El Parlamento de Andalucía, en medio de una tensa polémica, ha aprobado este miércoles el trámite de lo que será ley para legalizar más cultivos de regadío en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva). Esta joya de la biodiversidad está en un punto crítico. Ha perdido más de la mitad de las lagunas por falta de lluvia y la sobreexplotación de su acuífero. Europa está vigilante y podría aplicar graves sanciones económicas a España.
A pesar del rechazo de la Comisión Europea y el Gobierno central, la Junta de Andalucía ha dado el primer paso para legalizar 800 hectareas de regadío, lo que ha generado un agitado debate. De hecho, se ha vivido un momento verdaderamente bronco entre la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, y Jesús Aguirre (PP-A), presidente del Parlamento andaluz, después de que la dirigente haya arrojado arena sobre el escaño de Juanma Moreno Bonilla, líder del Ejecutivo regional, queriendo simbolizar el desierto en el que se podría convertir Doñana.
Finalmente, la proposición de ley se ha aprobado con los votos de PP-A y Vox, pero esto no significa que esas hectáreas de regadío se vayan a legalizar de forma inminente, sino que hoy se ha dado el primer paso para que esa futura ley arranque su tramitación parlamentaria. En el Parlamento andaluz ha habido aplausos de quienes proponen la regularización y de quienes la esperan: diputados a favor y agricultores.
El momento de Maribel Mora con el escaño de Juanma Moreno, no obstante, ha despertado controversia. Pero no ha sido la única voz en contra de la proposición de ley. La ministra Teresa Ribera lamenta la intención de la Junta de Andalucía. El trámite de urgencia puede tener aprobada la ley en junio. El Gobierno central prevé recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. Esta misma tarde, el presidente Pedro Sánchez ha aprovechado un acto en Burgos para dejar claro su visión: "Doñana no se toca, es patrimonio de los andaluces y de todos los españoles".
El presidente del Gobierno ha aprovechado tambien para denunciar que el PP-A está actuando como si no existiera una emergencia climática. Afirma que el deber de todo responsable político es el de luchar contra el cambio climático. Lo aprobado en el Parlamento andaluz genera mucha controversia también entre los propios agricultores de la zona norte de Doñana. Por una parte están los que llevan años exigiendo que se recalifiquen sus terrenos y que sean considerados de regadío -el problema es que muchos de ellos se abastecen de pozos ilegales-. Por otro lado, están aquellos que sí que tienen agua y que denuncian que si se legalizan más terrenos para regadío no habrá agua suficiente para todos. Un conflicto que divide a los habitante de los cinco pueblos de esta zona, que basan toda su economía y su tejido laboral y empresarial en el cultivo de frutos rojos.