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Las negociaciones para desbloquear la ley de vivienda están en una fase decisiva. Tanto el PSOE como Podemos, los dos socios del Gobierno de coalición, quieren aprobarla antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo para que sus candidatos puedan utilizarla como un reclamo electoral en campaña. Las dos partes admiten que se trata de un proyecto clave de la legislatura -será la primera ley de vivienda estatal de la democracia-, el gran compromiso pendiente de cumplir del pacto firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en 2019 y que serviría como un revulsivo para el Gobierno en el tramo final de la legislatura.
La ley está atascada en la Comisión de Transportes del Congreso desde hace meses. Se presentaron cientos de enmiendas que se han negociado entre PSOE, Podemos, ERC y Bildu alcanzando algunos acuerdos, aunque el escollo principal sigue estando en la regulación de los precios del alquiler. Socialistas y morados mandan señales contradictorias sobre cómo está la negociación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo hace un mes que el acuerdo era inminente, "cuestión de horas", a falta de cerrar algunos flecos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, enfrió las expectativas.
Un mes después las conversaciones se mantienen con intensidad. En Podemos señalan que no hay novedades y aprietan al PSOE para que de forma urgente adopte medidas "valientes" para poner topes a los precios. Los socialistas expresan su voluntad de aprobar la ley, pero no se atreven a poner una fecha concreta. La secretaria general del grupo parlamentario, Isaura Leal, abrió la horquilla entre las "próximas semanas o meses". Eso sí, siempre en esta legislatura.
El calendario parlamentario apremia y cada vez queda menos tiempo para conseguir el objetivo para el 28M. Solo quedan cuatro semanas de pleno antes de las elecciones. Los grupos deberían llegar a un acuerdo para cerrar las enmiendas, elaborar el dictamen de la ley y que pasase el trámite de comisión antes de ir al pleno del Congreso y después al del Senado.
Fuentes de Podemos sostienen que puede pasar una cosa y la contraria mientras que en el PSOE son más optimistas. En cualquier caso en el Gobierno hay voluntad de poner el acelerador. Tanto la portavoz Isabel Rodríguez como la vicepresidenta Yolanda Díaz señalaron, tras la celebración del Consejo de Ministros de este martes, que es una "ley fundamental" para el Ejecutivo y se mostraron convencidas de que saldrá adelante cuanto antes. "Con carácter urgente", dijo Díaz que apostó por conseguir una regulación eficaz del precio de los alquileres.
El Gobierno ha marcado como prioritaria la ley ante la escalada de los precios de la vivienda agravada por la inflación y la subida de las hipotecas. Todas las encuestas señalan que se ha convertido junto al paro en el principal problema para los españoles. En los últimos barómetros del CIS se sitúa en la cabecera de las preocupaciones.
Los datos hacen saltar las alarmas. Según un estudio de la ONG Ayuda en Acción, los jóvenes españoles se emancipan casi a los 30 años de media, casi tres años y medio después que los europeos y el 46% de los que tienen entre 25 y 34 años todavía viven con sus padres, 10,6 puntos porcentuales más que en 2008. Un sondeo de 40dB para El País y la Cadena SER de este mismo lunes indicaba que las hipotecas y los alquileres absorben más del 30% de los ingresos de la mayoría de los españoles.
Las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos pero la ley estatal fijaría el marco regulatorio para poder tomar medidas. Los candidatos podrían vender ante sus electores si aplicarían o no las limitaciones de precios y facilitarían el acceso a la vivienda. Todos los partidos tendrán que retratarse y ahí se verán las diferencias. La presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso, ya ha dicho que no tiene intención de aplicarla. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, le ha recordado a Pedro Sánchez que "se comprometió" con ella "personalmente" aprobar una ley de vivienda que ponga límites a la especulación y le ha reclamado que cuando vuelva a Barcelona vaya con la ley aprobada.
El control de los precios es ahora mismo la principal discrepancia entre PSOE y Podemos y otros aliados como ERC y Bildu. Hay otros puntos en los que tampoco se ha cerrado un acuerdo definitivo como la regulación de las zonas tensionadas, la definición de grandes y pequeños tenedores de viviendas o la prohibición por ley de los desahucios.
La última oferta que hizo el ala socialista del Ejecutivo para facilitar el consenso fue elevar del 2% al 3% el límite a los alquileres de forma temporal durante 2024 hasta que se defina un nuevo índice en la ley. Ahora mismo el tope está fijado en el 2% durante todo este año dentro del paquete anticrisis para hacer frente a los efectos de la guerra de Ucrania. Podemos rechaza esa propuesta porque cree que es un retroceso plantearla tan solo para un año.
Podemos culpa al Ministerio de Economía de entorpecer los avances al negarse a regular los precios del alquiler. Desde el Ministerio de Transportes, el otro actor clave en la negociación, siempre se ha argumentado que la norma debe tener seguridad jurídica para que no haya ningún resquicio que permita a la oposición recurrirla ante los tribunales.
La ley por del derecho a la vivienda se aprobó en el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y ha sido foco de tensión permanente entre los socios del Gobierno. Llegó a condicionar el apoyo de Podemos a los presupuestos generales del Estado de 2021 y 2022. Ahora todos se ponen las pilas para aprobarla y exhibirla como una bandera de la izquierda en periodo electoral aunque nadie pone la mano en el fuego.