absoluta- han permitido aprobar el trámite de lo que será ley para legalizar más cultivos de regadío.

Hubo mucha tensión en el parlamento y bronca política. Sobre todo cuando una diputada de Adelante tiró arena en el escaño del presidente de la Junta, Juanma Moreno. En total se quieren legalizar 1.500 hectáreas. Esta joya de la biodiversidad está en un punto crítico. Ha perdido más de la mitad de las lagunas por falta de lluvia y la sobreexplotación de su acuífero.

De momento, se ha dado luz verde a iniciar el trámite parlamentario, pero cuando sea ley el Gobierno de Sánchez ya ha anunciado que intenterá frenarla. El Ejecutivo se muestra dispuesto a recurrirla al Tribunal Constitucional. Además Europa está vigilante y ya ha anunciado que podría aplicar graves sanciones económicas a España.

La Comisión Europea dijo a mediados de febrero que está dispuesta a utilizar "rápidamente todos los medios disponibles" para garantizar la ejecución de una sentencia de la Justicia europea que condenó a España en 2021 por no proteger los humedales de Doñana, unos de los "más destacados" de Europa.

La directora general de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, Florika Fink-Hooijer, envió una carta a las autoridades españolas para transmitir su preocupación e instarlas a aplicar cuanto antes las medidas necesarias para hacer cumplir la sentencia judicial.

"Lamento profundamente que haya setenta diputados del Parlamento de Andalucía que hayan respaldado de forma tan irresponsable con su voto la toma en consideración de esa ley", defendió Ribera a última hora de la tarde. Ribera dijo que es una maniobra "de regate corto" y "puramente electoralista". Pero además añadió añadido que la norma termine en un cajón o "en una papelera, de donde nunca debería haber salido".

Falta mes y medio para las elecciones locales de las que depende el control de la Diputación de Huelva, uno de los objetivos más perseguidos por el PP. Los populares necesitan recortar unos 35.000 votos a los socialistas en los próximos comicios con respecto a 2019. Pero, a juzgar por la reacción del Gobierno, ahora los socialistas también parecen dispuestos a enarbolar electoralmente y más allá de Huelva la bandera ecologista que les pone en bandeja la decisión de la junta andaluza.

Ribera subrayó el riesgo reputacional que esta situación genera y la "alerta" que esta "amenaza adicional" ha despertado "inmediatamente" en Bruselas donde España debe reportar el cumplimiento de los compromisos adquiridos lo que deja abierta la posibilidad de que la Comisión Europea plantee multas coercitivas "y habrá que ver quien las va a pagar".

Tanto o más de rotunda, de contudente o de enfadada se mostró la vicepresidenta en otras tantas entrevistas. Ribera acusó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, de quien considera que está empleando la "táctica propia del acosador" en la que la culpa es del acosado, que en este caso es el Parque Nacional de Doñana, un enclave que le da igual "esquilmar".

"Es una barbaridad que atenta contra los onubenses, que engaña a aquellos que en realidad no van a poder recibir ese agua que no existe", insitió la titular de Transición Ecológica.

"Sí, me parece que es arrogancia de señorito que dispara con pólvora del rey a un elevado coste para todos los demás y sin ningún fundamento de garantía y ninguna viabilidad, por eso digo que creo que le desacredita, le desacredita como persona que se supone tiene que defender el interés general, el interés particular", censuró la vicepresidenta.

Muy distinto se expresó, como era lógico, el presidente de la Junta. Juanma Moreno consideró una "enorme frivolidad" que quienes han permitido "que se vulneren los acuíferos" durante tantos años teniendo las competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), hablen ahora de "defender a Doñana".

En declaraciones a los periodistas, Moreno así a la vicepresidenta Ribera. "Ahora, cuando queremos poner una solución para taponar el subsuelo, para que nadie pueda conseguir agua del subsuelo, cuando ponemos una ley de punto final, para que no se amplíen los regadíos, para poner orden en el caos que han creado ellos durante tantos años de gobierno, nos dicen eso. Sorprendente", ha subrayado Juanma Moreno.

Censuró que "ni una sola vez" el Gobierno de España haya convocado a la Junta de Andalucía para negociar sobre este asunto "ni se ha sentado en una mesa para negociar", y mientras tanto, "tienen a una provincia encendida", por lo que ha advertido de que "un parque no se defiende con una población en contra".

Preguntado por las críticas de los ecologistas a la proposición de ley, Moreno reiteró que "nadie" va a defender más el Parque Natural de Doñana que la Junta de Andalucía, que considera que se trata de "una joya inexpugnable y que tiene el máximo de protección legal". Moreno además, no teme que haya sanciones por parte de la Unión Europea porque a las autoridades europeas se les van a explicar "las cosas de manera correcta para que sepan y no caigan en las falsedades que se están diciendo por parte del Gobierno de España".